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Comunicación y Sociedad Universidad de Navarra | Facultad de Comunicación
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Calidad Revistas Científicas Españolas
VOL.
3(1 y 2)/
1990
Author / Carlos BARRERA Universidad de Navarra
Article /
Contents /

Sistemas políticos e información /

A lo largo de la historia contemporánea, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, el quehacer de los medios informativos ha estado siempre más o menos influido o condicionado, en su funcionamiento, por la naturaleza del régimen político en el que desarrollaban su actuación. Existe un gran abismo entre el libre juego de la opinión que se establece y practica en los sistemas democráticos, y el control generalmente férreo que ejercen sobre la información y su entorno los sistemas totalitarios. No es lo mismo el servicio a la sociedad, desde posiciones distintas e incluso encontradas, que caracteriza a los medios insertos en un régimen democrático, que el servicio al Estado, políticamente monopolizado, habitual en las dictaduras de corte totalitario.

En España, la prensa estuvo sometida a un control, casi sin fisuras, del Estado franquista hasta la promulgación de la Ley de Prensa e Imprenta en la primavera de 1966, La previa censura, el sistema de consignas, el control del acceso a la profesión y de las empresas periodísticas, por medios directos e indirectos, configuraron una prensa "dirigida" y adicta, con muy escaso margen para la discrepancia. Una ley dictada en plena guerra civil – 1938 – continuó vigente durante 28 años en tiempo de paz, porque era indudablemente cómoda para gobernar, y además porque, en cierto modo, se alentaba oficialmente al país a mantenerse en pie de guerra contra los enemigos.

 Pero el estilo y los contenidos de la ley de 1938, explicables en el fragor de la contienda e incluso en el contexto de unos anos cuarenta de frecuentes veleidades totalitaristas en las filas de la Falange, carecían de sentido en unos anos – últimos cincuenta y primeros sesenta – en que la normalización y el desarrollo económico y social fueron configurando poco a poco una nueva realidad interna. Una ley de tan marcados tintes totalitarios desentonaba; y además, el mismo régimen de Franco había experimentado una cierta suavización de formas y métodos desde la derrota alemana de 1945, y procuraba proporcionar al exterior una imagen menos impregnada de elementos o aspectos que recordasen a los vencidos en la guerra mundial.

Pasada la "tentación fascista" [1] de los primeros tiempos, España fue caminando hacia la construcción de un Estado que, por diversas causas derivadas sobre todo de su origen y su funcionamiento interno, no podía ser adjetivado como totalitario y sí, sin embargo, como autoritario [2] . El ámbito concreto de los medios de información no terminó de experimentar su liberalización hasta 1966. Aunque el artículo 12 del Fuero de los Españoles declarara en 1945 que "todo español podrá expresar libremente sus ideas mientras no atenten a los principios fundamentales del Estado", la vigencia de la ley de 1938 hacía imposible que este derecho pudiera realmente ejercerse. Añádase a ello la gestión, nada proclive a una posible apertura, del ministro de Información y Turismo Gabriel Arias Salgado entre 1951 y 1962.

Así pues, la Ley de Prensa de 1966, impulsada por el nuevo ministro Manuel Fraga, supuso un intento de introducir mayores márgenes de libertad en el campo de la información y de la opinión escritas, márgenes cuyos límites quedaban en exceso imprecisos, vagos, al arbitrio de la interpretación interesada de la Administración. Se proclamaban las libertades de expresión y de empresa con el fin de que "las aspiraciones de todos los grupos sociales, alrededor de los cuales gira la convivencia nacional" [3] , pudiesen ser canalizadas públicamente. Pero asimismo se establecían métodos de control suficientes para evitar posibles abusos. "No seamos demasiado buenas personas... – cuenta Fraga que le comentó Franco –. Utilicemos, como todos, los medios indirectos de control" [4] .

Nos encontramos así con una etapa, la que va desde 1966 a 1975, cuyo análisis, en lo que respecta al campo de la prensa, cobra un interés especial: observar la capacidad de asimilación, por parte de regímenes de tipo autoritario, de las tradicionalmente llamadas libertades públicas. Y en este sentido, la libertad de prensa constituye una valiosa piedra de toque para comprobar la veracidad, la sinceridad de fondo de las liberalizaciones operadas desde dentro de un régimen de autoridad.

Nada mejor para esta labor que el estudio documentado de las vicisitudes que hubo de atravesar un diario de la capital que pretendió usar en toda su extensión, con todas sus consecuencias, esa libertad que proclamaba teóricamente la Ley Fraga. Se trata del vespertino Madrid, cuya trayectoria quedó truncada el 25 de noviembre de 1971 cuando el Gobierno ordenó su cierre definitivo.

Espíritu, letra y aplicación de las leyes de prensa /

Conviene, no obstante, detenerse antes brevemente en algunas consideraciones acerca de la naturaleza y el funcionamiento de las leyes de prensa, para así calibrar mejor sus distintos aspectos. De cara a comprender su dinámica distinguimos fundamentalmente tres elementos: el espíritu con que fueron redactadas, las concretas normas legales que contienen, y la aplicación que los gobernantes de turno hacen de los preceptos de la ley, interpretándolos o usándolos de un modo u otro. Estos tres elementos conforman lo que podemos denominar como marco legal de la prensa. Se percibe enseguida que éste no resulta aséptico o frío, ya que no debe contemplarse desde un punto de vista meramente técnico-jurídico, estático, sino desde una perspectiva abierta, esto es, de interrelación con el contexto sociopolítico de la época, al que está unido o en el que encuentra justificación.

No son, pues, las leyes sobre prensa un fin en sí mismas; más bien pretenden servir de instrumento para los intereses, fundamentalmente políticos, de una situación. En nuestro caso, y centrándonos en la evolución de la dictadura franquista, se observa que la ley de prensa de 1938 respondía, como ya ha sido dicho, a una situación bélica real que la justificaba, y que se consideró, por comodidad y en cierta parte también por convicción, prorrogable dado el acoso exterior que sufrió el país. A la población se le intentó sensibilizar, a lo largo de muchos anos, de que los enemigos de España – el comunismo, la masonería, el liberalismo y los partidos políticos – estaban al acecho, y por lo tanto, debía mantenerse un estado de guerra latente contra ellos. Recuérdese que hasta el primero de abril de 1969 no se decretó la prescripción de las responsabilidades penales nacidas de la guerra civil, y que Fraga, como portavoz del Gobierno, comentó a los periodistas que ese día había terminado la guerra a todos los efectos.

