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Calidad Revistas Científicas Españolas
Review / Emmanuel Derieux Droit des médias. Droit français, européen et international. Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, Paris,2010,1146 pp.

La obra que en este momento comentamos es el resultado de la larga dedicación que el profesor Emmanuel Derieux (de la Universidad Panthéon-Assas, Paris 2) ha dedicado al estudio, reflexión, exposición y crítica de esta rama singular del Derecho que es el Derecho de los medios de comunicación. El libro cuenta con la colaboración de Agnés Granchet, maître de conférences en esa misma universidad.


 


El trabajo se estructura formalmente en cinco partes, que tratan, respectivamente, del derecho económico de los medios de comunicación (I), del estatuto jurídico de los profesionales (II), del régimen de responsabilidad por los contenidos difundidos (III), del derecho de autor y los derechos vecinos (IV) y, por último, del derecho europeo e internacional de los medios (V). En realidad, la estructura es bastante más completa, pues la obra cuenta, al principio, con una interesantísima introducción sobre la propia disciplina científica y un capítulo preliminar sobre los principios del Derecho de los medios de comunicación, y, al final, con una especie de epílogo conclusivo a modo de continuará (à suivre…), expresión verbal que cualquier interesado en la materia deseará que se cumpla, al observar el rigor académico, la precisión expositiva y la amplitud temática de la obra .


 


Comienza el libro con una afirmación polémica del autor: “le droit des médias «ça n´existe pas»”. Es el punto de partida de una reflexión sobre el alcance dogmático de una disciplina jurídica que, aunque aparece en los planes de enseñanza universitaria de distintas titulaciones, recibe una denominación variable en el tiempo y en el espacio: Derecho de la prensa, Derecho de la información, Derecho de la comunicación, Derecho de los medios, etc. Esta variedad nominal es manifestación, en parte, del estado mismo de la disciplina y de la dificultad de aprehender su objeto, a diferencia de lo que sucede con otras ramas jurídicas de mayor tradición y arraigo. Si estamos hablando de un Derecho de los medios de comunicación, habrá que definir, en primer lugar, qué son los medios para el derecho y, en este punto, empiezan a aparecer las dificultades (que el propio autor señala). Se identifican como medios todas aquellas actividades que, por medio del escrito, la palabra, la imagen, el sonido o cualquier otra forma de signos, contribuyen por cualquier vector o soporte, a dar a conocer públicamente hechos, datos, ideas, conocimientos, sentimientos, opiniones, etc. La publicación (en sentido amplio) es, para el autor, el elemento fundamental para determinar el ámbito de aplicación de esta parcela del derecho. Lo que sucede es que la determinación de lo que sea o no publicación no es pacífica, y así nos lo muestran los debates que en los últimos años se plantean en la disciplina ¿Pertenecen a un ámbito público o privado las comunicaciones que se efectúan a través de las redes sociales?¿Y el intercambio de ficheros P2P podemos conceptuarlo como actividad privada o se trata de un modelo de comunicación pública?¿Qué sucede con las afirmaciones que se expresan en foros privados o en los chats? La dificultad existente a la hora de delimitar el ámbito de aplicación de esta rama del derecho también se deriva de la propia evolución del concepto “medio de comunicación”, concepto que, de alguna manera, ha saltado por los aires en los últimos tiempos. Si hasta hace un par de décadas, aproximadamente, identificar lo que podríamos definir como medios de comunicación de masas resultaba sencillo (la prensa escrita, las agencias, la radio, la televisión en sus distintas modalidades, etc.), lo cierto es que, hoy en día, lo que sea un medio de comunicación es algo complicado de precisar. Y no sólo por el desarrollo de internet y de las nuevas modalidades de comunicación móvil de carácter digital, sino por las consecuencias que ese desarrollo tecnológico plantea a la hora, por ejemplo, de definir qué es periodismo, quién es un profesional de la información y qué garantías deben de tener quienes ejercen esta actividad de manera autónoma (a veces, incluso, lucrativamente) frente a quienes trabajan en medios estructurados a la manera tradicional. En los debates sobre la titularidad del derecho a proteger las fuentes informativas o sobre los límites para la captación de imágenes de personas en la vía pública para su posterior difusión, por ejemplo, no se debe obviar que muchas de esas conductas se realizan, hoy en día, por sujetos “no profesionales”, pero cuyo modo de actuación y objetivos comunicativos pueden ser, en gran medida, idénticos a los de determinados profesionales.


