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Review / Juan Carlos ORENES RUIZ Libertad de información y proceso penal. Los límites Thomson Aranzadi, 2008
Resulta significativa la creciente atención que los medios de comunicación están dedicando en los últimos tiempos a la información judicial. Quizá sea lo propio de las sociedades democráticas que la labor de los jueces sea noticia, sobre todo cuando los ciudadanos muestran un interés creciente por la actuación de uno de los tres poderes clásicos del Estado: el Poder Judicial.

En La libertad de Información y Proceso Penal. Los Límites, obra que tiene su origen en la tesis doctoral de Juan Carlos Orenes, se abordan muchas de las cuestiones que se suscitan en torno al ejercicio de la libertad de información. Sobre todo cuando su objeto se centra en el proceso judicial penal y, por extensión, en aquellos sucesos que revisten relevancia penal.

Los conflictos que surgen son muchos y la forma de solucionarlos no resulta sencilla. Como señala el profesor Torres del Moral en el prólogo del libro “El Estado de Derecho ha de velar por que el sistema constitucional de garantías no sufra daño ni por un lado ni por otro: el edificio de la Justicia no puede ser opaco ni tener el techo cristalino”.

La primera parte del libro analiza las líneas maestras de la relación, siempre tensa, entre los medios de comunicación y el Poder Judicial. De este modo, se destaca el papel imprescindible que tiene la información periodística como medio insustituible para controlar la actividad jurisdiccional. En esos primeros tres capítulos se estudia también el modo en que el ejercicio de la libre información sobre el proceso judicial se ve marcado por la existencia del principio constitucional de publicidad de las actuaciones judiciales, deteniéndose en los problemas que plantea el acceso de los medios de comunicación a los actos judiciales. Finalmente, se advierte cómo el Poder Judicial, al tratar de superar su tradicional imagen de hermetismo, ha ido estableciendo nuevos cauces de información gracias a los gabinetes de comunicación.

La parte fundamental del estudio se dedica a la conflictiva y sabrosa cuestión de los límites de la labor periodística cuando se debe informar de un proceso penal. Así, la veracidad de la información adquiere relieve, puesto que la veracidad exigible al informador en el contraste de la noticia es máxima. Ahí el autor realiza un detallado análisis de la jurisprudencia constitucional relativa a los distintos criterios utilizados para comprobar la existencia de la diligencia exigible.

A continuación, se aborda el tradicional conflicto entre los derechos de la personalidad y la libertad de información, ya que las noticias sobre procesos judiciales son, por su propia naturaleza, potencialmente vulneradoras de distintos derechos fundamentales: honor, intimidad, propia imagen, presunción de inocencia. El libro trata de delimitar con precisión el contenido de los derechos en juego, con especial mención a la protección de los derechos de los menores de edad y de las víctimas de los delitos.

El capítulo séptimo aparece dedicado a los límites de carácter procesal, con especial atención al secreto de sumario. A la descripción de los problemas que plantea dicha institución, añade Orenes la crítica a la misma, en la medida que en que se muestra ineficaz para la consecución de los fines que está llamada a cumplir, por lo que se proponen determinadas medidas para dotar al secreto de sumario de una regulación más moderna y adecuada. El estudio se cierra con un capítulo referido al paradigma del inadecuado ejercicio del derecho de información en esta materia: el juicio paralelo, con referencia a los derechos y bienes jurídicos que se ven afectados por esta indeseable práctica.
La obra, en síntesis, conjuga el rigor jurídico con un sentido práctico de las cuestiones tratadas, pero sin olvidar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, así como de otros materiales prácticos (por ejemplo, los Acuerdos del Consejo General del Poder Judicial, Instrucciones de la Fiscalía General del Estado, códigos deontológicos o los criterios de actuación establecidos por Asociaciones de Prensa y Consejos Audiovisuales).

En definitiva, se trata de una obra que puede resultar interesante no sólo a juristas y periodistas, sino también a cualquier persona interesada en descubrir y entender los conflictos que se producen en la información sobre el proceso penal.

 

Ignacio URÍA
se.vanu@airu

 

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