En este contexto ideológico y político, en el que el recuerdo del conflicto bélico civil y del caos de la II República pretendía mantenerse vivo en la conciencia y el ánimo de todos los españoles, no cabía una prensa libre y plural, cuya existencia anterior se consideraba había contribuido a la destrucción del país por su actuación sectaria. El espíritu que animó la ley del 38 era, pues, declaradamente belicista, opuesto a la idea de la prensa como "cuarto poder", y resumible con estas expresivas palabras de su preámbulo: "no podía admitirse que el periodismo continuara viviendo al margen del Estado" [5] . Sus preceptos, claros y terminantes, respondían a este planteamiento de la prensa como servicio público. El control que se estableció sobre ella, si bien fue persistente y férreo, tuvo distintos grados: desde el más sistemático llevado a cabo entre 1939 y 1945 hasta etapas de una mayor suavización, entendida ésta dentro de la dureza general.

Un punto de inflexión hacia una nueva concepción oficial sobre la prensa lo supuso la llegada al Ministerio de Información y Turismo, en 1962, de Manuel Fraga. Sus propósitos liberalizadores en esta materia los intentó llevar a buen puerto a través de dos vías complementarias: la aplicación benévola de la aún vigente ley del 38, y la elaboración de una nueva ley que sustituyera, por anticuada y desfasada, a la anterior. La nueva sociedad que se estaba gestando en España necesitaba nuevos y algo más abiertos cauces de opinión. No actuó entre 1962 y 1966 tan férreamente la censura, disminuyó ostensiblemente el número de consignas y fueron autorizadas algunas publicaciones periódicas significativas: Cuadernos para el Diálogo, Revista de Occidente, Atlántida, Gaceta Universitaria y el diario Tele-Exprés de Barcelona. Se trataba de ir creando, a base de hechos, un nuevo clima, para evitar que la ley en preparación significase una excesiva ruptura con la situación anterior.  Hubo, sin embargo, otros hechos que parecían contradecir este espíritu [6] . Eran los inicios de una liberalizacion “dirigida”.

Así como el preámbulo de la ley de 1938 resultaba revelador – en su estilo y en su doctrina – del espíritu del que estaba impregnada, lo mismo cabe decir del que presentaba la ley de 1966. Un estilo más pragmático, propio de la época, servía de ropaje a unas ideas con apariencia liberal y presentadas, no obstante – a modo de concesión a los menos proclives a ellas –, como cumplimiento de "los postulados y las directrices del Movimiento Nacional [7] , Hubo que vencer, ciertamente, resistencias que personalidades o sectores de la política franquista oponían por no comprender la necesidad de la apertura informativa. Y ello tanto antes como después de la promulgación de la ley. Fraga, en sus memorias, ha dejado escritos muchos de estos intentos o presiones involucionistas. Fue una reforma aceptada a regañadientes y sin entusiasmo dentro del establishment político. El mismo Franco declaraba en 1969 a Arriba que la Ley de Prensa promulgada tres anos antes venía a "representar un mal menor dentro de la anarquía que en el mundo reina en este orden" [8] .

Otra diferencia, importante, que presentaba la nueva ley con respecto a la anterior, era la de su mayor cantidad de artículos (69 frente a 23) y su mayor ambigüedad. Provenía ésta de la pretensión de conciliar la proclamada libertad de expresión escrita con el mantenimiento del control efectivo sobre la prensa a través de distintos medios. Desaparecieron, sí, la censura y las consignas, pero el artículo 2 (curiosamente titulado "Extensión del derecho") establecía unas vagas y genéricas limitaciones del derecho a la libre expresión, que determinaban una auténtica autocensura por parte del propio periódico si no quería acudir a la seguridad de la consulta voluntaria. Además, el obligado depósito previo que establecía el artículo 12 permitía al Ministerio ejercer una auténtica censura previa y la posibilidad del secuestro de la edición.

También en el ámbito empresarial la Administración se reservaba ciertos derechos que, de hecho, venían a anular la proclamada en el preámbulo libertad de empresa. El Registro de Empresas Periodísticas, creado por la Ley, se convirtió en un arma por la que se ponía en manos del Ministerio la facultad de denegar la inscripción de una empresa en el Registro, o incluso de cancelar la vigente en determinados casos. Así murió precisamente el diario Madrid. La figura del director de periódicos, sobre quien recaían importantes responsabilidades en los casos de infracción de la ley, fue otro medio de presión al alcance de la Administración [9] .

Junto a estos medios legales coexistieron otros que consagró la práctica cotidiana: llamadas desde el Ministerio, consultas telefónicas o personales, conversaciones, ruegos, amenazas, presiones vía director o vía empresa, etc. Todo ello creó un clima de inseguridad en las relaciones prensa-poder político, en las que lógicamente la primera llevaba las de perder. Se consiguió, no obstante, con el transcurso de los anos, ampliar de forma progresiva los márgenes de libertad informativa y de opinión, que asimismo variaban dependiendo de factores como el contexto político general o la política sectorial propia de cada ministro de Información.

La operación política y periodística del diario Madrid /

Tres fueron los hombres clave de lo que podemos llamar la "operación Madrid", iniciada en 1966: el banquero catalán Luis Valls, el catedrático valenciano Rafael Calvo Serer y el también catedrático y periodista Antonio Fontán. El primero puso el instrumento: fue uno de los principales promotores – si no el mayor – de la creación de FACES (Fomento de Actividades Culturales, Económicas y Sociales) en 1961 y de la inmediata compra del Madrid por dicha sociedad en 1962. Con su apoyo, y pese a las reticencias de un sector falangista de accionistas de FACES, Rafael Calvo llegó a la presidencia del Consejo de Administración del diario en julio de 1966, lo cual le permitió orientar ideológicamente Madrid desde septiembre. Fontán fue designado director del periódico en abril de 1967, y su entrada al frente de la redacción consiguió la necesaria armonización y equilibrio entre las secciones de opinión y las informativas.