 


De ahí que, como señala el profesor Derieux, cuando hablemos del Derecho de los medios estemos, en gran medida en un derecho aún en construcción, a la búsqueda de sus fundamentos y principios estructurantes (más allá de lo que se derive de la confluencia de otras ramas del Derecho presentes en este ámbito: el Derecho penal, el civil, el procesal, etc.). Es cierto que nos hallamos en un sector de la realidad en el que la reglamentación es abundante (baste pensar en la normativa audiovisual o de propiedad intelectual existente), pero lo que falta es una estructura unitaria de la disciplina que le dote de coherencia y unidad, y que se base en unos principios informadores propios que sirvan para solventar lagunas, anomias, contradicciones, que frecuentemente aparecen en los textos escritos (por eso es tan difícil, en ocasiones, predeterminar lo que es legal e ilegal en este ámbito jurídico). A la ausencia de un sistema normativo de codificación (en la línea que la tradición jurídica francesa sigue en otros sectores del ordenamiento) achaca el autor gran parte del déficit de construcción de esta rama del Derecho, aunque esto sea más difícil de apreciar desde otros ordenamientos no tan apegados al régimen codificador.


 


Estas dificultades no impiden, sin embargo, profundizar en una posible determinación de los principios básicos del Derecho de los medios. Y estos principios se hallan, tanto desde el punto de vista interno del ordenamiento francés como desde la perspectiva del derecho internacional y comunitario, en los elementos que configuran dos derechos fundamentales básicos de la persona: la libertad de expresión y el derecho a la información. Estos dos derechos constituyen la clave de bóveda de la disciplina y es en torno a ellos, a los textos normativos que los reconocen y limitan, a su aplicación jurisprudencial en las diversas instancias (internas e internacionales) e, incluso, a su desarrollo a través de instrumentos de soft law (informes, recomendaciones y resoluciones internacionales, códigos de autoregulación, etc.), como se debe construir el edificio del Derecho de los medios. Aunque también es cierto que algunos otros principios pugnan por situarse a un nivel similar de importancia (la libertad económica de los medios e, incluso, el pluralismo informativo), planteando, en ocasiones, perspectivas diferentes e incluso contradictorias a la hora de resolver los problemas (porque, como reiteradamente se indica en la obra, el liberalismo económico aplicado a los medios no garantiza por sí solo ni la libertad de expresión, ni el derecho a la información).


 


Tras esta exposición de ámbito general, en la primera parte del libro se aborda el derecho económico de los medios de comunicación, lo que en otras ocasiones se ha llamado el estatuto jurídico de las empresas comunicativas. Se desarrolla así el régimen jurídico de la empresas y agencias de prensa (incluyendo el régimen específico de France Presse), en sus distintas modalidades (transparencia, independencia, distribución, ayudas estatales, fiscalidad, controles previos a la difusión); el régimen de los medios audiovisuales públicos y privados, de sus contenidos y de sus instituciones de tutela (fundamentalmente, el Conseil Supérieur de l´Audiovisuel); la regulación de la llamada comunicación pública en línea (internet); el régimen de la cinematografía (exhibición, producción, ayudas, etc.), del libro, de la publicidad y de los archivos (públicos y privados). Muestra de la dificultad de acotar el objeto de la disciplina, es que aparecen también desarrollados en este capítulo el régimen, no de determinados medios de comunicación, sino de ciertos tipos de actividades informativas o comunicativas, en concreto, la regulación de la comunicación política (dentro y fuera de las campañas electorales) y de la información administrativa (acceso a documentos administrativos y reutilización de la información pública).


 


El derecho de los profesionales es analizado en la segunda parte de la obra. Se abordan aquí temas tales como la definición jurídica de periodista, las condiciones materiales y morales del ejercicio de la profesión (de notable interés, sobre todo a partir de que se haya dictado en Francia la nueva Ley de 4 de enero de 2010, sobre protección del secreto de las fuentes de los periodistas), y las posibles causas de ruptura contractual con la empresa (en especial, como consecuencia de la cláusula de conciencia).


