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  • ¿Sabemos realmente qué comemos?

    Texto Laura Juampérez [Com 05] Montajes fotográficos Miriam García [Com 95]

    El caso de las hamburguesas cien por cien de vacuno que contenían ADN de caballo y que hizo saltar las alarmas en Reino Unido fue solo uno de los primeros fraudes alimentarios con los que nos hemos desayunado desde comienzos de año. Para las autoridades sanitarias europeas no hay duda: no existe riesgo para la salud de las personas. Sin embargo el consumidor no se siente tan seguro: ¿sabemos realmente qué comemos?


    El periplo de la carne de caballo que terminó en las estanterías de varios supermercados británicos e irlandeses comenzó, según apuntan las autoridades sanitarias europeas, en Rumanía. De allí procedía la materia prima comprada por la sociedad gala Spanghero a un comerciante chipriota que, a su vez, subcontrató el pedido a otro comerciante holandés, quien adquirió la carne en un matadero y taller de corte en Rumanía. Su transformación en hamburguesas y otros productos elaborados, como canelones o lasañas, tuvo lugar en la planta luxemburguesa de la sociedad francesa Comingel, que pasó a distribuir la carne y los platos precocinados 100% vacuno a la multinacional Findus y a otras marcas en 16 países de Europa.

    Muchos intermediarios de diferentes países para una carne que, según se sabe ya, salió de Rumanía como carne equina pero llegó al consumidor convertida en carne de vacuno. La cuestión que sigue sin esclarecerse es en qué momento de esta larga cadena de distribución y comercialización se produjo el fraude que ha afectado a otras grandes empresas como Nestlé. A mediados de febrero la mayor productora de alimentos del mundo anunciaba la retirada de sus raviolis y tortelinis de ternera de la marca Buittoni tanto en España como en Italia, ya que se había detectado en ellos un porcentaje superior al 1% de carne de caballo. Y lo mismo sucedía con las albóndigas Köttbullar de los restaurantes de Ikea, en cuyas filiales checas se descubrió presencia de carne equina.

    En todos los casos las autoridades sanitarias europeas y las de los propios países afectados, como España, se apresuraron a aclarar que no existía riesgo alguno para la salud del consumidor. Se trataba de un fraude en el etiquetado que, eso sí, desencadenó la intervención de la Comisión Europea. El ente comunitario redactó un plan coordinado de control para determinar el alcance del fraude y detectar residuos de fenilbutazona en carne de caballo destinada a consumo humano. Un control adicional ante el hallazgo de una partida de carne equina contaminada con este antiinflamatorio no apto para el consumo humano que salió de un matadero en Tordmorden (Reino Unido) y se vendió en Francia.

    El plan preventivo comprendió la realización, durante un mes, de controles en el comercio al por menor de productos alimenticios comercializados o etiquetados como carne de vacuno y en los establecimientos que manipulan carne de caballo para consumo humano, incluidos los productos procedentes de países de fuera de la UE, para detectar residuos del antiinflamatorio.

    Los resultados, hechos públicos a mediados de abril, confirmaron que se había detectado ADN de caballo en el 4% de las 189 muestras de vacuno analizadas durante el mes de marzo en España y en el 5% de las más de 2.000 practicadas en los demás países de la UE. Además, el estudio detallaba que solo dos de las muestras positivas de carne equina se encontraron en comercios de Madrid y Cataluña. Las otras seis se hallaron en industrias cárnicas de Castilla–La Mancha, Castilla y León, Murcia y Asturias. Respecto a la presencia del fármaco ilegal en carne de consumo, ninguna muestra dio positivo en España, mientras que sí ocurrió en el 0,6% de los estudios realizados en otros países europeos.

     

    Riesgo para la salud o sensacionalismo informativo. La profesora Ana Isabel Vitas, microbióloga y experta en seguridad alimentaria de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Navarra, coincide en el análisis del caso como un fraude en el etiquetado: “El consumidor no debe preocuparse. No existe ningún riesgo para la salud. La noticia ha creado alarma social porque nos sentimos engañados, estafados, y nos asalta la duda de si realmente nos contarán la verdad en el etiquetado de los demás alimentos”. 

    En el caso de la presencia del antibiótico fenilbutazona en los lotes de carne caballar de una granja de Reino Unido, la especialista aclara que el uso de antibióticos en producción animal está siendo muy controvertido en los últimos años por la aparición creciente de resistencias antimicrobianas en pacientes con algún tipo de infección. “Dentro del Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria (2011-2015) hay un programa específico de supervisión del uso de medicamentos veterinarios para animales de consumo humano. De modo que existe una vigilancia de este y otros peligros químicos y biológicos en los alimentos que consumimos”. 

    Por tanto, declara Vitas, se trata más bien de un problema de comunicación y de una tendencia al sensacionalismo por parte de los medios, “aunque también ha puesto de manifiesto que el consumidor no maneja información veraz sobre lo que consume, y desconoce muchos de los aspectos relacionados con el origen de materias primas, su procesado, distribución y manipulación”.