Se convirtió así Madrid, al amparo de la recién estrenada Ley de Prensa e Imprenta, en una operación política y periodística cuyos fines consistían en la reforma, dentro de la legalidad, de la vida española y de las instituciones del régimen en sentido democrático y de mayor participación popular; todo ello a través de un órgano de prensa que fuese, a la vez, tribuna política y muestra de las realidades nacionales, teñidos ambos aspectos de un concreto afán de independencia como actitud de fondo. A estas notas de reformista e independiente cabía añadirle la de monárquico: no en vano Calvo y Fontán pertenecían, como algunos otros hombres de FACES o amigos del periódico, al Consejo Privado del Conde de Barcelona; y si bien Madrid antepuso como objetivo prioritario, que sirviera además como lugar de convergencia de muchas gentes en torno al diario, la implantación de libertades públicas y de un sistema más representativo y democrático, contaba en las soluciones políticas que propugnaba con la monarquía de Don Juan.

Entre septiembre y diciembre de 1966 definió, con bastante claridad, su posición ideológico-política dentro de la vida pública española, aprovechando el debate constitucional abierto a propósito de la inminente Ley Orgánica el Estado. En síntesis, preconizaba el reconocimiento del pluralismo político que, de hecho, existía en el país, para lo cual suponía un obstáculo la constitucionalización del Movimiento como organización. El punto de partida para esta tarea debía radicar en la lectura abierta y progresiva de las leyes vigentes. Estas ideas, vertidas a través de densos editoriales, hicieron converger alrededor de Madrid a personas procedentes de distintos sectores políticos y profesionales, y unidos por una actitud espiritual moderna, un modo de ver las realidades del país coincidente en lo esencial con lo que se dio en llamar la "nueva conciencia" democratizadora y europeísta de la generación que no hizo la guerra. Era una mentalidad más abierta y consciente de las mutaciones sociales, culturales y económicas que estaba sufriendo España. Todos ellos – hasta cerca de 200 llegaron a escribir en la página 3 de opinión – vieron en esta nueva voz aparecida en el panorama periodístico una esperanza de renovación de la vida nacional.

En el plano informativo, la incorporación al periódico de nuevos redactores, jóvenes por lo general y con formación universitaria muchos de ellos, contribuyó a completar el proyecto del Madrid independiente. Bajo la dirección de Antonio Fontán, el vespertino de FACES fue logrando progresivamente su coherencia como proyecto global, basada en un tratamiento no convencional de la información. Lejos de la durante lustros habitual adulación al régimen, adoptaron los periodistas de Madrid un tono y un lenguaje diferenciales, e intentaron – en la medida en que los evidentes condicionamientos políticos lo hacían posible – reseñar lo que otros diarios no reseñaban, especialmente en los ámbitos laboral y universitario.

Como consecuencia de todos estos planteamientos surgieron inevitablemente los conflictos con las altas instancias políticas. Tras la esperanza aperturista que en 1966 parecían significar la Ley Orgánica del Estado y la nueva Ley de Prensa, los anos posteriores presenciaron el triunfo del continuismo político. A él contribuyeron de forma importante los sectores falangistas y sindicalistas dirigidos por Solís, que reaccionaron ante la pérdida de protagonismo político que una aplicación abierta de la Ley Orgánica del Estado podía ocasionarles. Defendían ellos la tesis del Movimiento-organización, entendiendo como tal su estructuración orgánica como un cuerpo real, vertebrador de la vida política nacional y único órgano legal de asociación política. Se enfrentaban así a la concepción del Movimiento-comunión, defendida por sectores recelosos del monopolio político que falangistas y sindicalistas ejercían en su seno, y que hacía hincapié en lo que el Movimiento significaba de unión espiritual de los españoles en torno a los principios que dieron vida al régimen.

Mas aunque fuera el falangismo regencialista y sindicalista el más radical enemigo de Madrid – y así lo mostraron los continuos ataques de Pueblo, Arriba y la prensa del Movimiento – también vieron con malos ojos las exigencias reformistas del periódico los impulsores de dos proyectos reformistas distintos en el seno del Gobierno: Fraga y López Rodó. El ritmo y el talante que Madrid deseaba imponer a las reformas era muy otro que el de ambos ministros, condicionados por su sujeción última al Jefe del Estado. El enfrentamiento más directo se registró con Fraga, por concurrir en él la condición de ministro de Información y Turismo y tener así mayor capacidad fáctica de frenar al periódico. A modo de resumen ilustran esta situación las siguientes palabras de un documento interno de Madrid:

"Las tensiones con el Gobierno nacen del contraste entre dos interpretaciones de orden práctico de la legalidad vigente en cuestiones políticas generales y en materia de prensa: la que, de hecho, se sostiene desde el poder y la representada por el periódico" [10] .

Ciertamente los objetivos del periódico diferían radicalmente de los que se proponían los gobiernos de Franco entre 1966 y 1971. En otro escrito interno se definía la posición de Madrid como "moderna y democrática, independiente del Gobierno, crítica de las falsas soluciones y los falsos planteamientos del Régimen, claramente discrepante por razones morales y políticas" [11] . Las discrepancias eran, pues, de fondo, ya que, en palabras de Fontán, "los principios de filosofía política que Madrid propugna no son ciertamente los que inspiran el actual ordenamiento constitucional de España y se realizan en él bajo los esquemas autoritarios y paternalistas del régimen mediante las fórmulas de la llamada democracia orgánica" [12] . En definitiva, la efectiva independencia del diario resultaba molesta por las iniciativas políticas o informativas que podía tomar y de hecho tomaba. Recordemos, a modo de ejemplo, su no apoyo a la Ley Orgánica del Estado, su propuesta de que el príncipe Juan Carlos no fuera designado sucesor a título de Rey sino de Regente, o su frialdad y sobriedad informativa durante los tensos días del proceso de Burgos.