 


Bajo el epígrafe de derecho de la responsabilidad (tercera parte), se desarrollan todas las cuestiones que tienen que ver con los contenidos o mensajes informativos. Se aborda esta temática desde la perspectiva de los posibles límites que recaen sobre el ejercicio de la libertad de expresión y del derecho a la información y las eventuales responsabilidades (penales, civiles, administrativas, etc.) que se infieren de la transgresión de esos límites. Tras establecer los elementos básicos del régimen de responsabilidad, se exponen temas nucleares de la disciplina: la difamación, la injuria, el discurso racista, el negacionismo, el sexismo, la provocación y apología del delito, la provocación al suicidio, la vulneración de la vida privada y del derecho a la imagen, la protección de los menores, la vulneración del secreto sumarial y de la presunción de inocencia o las infracciones publicitarias. Aunque no siempre supongan la contracción de algún tipo de responsabilidad, por la conexión con estos temas, se incluyen también en este ámbito el régimen del derecho de réplica y rectificación  y la regulación de la información policial y judicial.


 


La parte cuarta del libro se destina a exponer el sistema francés de protección del derecho de autor (obras y autores protegidos, el derecho moral de autor, el derecho patrimonial de autor, la prevención y reparación de los atentados a estos derechos, el régimen de los llamados derechos vecinos). Resulta de particular interés y actualidad la exposición relativa al derecho de autor de los periodistas, pues la Ley Hadopi (Haute autorité por la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur intenet), de 12 de junio de 2009, ha introducido una nueva sección en el Código de la Propiedad Intelectual relativa al derecho de explotación de las obras periodísticas de la prensa escrita para su difusión a través de la red (que beneficia, en lo fundamental, a las empresas, permitiendo a los periodistas, en ciertos casos, recibir a cambio una remuneración complementaria a título de compensación).


 


En el apartado relativo al derecho europeo e internacional de los medios (parte quinta), el autor proyecta el mismo orden expositivo general de la obra. Hay que tener en cuenta que, como sucede en otras parcelas jurídicas, el Derecho de los medios de comunicación se halla en un proceso de cierta uniformización internacional, armonización que es mucho más intensa aún en el ámbito europeo. De esta forma, se exponen: a) las características y principios de estos ordenamientos (incidiendo de una manera singular en los efectos derivados del principio económico liberal en la actividad de los medios); b) el derecho económico, aunque se diferencia nítidamente el ámbito internacional (con las especificidades derivadas de la intervención de los acuerdos de 1994 de la Organización Mundial de Comercio y del Convenio de la UNESCO sobre diversidad cultural de 2005), del europeo (en el que la perspectiva mediática se trata, en lo fundamental, desde el punto de vista de la libertad de empresa y de la libre circulación de bienes y servicios); c) el derecho de los profesionales (centrado exclusivamente en dos aspectos: la protección de las fuentes informativas y la protección de los profesionales en misiones peligrosas); d) el derecho de la responsabilidad, en el que se incluye un acertado tratamiento -algo que suele ignorarse en numerosos manuales y tratados de la disciplina- sobre el régimen internacional de ley aplicable y jurisdicción competente, lo que resulta totalmente necesario dada la globalización de la actividad de los medios, analizando a continuación tanto los textos internacionales y europeos en los que se fija esa responsabilidad como la fundamental jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos; y e) las referencias normativas internacionales y europeas sobre propiedad intelectual.


 


En definitiva, nos encontramos ante una obra que constituye una notable referencia para todos los estudiosos del Derecho de los medios de comunicación (y no sólo para ellos, sino también para los profesionales de la información y académicos de disciplinas afines). En el caso español, además de las implicaciones directas de la normativa internacional y europea (en gran medida, aplicables de la misma manera que en el país vecino), la exposición del ordenamiento francés de los medios de comunicación constituye un elemento de primer orden a la hora de reflexionar y valorar las cuestiones pendientes de resolver en nuestro ordenamiento. Si en la introducción a la obra el autor mencionaba las dificultades, incertidumbres e insuficiencias para construir un  Derecho de los medios de comunicación, ha de resaltarse que la publicación de este libro, de alguna manera, compensa las carencias achacables al legislador y a los operadores jurídicos y constituye un magnífico instrumento para el estudio, la reflexión y la crítica de esa disciplina.

 

Iñigo LAZCANO BROTÓNS

 

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