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Calidad Revistas Científicas Españolas
Review / Mercedes MUÑOZ SALDAÑA El futuro jurídico de la televisión desde una perspectiva europea Marcial Pons, Madrid, 2006, 205 pp.

En 1982 el profesor González Navarro publicó Televisión pública y televisión privada, una monografía con la que, prácticamente, fue pionero en España de una línea de investigación en torno al concepto administrativista de servicio público aplicado a las emisiones y entes televisivos; en esta perspectiva seguirían, posteriormente, los estupendos trabajos de, entre otros, los profesores Chinchilla Marín (1988), Laguna de Paz (1994 y 2000), Gay Fuentes (1994), González Encinar (1996) y Abad Alcalá (1999).


El atractivo académico del tema, inspirado en buena medida por estos trabajos, junto con los cambios derivados de la liberalización del mercado televisivo en nuestro país y el constante e insostenible endeudamiento de RTVE, propiciaron a partir de 2000 una mayor profusión de estudios en esta misma línea; sin embargo, y pese a ciertas inevitables referencias y a algunas honrosas excepciones (González Encinar, por ejemplo), dichas investigaciones no profundizaban con suficiente hondura en el perfil que, desde el Derecho Comunitario (DC, en adelante), se dibuja para las televisiones públicas. Y de ahí que, como poco, la obra que aquí se reseña suponga un trabajo novedoso y necesario.


Es prácticamente imposible pretender intuir el futuro de las televisiones públicas europeas sin atender a su consideración jurídica comunitaria: en primer lugar, porque la propia Unión Europea (UE, en adelante) legitimó jurídicamente su existencia en 1997 mediante un Protocolo adicional al Tratado de Ámsterdam; en segundo lugar, porque, una vez definida la televisión como servicio público (por ejemplo, el caso español), parecería lógica la aplicación del DC en materia de servicios públicos y servicios de interés general; y en tercer lugar, porque de los casos de competencia presentados ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE, en adelante) se pueden extraer algunas conclusiones sobre las líneas a seguir en una hipotética regulación europea.


Y es desde estas premisas y la vinculación de los servicios televisivos públicos con el derecho a la información, desde donde la autora construye un trabajo que sobrepasa con creces lo exigible a toda monografía de debut que quiera ser calificada como una buena obra.


El futuro jurídico de la televisión desde una perspectiva europea se estructura en cinco capítulos que introducen, desarrollan y cierran el tema planteado; de ellos, el primero y el último, por su dimensión y tratamiento, bien podrían haberse reducido a la categoría de introducción y conclusiones, al presentar, respectivamente, los ejes de desarrollo del trabajo y sintetizar las principales conclusiones y propuestas de la autora; pues, de hecho, los otros tres capítulos poseen suficiente entidad y calidad como para constituirse en los tres capítulos únicos de la obra. Así, en los números 2, 3 y 4, se abordan, desde una perspectiva netamente jurídica, la naturaleza del servicio televisivo, la naturaleza de los servicios de interés económico general y, finalmente, el desarrollo legal y jurisprudencial comunitario aplicable a la televisión como uno de los citados servicios.


El recorrido investigador que realiza la autora, y que expone en este libro, es coherente y completo; partiendo de la consideración de la naturaleza jurídica de la televisión, de la naturaleza jurídica de los servicios públicos, y del concepto comunitario de servicios de interés general –preferiblemente usado por el DC frente al de servicio público–, se profundiza en: la vinculación existente entre el ejercicio del derecho a la información y los servicios televisivos –la televisión– como instrumento indispensable para su ejercicio (no puedo dejar de hacer constar en este punto la idea de la actual transformación de las tradicionales funciones de la televisión en una sola, la generación de beneficios a través del entretenimiento, que indudablemente cuestiona la vinculación antes citada); el concepto comunitario de servicios económicos de interés general, así como sus similitudes y diferencias con el entendimiento comunitario del concepto de servicio público; y, por último, las consecuencias que se derivan, a partir del DC y de la jurisprudencia del TJCE, de la aplicación de ambos conceptos al medio televisivo.


Especialmente intensos y meritorios son los capítulos 3 y 4 de la obra, sin duda por el hecho de constituir su temática la clave de todo el asunto; si el trabajo de investigación jurídica resulta con frecuencia árido –conceptos técnico-jurídicos, jurisprudencias extensas de las que a veces apenas se obtienen frutos, lagunas legales que llevan a veces a dar por irresoluto un asunto–, la fatiga investigadora se agrava cuando la capacidad observadora y conclusiva del autor es el único elemento explícito con el que se cuenta: en este caso, y en el ámbito de la televisión pública, el DC opta prácticamente por el no pronunciamiento directo, dejando a la soberanía de los Estados miembros su configuración; lo que significa que, cualquier intento de encontrar luces en los diferentes textos comunitarios sobre la cuestión, responderá más a lo que el autor intuye, observa y concluye –a partir de datos indirectos–, que a lo que las propias instituciones dicen.


De ahí la relevancia del exhaustivo trabajo de ambos capítulos: en el primer caso, porque la UE viene planteando desde los años noventa el uso del concepto de servicios económicos de interés general, para referirse a una “realidad más amplia que la de los servicios públicos tradicionales” (p. 63), aplicable, por ejemplo, a los servicios de telefonía, luz, agua, gas, etc., y que “pueden ser de titularidad pública o privada”; además, porque la línea divisoria entre las ideas de servicio de interés general, servicio económico de interés general, servicio universal y servicio público, requiere hilar fino en su apreciación; y en el segundo caso, porque la posibilidad de encuadrar los servicios públicos de radiodifusión televisiva en dicho concepto, no puede hacerse sin tener en cuenta el cariz comercial o no de algunos de estos servicios, su régimen de titularidad (recordemos que en España, toda la televisión se define, en general, como servicio público de titularidad estatal) o su financiación. Y para ello, no existe otra herramienta en la investigación iusinformativa que la revisión de los textos pertinentes del DC en la materia, así como de toda la jurisprudencia del TJCE que haya abordado las cuestiones de la competencia televisiva y del propio concepto de servicio de interés general, esté o no referido el caso concreto a la televisión. A partir de ahí, se trata de construir un discurso jurídico posible y legítimo, en el que las pistas ofrecidas por textos y jurisprudencia, se transformen en evidencias para el caso de estudio.


Y aunque las conclusiones de la autora resulten, en general, positivas –el texto posee tal pertinencia y coherencia de principio a fin, que se asemeja a un cómodo recorrido de ida y vuelta–, se entrevén en ellas algunos de los principales obstáculos para la aplicación del concepto: “la aceptación por parte de las autoridades estatales de redefinir jurídicamente esos servicios bajo el marco previsto por el Derecho Comunitario” (p. 185), junto con las obligaciones que se pueden derivar para los operadores comerciales de la calificación genérica de la televisión como servicio de interés general.


En definitiva, El futuro jurídico de la televisión desde una perspectiva europea abre una nueva vía de investigación académica en el ámbito de la televisión pública –sin duda, el paso necesario e inmediato en las monografías sobre el tema–, y lo hace con tal solvencia que, con permiso, me atrevo a calificarla ya como bibliografía de referencia en la materia.

 

Julián RODRÍGUEZ PARDO
se.oohay@odrapzeugirdornailuj

 

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