El ministro Fraga y la aplicación de su Ley: temas prohibidos /

Desde el otoño de 1966 Madrid mostró su empeño de moverse dentro de la legalidad vigente, es decir, en el respeto a las Leyes Fundamentales que a modo de Constitución regían el país, y en la observación de los preceptos de la reciente Ley de Prensa. Dados los principios de actuación política que le animaban y las acciones concretas que desarrolló, la legalidad de la postura de Madrid fue normalmente una cuestión discutida en la opinión pública. El diario pretendía aprovechar la ambigüedad o excesiva generalidad de ciertos principios políticos del Estado franquista, que permitían interpretaciones prácticas no coincidentes. La lectura progresiva que de la legalidad realizó Madrid en su afán reformista evolutivo chocó a menudo con las que efectuaban sectores más continuistas o personajes ligados al Gobierno.

Notoriamente quedó reflejado este conflicto en las opiniones vertidas acerca de la Ley Orgánica del Estado. Con la intención de señalar el cambio de rumbo que debía suponer, Madrid interpretaba su promulgación como el cierre de un período en la historia de España, "al mismo tiempo que se abre otro cuya plenitud corresponderá a las nuevas generaciones, que no conocieron las tristezas, dolores y esperanzas en que se gestaba una España joven, social, democrática, europea" [13] . Pueblo, sin embargo, destacó que constituía "la mayor prueba de la continuidad esencial, la de la paz y la convivencia: que la España de 1966 es la misma España de 1947 en la compacta vinculación en torno al hombre que desde hace treinta anos simboliza la voluntad de un pueblo otras veces apático y escindido" [14] . Para el vespertino de la Organización Sindical, "las especulaciones de Madrid sobre materia constitucional fueron, sin duda, muy amenas, pero la Ley Orgánica fue casi todo lo contrario de lo aconsejado por el colega" [15] . Pero había que esperar, sobre todo, al carácter y contenido de las leyes que debían desarrollar los distintos puntos de la Ley Orgánica, donde habrían de librarse batallas más decisivas y que Madrid pensaba afrontar con "espíritu progresivo para exprimirle al texto fundamental (....) hasta la última gota de posibilidades democráticas que contiene" [16] .

Esta posición pública de Madrid, novedosa en el panorama periodístico de la época, corría el riesgo de ser considerada demasiado atrevida por las autoridades políticas o de prensa. Ciertamente hubiese sido inoportuno, por parte del Ministerio de Información, cercenar la labor editorial del periódico en plena campaña de la Ley Orgánica. Cualquier tipo de sanción hubiera sido contraproducente con el espíritu aperturista que pretendía dársele a la Ley. Pero una vez promulgada ésta, las relaciones Fraga-Madrid se tornaron tirantes. El 30 de enero de 1967 el diario estuvo a punto de ser secuestrado (lo evitó el hecho de que Fraga estuviera ausente del país) y sufrió la primera querella criminal. El motivo fue un editorial significativamente titulado "La protesta no es siempre moralmente condenable", que venía a justificar ésta en tanto en cuanto no se abriesen cauces para la participación política extrauniversitaria de la juventud, ya que de lo contrario era inevitable la politización de la propia Universidad.

Hasta octubre de 1967 no se le incoaron a Madrid los primeros expedientes por posibles infracciones a la Ley de Prensa, pero a lo largo de los meses anteriores el periódico comenzó a ser hostigado por vía de hecho, lo que motivó que durante algunas etapas el periódico no abordase cuestiones que pudieran resultar conflictivas. Se hicieron frecuentes las llamadas de Fraga o las reuniones de los hombres del periódico con él. En su libro de memorias recoge el ministro su actitud en algunas de estas conversaciones; por ejemplo, cuenta que el 23 de febrero de 1967 les habló de "centrar el periódico" [17] , o que el 15 de junio, más explícitamente les repitió a Valls y Fontán "que estoy actuando desde la autoridad, y no desde el poder; pero que deben colaborar y que preferiré aplicar la ley antes de dejar que salte" [18] . Se concedía, sí, en el terreno de los principios, la libertad de expresión escrita, pero de hecho se le ponían unos límites que el Ministerio procuraba concretar dada la generalidad de las limitaciones legales recogidas en el artículo 2 de la Ley de Prensa. Eran las propias autoridades de prensa quienes decidían si un artículo o una información vulneraban – según señala el mencionado artículo – el debido respeto a las instituciones y a las personas en la crítica política y administrativa, la Ley de Principios del Movimiento Nacional y demás Leyes Fundamentales, la seguridad del Estado, el mantenimiento del orden público interior o la independencia de los tribunales. Demasiada amplitud, sin duda.

La colaboración que, desde las altas instancias políticas, se exigía a Madrid podía fácilmente significar claudicación de las propias posturas y desencanto del público lector, que se sentiría engañado. De ahí que ante la inevitabilidad muchas veces de estos condicionamientos, la táctica de Madrid para no correr riesgos inútiles y, al mismo tiempo, mantener la imagen de independencia política que estaba creando, consistiese – en palabras de Calvo Serer – en "informar con objetividad y con independencia, suprimiendo los comentarios, ya que el silencio era la única salida honrosa" [19] . Además de esta táctica y de evitar temas conflictivos según el contexto político, utilizó el periódico la estrategia de la guerrilla, esto es, "cambiar los frentes de ataque, a medida que cada uno de ellos fuese ofreciendo una resistencia demasiado fuerte" [20] . Se trataba de abordar una cuestión hasta el límite de lo que el Ministerio podía permitir, y entonces trasladar la atención a otra. Esto fue lo que hizo a comienzos del curso político 1967-68: se empezó con la temática sindical y la regionalista; su parálisis motivó que se siguiera con la universitaria, pero un par de artículos de Miguel Angel Aguilar en página tres provocaron una llamada de atención del Fiscal del Tribunal Supremo, Fernando Herrero Tejedor. Este advirtió que la sentencia absolutoria del pasado mes de julio a este joven colaborador del periódico por el artículo incriminado del 30 de enero sobre la protesta universitaria, había sido recurrida ante el Supremo, y por lo tanto aún se hallaba de algún modo sub índice.

Distintas parcelas de la realidad nacional iban quedando vedadas al diario, sobre todo en su aspecto editorial o de opinión. El informativo, aun con cautelas y cortapisas, podía seguir ejerciéndose. Muy clarificadora resultó, a este respecto, la conversación que a mediados de diciembre de 1967, cuando el periódico había sufrido ya cuatro expedientes basados en el artículo 2 de la Ley de Prensa, mantuvo Fraga con Calvo, Valls, Fontán y García-Trevijano. En su transcurso el ministro precisó una serie de temas que, de tratarlos Madrid, significarían su posible cierre, a saber: "la legitimidad del 18 de julio, los partidos políticos, lo que él calificaba como el chantage del Mercado Común y el orden público" [21] . Más claro no se podía ser. Antes de proceder a una medida dura, Fraga avisaba con tiempo de sus intenciones.

En otras ocasiones era la propia dinámica de los acontecimientos la que determinaba la paralización de iniciativas del periódico. Así sucedió, por ejemplo, a finales de abril de 1967. Fontán proyectó una serie de editoriales bajo el título "Treinta anos de cambios políticos", y consultó previamente el contenido del primero a Fraga. Obtenido su consentimiento salió publicado el primero el 27 de abril en la tercera página, En él se postulaba abiertamente el "reconocimiento legal de la pluralidad de grupos políticos existentes de hecho" y "la posibilidad de presentación de pluralidad de candidaturas" [22] para las elecciones en Cortes. Sin mencionarlos – era tema tabú –, se pedía una vía futura para los partidos políticos. No contaba Fontán, sin embargo, con que Franco, ese mismo día, iba a pronunciar en Sevilla un discurso en el que sostenía tesis radicalmente contrarias a las del periódico:

"Pero si a disculpa del contraste de pareceres lo que se busca son los partidos políticos, sepan en absoluto que eso jamás vendrá (...)

Quiero decirlo de manera clara y concluyente, para cortar esa campaña de grupos de presión que están siempre queriendo volver a las andadas" [23] .

Cuando el director de Madrid se dispuso a publicar el segundo artículo de la serie, Fraga no se lo permitió. Después de conocer las palabras del Jefe del Estado en la capital andaluza – argumentó el ministro –, resultaría un contrasentido que se publicasen en páginas contiguas tesis tan contradictorias como las de Franco y las de Madrid.

Se hace necesario comprender, a estos efectos, la difícil situación en que se encontraba Fraga en su calidad de ministro de Información. Recibía, desde su puesto de autoridad, una doble presión no fácil de conciliar por ir dirigida en sentidos contrarios. Por un lado, la que ejercían algunos periódicos en pos de una mayor libertad de información y de opinión, poniendo a prueba con su atrevimiento o iniciativas la voluntad aperturista del Ministerio. Por otro lado, la que protagonizaban personas o sectores del Gobierno o de otras altas instancias políticas oficiales, que veían con recelo la actuación desvergonzada a veces, según ellos, de la prensa, y que pedían en consecuencia mano dura, sanciones, la aplicación con crudeza de la ley. Es ya casi célebre el irreprimible grito de Camilo Alonso Vega, ministro de la Gobernación, ante Fraga, quejándose de la prensa: "¡Me cago en la ley!". [24]

En esta difícil tesitura, la política de prensa del Ministerio no tenía otro remedio que ser fluctuante. En último término, dependía en buen grado del contexto político más amplio en que se insertaba; contexto que daba la tónica general de la vida pública y determinaba en la práctica los límites de la actuación periodística. El continuismo esencial observado en la política española tras la Ley Orgánica tuvo así su reflejo en la escalada de expedientes y sanciones a la prensa, que alcanzó en los años 1967 y 1968 sus cotas más altas [25] . Madrid sufrió, entre mayo y septiembre de 1968, dos suspensiones sucesivas de dos meses, constituyendo la mayor sanción a un diario español bajo la nueva Ley de Prensa. De este modo, la Ley Fraga cayó pronto en un serio desprestigio dado que su imagen pública le hizo aparecer más como una ley de castigo que de protección de la libertad de prensa. Y es que quedó, como escribió Fontán en 1969, aislada como "la modificación de una sola pieza de todo un sistema constitucional y jurídico que no ha sufrido otras alteraciones importantes" [26] . Por eso, en su aplicación había más posibilidades de que predominasen las cautelas y medios de control establecidos que su supuesto espíritu liberal. El peso de casi treinta anos de férreo control sobre la información, con la comodidad que éste suponía para los gobernantes, no era fácil de desterrar.

El dilema que se planteaba Fraga ante los conflictos que surgían con los periódicos queda de manifiesto en lo que escribió a raíz de la primera suspensión del Madrid: "mejor que perder la Ley de Prensa, era aplicarla, con todas las consecuencias" [27] . Si se mostraba excesivamente benévolo se le echaba encima la presión de los medios oficiales y más conservadores, y la ley corría entonces el riesgo de ser alterada; además, los medios informativos irían ganando peligrosas parcelas de libertad de acción. De hecho, ante una insinuación de Franco en enero de 1967 en el sentido de modificar algún precepto de la ley, Fraga respondió que "la ley no sería tocada, o yo me iría; estaba dispuesto a aceptar algunas sanciones, o disposiciones complementarias; pero en ningún caso la revisión de la ley, en cuanto tal” [28] . En su día, prácticamente promulgada su ley, Fraga pidió ser relevado de su cargo pero el Jefe del Estado no se lo consintió: "Usted es el padre de la criatura, y ahora no puede dejarla abandonada" [29] .

Esta filosofía con que afrontó el ministro gallego la aplicación de su ley chocó con los criterios inspiradores que acerca de ella mantenía Madrid, Aplicar la Ley de Prensa con todas las consecuencias (léase en este caso sanciones) quería Fraga. Aplicar la libertad de expresión, reconocida como postulado fundamental de la ley en su preámbulo, con todas las consecuencias quería Madrid. Eran dos visiones distintas y divergentes: libertad vigilada frente a libertad autónoma y responsable; libertad paulatina frente a libertad entera. Chocaban además dos temperamentos fuertes y enérgicos, de gran personalidad como Manuel Fraga y Rafael Calvo. Puede entenderse así que el segundo no se plegase a las condiciones que imponía el primero si significaban claudicación del propio criterio o de la línea independiente que se había trazado el periódico. Transigía, en cambio, en cuestiones no fundamentales y tácticas, como aceptar desaparecer de la escena pública española y del diario por unos meses, o proceder a la "congelación" del periódico en espera de circunstancias más favorables.

La labor de vigilancia informativa del Ministerio /

La legalidad de la posición de Madrid fue, entre 1966 y 1971, cuestión discutida. El empeño de los hombres del periódico era actuar en el marco legal vigente, interpretado eso sí de modo abierto y progresivo. La cierta indefinición de esos límites hacía posible la labor crítica que el diario se proponía, pero también facilitaba la tarea sancionadora de la Administración que, arbitrariamente, fijaba en cada momento hasta dónde se podía llegar. Los expedientes que incoaba, si bien se basaban en unos contenidos que supuestamente infringían la Ley de Prensa, tuvieron – en el caso de Madrid – un fuerte componente disuasorio instrumental en manos del Gobierno. Esto explica la concentración en dos intervalos cronológicos (octubre de 1967 a mayo de 1968, y febrero de 1970 a septiembre de 1971) de todos los expedientes que se le abrieron. Diez sufrió en el primer intervalo, y nueve en el segundo. Esto hace pensar que los expedientes sancionadores constituían para la Direción General de Prensa un arma – un instrumento al fin y al cabo – con el que intentaba controlar, o al menos enfriar, la orientación de Madrid, que se juzgaba molesta desde buena parte del Gobierno. Y esto sucedió tanto bajo el mandato de Fraga como en el posterior de su sustituto, en octubre de 1969, Alfredo Sánchez Bella.

Aunque, por no ser el objeto central de este estudio, no nos vamos a detener en ello, conviene apuntar que Madrid fue objeto de fuertes campanas de desprestigio por quienes realmente fueron sus más directos enemigos políticos: los falangistas de cariz regencialista y sindicalista, apoyados en sus órganos de prensa Arriba y Pueblo. Fueron estos sectores los que más se afanaron por mostrar como ilegal y en contradicción con los principios políticos del Régimen la posición de Madrid, negando además la autenticidad de su independencia.

La etapa ministerial cubierta por Sánchez Bella se caracterizó por una mayor capacidad de diálogo y negociación entre Administración y periódicos, y una cierta disminución en el número de sanciones. Pero en el fondo la libertad de prensa seguía estando recortada por los intereses políticos del Gobierno. Aparte de los consabidos expedientes, el Ministerio utilizó otros medios habituales en la práctica del control informativo. Así, a comienzos de 1971 el ministro de Asuntos Exteriores declaró materia reservada, de acuerdo con la Ley de Secretos Oficiales, las informaciones sobre Guinea Ecuatorial. Ya con anterioridad había sido usado este método de silencio para otros temas políticos (como las reuniones a puerta cerrada del Consejo Nacional en el mismo 1971), sindicales (el anteproyecto de Ley Sindical preparado por Solís y que había de presentarse ante las Cortes) o universitarios (los documentos relativos a la nueva regulación de la representación estudiantil para el curso 1968-69).

Los periódicos, pese a la desaparición legal de las consignas, continuaban recibiendo notas o comunicaciones de la Dirección General de Prensa. El 9 de febrero de 1971 llegó a Madrid una de esas notas, en la que se recordaba a los directores de los diarios la vigencia de un escrito de la Fiscalía del Tribunal Supremo, de 8 de noviembre de 1966, con recomendaciones sobre el modo de informar acerca de los sucesos conflictivos en los recintos universitarios. Advertía del peligro que suponía publicar notas o dar cuenta de acuerdos o actividades de grupos subversivos e ilegales, ya que suponía para el diario "ser vehículo de difusión de estas actividades, que inicialmente presentan caracteres delictivos (...) No se trata – decía más adelante –, en manera alguna, de impedir o limitar la libertad de expresión, sino de acudir al sentido de responsabilidad de los periodistas y Directores de periódicos", pues su difusión podía dar lugar a la extensión de los conflictos "a otros centros universitarios o incluso a otros campos de la actividad nacional" [30]

Aparte de estas orientaciones generales para todos, se dieron también casos de advertencias particulares o pequeñas amonestaciones que, sin llegar a constituir expedientes, señalaban criterios a tener en cuenta.   Un artículo de Francisco Rubiales en Madrid, titulado "Siete mil habitantes por Comuna. Socialismo agrario en China continental", motivó una breve nota de la Dirección General de Prensa a Antonio Fontán, en la que tras explicar que en dicho artículo se ponía de relieve el éxito económico obtenido con el régimen de colectivización en China, se le advertía "de la inconveniencia de difundir este tipo de informaciones, que podrían estimarse como una propaganda de regímenes políticos con principios incompatibles a nuestras Leyes Fundamentales" [31] .

Ciertamente el tono y las formas no eran como las anteriores a 1966. No se obligaba ya a seguir una línea determinada o a ajustarse a un guión preestablecido, como en las consignas de antaño que terminaban apelando a Dios, a España y a su Revolución nacionalsindicalista. Ahora se sugería, se invitaba a hacer las cosas, se ponían límites a otras, con un lenguaje de cordialidad en el que se apelaba a la responsabilidad del director. Hubo, sin embargo, alguna excepción. La más llamativa, por su similitud con las antedichas consignas de prensa, fue quizás la notificación que los directores de los diarios madrileños recibieron, de manos del ministro de Información, el 1 de octubre de' 1971. Aquel día Franco anunció un indulto que alcanzaba también a 13 de los 18 procesados por el caso Matesa, Y esa misma tarde, después de la multitudinaria manifestación habida por la mañana para conmemorar los 35 años de Franco al frente de la Jefatura del Estado, Sánchez Bella distribuyó una nota de un folio a los mencionados directores, cuya primera parte explicaba, a modo de guión telegráfico, las razones de la inexistencia de relación entre el indulto y Matesa. Los dos últimos párrafos, sin embargo, reflejaban un tono de amenaza:

"Cualquier tergiversación informativa que altere la relación causa efecto y presente el indulto como consecuencia de Matesa es injuria al Jefe del Estado y por tanto secuestro, sin paliativos.

Lo deseable es que se consulte con el Director General de Prensa ya que su asesoramiento puede impedir confusiones. No se trata de la consulta voluntaria formal. Es un asesoramiento amistoso y éste lo hará de día o de noche, a cualquier hora" [32] .

Bajo esta advertencia no hubo lógicamente discrepancia alguna entre los periódicos sobre la motivación del indulto.

Hay que hacer notar que también algunos estamentos militares tenían capacidad de frenar a los periodistas. El caso de Amando de Miguel, colaborador habitual de Madrid, fue elocuente por sí mismo. Un artículo suyo, publicado en la revista Temas bajo el título "El nuevo espíritu de cruzada", motivó su detención y condena, en consejo de guerra, por seis meses en 1971. En dicho artículo, que no se atrevió a publicar en Madrid, criticaba el uso de instituciones públicas y apolíticas como el Ejército como medio de adoctrinamiento ideológico-político. Había tomado como punto de partida una homilía de un sacerdote en un campamento militar, cuyas palabras reflejaban una subida exaltación del apoyo divino al Movimiento Nacional.

El resultado de todo este conjunto de relaciones entre prensa y poder político, y dadas las peculiaridades de los medios directos o indirectos de control permitidos por la ley o establecidos de hecho, era la necesidad de autocensura del periódico, que debía realizar el director. Atenazado y comprometido por resortes legales que hacían recaer sobre él la responsabilidad de todo lo que se escribía en el periódico, tenía que ejercer de censor de su propia publicación en una molesta e ingrata labor. Al remitente de un artículo con pretensiones de aparecer en la página tercera de Madrid, Fontán le respondió que "me produce verdadera contrariedad e incluso sonrojo devolverle a usted, una vez más, un artículo que me gusta y con el que estoy sustancialmente de acuerdo" [33] . Pero las circunstancias políticas no recomendaban su publicación. A otro, con parecidos razonamientos, le explicaba que "no podemos publicarlo en el diario, que está sometido no sólo a las jurisdicciones ordinarias, sino, sobre todo, y antes de llegar a ellas, a la administrativa" [34] . Entre tanta limitación se explica perfectamente que existiese en Madrid la figura del asesor jurídico de la redacción, a la sazón José María Desantes, cuya misión era analizar las informaciones, artículos o comentarios más comprometidos para cuidar de que no fuesen susceptibles de acarrear sanciones al periódico.

Entre 1969 y 1971 las últimas esperanzas de renovación del régimen desde dentro se fueron esfumando. Contribuyeron poderosamente a esta situación hechos como el estado de excepción entre enero y marzo de 1969 y el proceso de Burgos en diciembre de 1970, que supusieron sendos repliegues defensivos por parte del régimen franquista, cada vez más temeroso de conceder unas libertades que podían volverse contra él. El estancamiento político consiguiente llevó a Madrid a una actitud de frustración y escepticismo sobre las posibilidades de llevar a cabo su programa e ideas. Pero ya hacia 1970 y 1971 el cerco en torno al diario fue creciendo, al compás del continuismo político generalizado y opuesto a las ideas de Madrid. Curiosamente la vía que finalmente condujo a su cierre definitivo por orden del Gobierno no fue el artículo 2 que tantos expedientes le costó, sino que provino del artículo 29 ; es decir, fue fruto de la cancelación de la inscripción de "Madrid, Diario de la Noche, S,A." en el Registro de Empresas Periodísticas, por supuestas irregularidades en la titularidad de algunas acciones y en su financiación. Era la justificación legal a una medida eminentemente política. Obsérvese que, pese a aparecer en la Ley de Prensa como uno de sus principios inspiradores, tampoco la libertad de empresa, el derecho a la libre constitución de empresas periodísticas, se daba en la realidad. La Administración disponía de un amplio margen de discrecionalidad para controlar aspectos internos de la empresa. No en vano le estaba permitido inspeccionar su contabilidad y la tirada de sus publicaciones, o efectuar otras comprobaciones que estimase pertinentes.

A modo de conclusiones /

El análisis histórico realizado nos lleva a una serie de conclusiones más globales, que interesa resaltar de acuerdo con el punto de partida adoptado. En primer lugar, cabe destacar que lo verdaderamente significativo de las tensiones entre Madrid y el poder político, producidas tanto por su labor editorial como informativa, reside en el contexto que las desencadenó, esto es, en lo que supuso o representó el diario en el panorama político, ideológico y periodístico de la época. Madrid comenzó en 1966 su nueva andadura albergando la esperanza de una evolución del régimen en sentido democrático desde la propia legalidad. Pero esta expectativa no se vio confirmada por los hechos. Predominaron la cautela y el recelo en la legislación complementaria, en el talante general de los gobiernos, y en la misma aplicación de la Ley de Prensa. La frustración y el desencanto de Madrid por esta evolución básicamente continuista significaron para sus hombres de manera palpable, tras cinco años de esfuerzos en sentido contrario, el convencimiento de la imposibilidad de la reforma del régimen desde sí mismo, dado su carácter esencialmente autoritario. La pregonada apertura política, pese a algunos avances experimentados, se quedó corta porque estaba inspirada en planteamientos que pretendían conceder "cierta libertad" pero no las plenas libertades públicas – de asociación, de reunión, de expresión – que Madrid deseaba como instrumentos de democratización del régimen.

Después del cierre del periódico en 1971 y del fracaso de distintas negociaciones para su reaparición, la propia empresa decidió demoler el edificio de Madrid para vender el solar y sacar dinero para pagar indemnizaciones y deudas pendientes. Las imágenes de la voladura con dinamita quedaron como símbolo de la derrota de un intento público – el de Madrid – por ensanchar la libertad y la independencia de la prensa en España; o lo que es lo mismo, y desde una perspectiva más global, la derrota de la libertad de expresión, imposible en toda su amplitud en un régimen autoritario como el franquista.

El proyecto político y periodístico que alumbró Madrid en 1966 chocó con la praxis política del franquismo, que no admitió el carácter independiente de que el diario hacía gala. La España que pretendía Madrid estaba impregnada de una filosofía política de fondo democrático, que un régimen apegado a actitudes paternalistas y principios algo caducos no estaba dispuesto a adoptar. Frente a la minoría de edad política que el régimen vigente veía en los ciudadanos españoles, Madrid observó y recalcó que la española era ya una sociedad madura, dinámica y abierta, apta y capacitada para el juego democrático y para usar con responsabilidad las libertades públicas que un Estado de derecho debía reconocer.

No se puede negar que, como dijo el mismo Fontán en 1969, la Ley de Prensa de 1966 "creó un nuevo clima en los periódicos españoles, ha ejercido influencia en la política general, en la mentalidad de muchas gentes y en los modos de expresión del país, y ha ensanchado el conocimiento que los españoles tienen de la realidad nacional" [35] . Pero al mismo tiempo sirvió de instrumento coactivo y sancionador de aquellas posturas que se consideraban heterodoxas, y en su haber figuraron medidas como el acallamiento de algunas voces discrepantes; tal fue el paradigmático caso – y no único – del diario Madrid. El funcionamiento de la ley puso, además, de relieve sus deficiencias, con evidentes faltas de garantía para los periódicos y los periodistas. El artículo 2 reservaba a la Administración amplias facultades de interpretación de la legalidad, llegándose en muchas ocasiones a la situación de ser ella misma juez y parte a la vez, pues determinaba, por ejemplo, si un periódico había faltado al debido respeto en la crítica política y administrativa. Este hecho, y otros como el carácter ejecutivo inmediato de las sanciones sin esperar a la resolución judicial, hacía sentirse a la profesión periodística en un equilibrio inestable que iba en perjuicio de la función informativa y crítica que la prensa debía cumplir en la sociedad.

Notas al pie /

[1] Javier Tusell, La dictadura de Franco, Alianza, Madrid, 1988, p. 251.

[2] Cfr. a este respecto el ya clásico estudio de Juan Linz, "Una teoría del régimen autoritario. El caso de España", en Manuel Fraga Iribarne, Juan Velarde Fuertes y Salustiano del Campo Urbano (co-directores), La España de los años 70, vol. III, tomo I ("El Estado y la política"), pp. 1467-1531.

[3] Ley de Prensa e Imprenta de 1966, preámbulo.

[4] Manuel Fraga Iribarne, Memoria breve de una vida pública, Planeta, Barcelona, 1980, p. 159.

[5] Ley de Prensa de 22 de abril de 1938, preámbulo.

[6] Cfr., a modo de ejemplo, José Francisco Sánchez, Miguel Delibes, periodista, Destino, Barcelona, 1989, pp. 192-195; y Ricardo Martín de la Guardia y Pablo Pérez López, "La represión de la opinión en la prensa periódica y el procesamiento a periodistas: el caso de Fernández Areal", en Javier Tusell, Alicia Alted y Abdón Mateos (eds.), La oposición al régimen de Franco, tomo I, vol. 2, UNED, Madrid, 1990, pp. 417-425.

[7] Ley de Prensa e Imprenta de 1966, preámbulo.

[8] Arriba, 1.IV.69.

[9] Cfr. Carlos Soria, El director de periódicos, Eunsa, Pamplona, 1972.

[10] “El diario Madrid en 1970" (26.111.70), en Papeles de la Dirección del diario Madrid, caja 11, carpeta B (en adelante se citará PDM, 11 B).

[11] “Nuevo plan para una nueva etapa" (12.IX.69), en PDM, 12 D.

[12] "La Empresa" (X.69), en PDM, 12 D.

[13] Madrid, 22.XI.66, p. 3: "Un período se cierra en la historia de España".

[14] Pueblo, 15.XII.66, p. 3: “La legitimidad”.

[15] Pueblo, 19.I.67, p. 3: "los teoremas de Madrid”

[16] Madrid, 16.XII.66, p. 3: "El futuro político ha comenzado. Informar, orientar, encauzar".

[17] Manuel Fraga Iribarne, op. cit., p. 194.

[18] Ibidem, p. 203.

[19] Ibidem, p. 46.

[20] Ibidem, p. 62.

[21] Ibidem. P. 62

[22] Madrid, 27.IV.67, p. 3.

[23] Madrid, 28.IV.67, p.

[24] Manuel Fraga Iribarne, op. cit., p. 169.

[25] Cfr. Javier Terrón Montero, La prensa en España durante el régimen de Franco, CIS, Madrid, 1981, pp. 206-207. Allí se recogen los siguientes datos: 149 expedientes incoados en 1967, y 210 en 1968, de los que acabaron con sanción 72 y 91 respectivamente.

[26] Antonio Fontán, "Para una reforma de la ley", en Madrid, 8.XII.69, p. 3.

[27] Manuel Fraga Iribarne, op. cit., p. 223.

[28] Ibidem, p. 190.

[29] Ibidem, p. 163.

[30] Nota de la Dirección General de Prensa (26.1.71), en PDM, 2 A.

[31] Nota del director general de Prensa al director de Madrid (19.I.71), en PDM, 2 A.

[32] “Nota recibida de manos del Ministro de Información el día 1 de octubre de 1971", en archivo Rafael Calvo Serer, caja 10.2, carpeta 99.

[33] Carta de Antonio Fontán a Enrique Álvarez Cruz (13.VII.71), en PDM, 8.

[34] Carta de Antonio Fontán a Eduardo Cierco (18.VI.71), en PDM, 8.

[35] Antonio Fontán, "La Ley de Prensa del 38 y del 66", en Madrid, 4.XII.69, p. 3.

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