     

    Sistema de alertas. El control sobre la totalidad de la cadena alimentaria se ha multiplicado tanto en España como en la UE en los últimos años a través de distintas entidades, nuevas normativas y de una red de vigilancia alimentaria que funciona tanto a nivel nacional -el SCIRI, Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información, gestionó en 2011 3.576 expedientes (167 alertas, 1.551 informaciones y 1.664 rechazos)- como a nivel europeo e internacional. 

    Las alarmas que se notifican a través del SCIRI se clasifican en distintos tramos en función de las características del peligro o del riesgo vinculado al producto, así como de su origen y distribución. 

    En este contexto cada vez se reciben más notificaciones del tipo “información” (que funcionan de un modo preventivo porque no hay constancia de que el producto sospechoso se haya distribuido en el país) y de tipo “rechazo”: notificaciones de peligros detectados en la entrada de mercancías de países terceros al territorio comunitario. Los casos minoritarios son los calificados propiamente como “alertas” y que suponen riesgo grave (inmediato o no) por la presencia de un peligro en un alimento originario o procedente de un establecimiento nacional, o del que se tiene constancia que ha sido distribuido a nivel nacional, en cuyo caso se procede a su retirada inmediata del mercado. 

    “Esto significa que el sistema funciona adecuadamente, aunque la seguridad alimentaria no se puede garantizar al cien por cien por varios motivos: porque los planes de muestreo no sean adecuados, porque existan problemas en la distribución del producto (alteración de la cadena de frío, etcétera) y por las malas prácticas higiénicas de quien manipula el producto o del propio consumidor”, sentencia la microbióloga.

    Esta misma opinión la comparte el Ministerio de Sanidad. Óscar González Gutiérrez-Solana, subdirector general de Sanidad Exterior, añade además que el incremento en los avisos sobre productos sospechosos procedentes de China, que se registran en Bruselas y que en 2012 llegaron a 262 —entre ellos, patatas infestadas de insectos, esquirlas de vidrio en semillas de calabaza o contaminación radiactiva en especias—, solo demuestra que los controles sanitarios se están realizando bien y que los posibles productos no adecuados para el consumo se detectan antes de entrar al mercado. “Los operadores económicos tienen la obligación de garantizar la trazabilidad (el control sobre el origen y las diferentes etapas de un proceso de producción y distribución) de los productos que ponen en el mercado, demostrar el origen de las materias primas y su destino. Esta obligación también afecta a los países terceros, o países fuera de la UE”, asegura González

    Sin embargo, mucha de esta información no llega al consumidor. De hecho, en el etiquetado de alimentos donde la carne constituye un ingrediente aún no resulta obligatorio indicar su país de origen, una cuestión que se está estudiando en la UE a través de un informe que verá la luz a finales de 2013. Asimismo, la legislación europea tampoco obliga a detallar la procedencia de la leche —sola o como ingrediente de productos lácteos— ni de alimentos no transformados, productos con un ingrediente único o ingredientes que supongan el 50% de un alimento (artículo 26, reglamento 1169/2011 del Parlamento Europeo).

     

    La longitud de la cadena. Presuntamente identificado el país donde se originó el fraude de las hamburguesas con carne de caballo, las dudas se trasladaron a su posible relación con una cadena de producción y distribución cada vez más extensa, en la que pueden participar varios países, comunitarios o no, y multitud de empresas y sociedades diferentes. Entre los países exportadores de alimentos China ha pasado a ocupar un lugar preponderante. Según datos sobre la balanza comercial entre el gigante asiático y España, China exporta a España productos por valor de 18.600 millones de euros, mientras que España exporta a China por valor de 3.300 millones de euros. De hecho, entre 2005 y 2010 el valor de los alimentos chinos comercializados en todo el mundo se ha duplicado. 

    Al parecer, su capacidad competitiva radica en el precio, que es muy inferior al de los productos originarios de los países europeos, a pesar de tener que viajar miles de kilómetros hasta nuestros mercados. Desde el sindicato agrario ASAJA ofrecen una explicación: “Los costes de producción de terceros países que exportan a la UE a precios notablemente más bajos se traducen en jornales de miseria en sus países y en condiciones laborales que dejan mucho que desear. Además, la producción en Europa está sometida a exigencias muy duras en materia de seguridad alimentaria y de respeto medioambiental”. “Como consecuencia”, advierten, “unos productos y otros concurren al mercado y, en ocasiones, las producciones importadas, con sus bajos precios, contribuyen a hundir la cotización de ese bien, de tal modo que el productor europeo no llega siquiera a cubrir los costes”. 

    Asimismo, la Asociación Agraria denuncia la existencia de prácticas distorsionadoras, como la venta a pérdidas —que consiste en vender un producto por debajo de su coste de producción para hundir a los productores locales—, o utilizar un reclamo para vender más de otros productos: que resulta muy habitual, por ejemplo, con la leche: <<Compre un kilo de tal y le regalamos un litro de leche>>, técnica de marketing que solo desvaloriza al propio producto “regalo”. Y, sobre todo, la concentración de la oferta en pocas manos (las de unas cuantas compañías multinacionales), hace que la disponibilidad y el precio de algunos alimentos se decidan en los mercados internacionales de manera totalmente ajena a los productores.

    Antonio Gómez-Plana, profesor de Comercio Internacional en la Universidad Pública de Navarra (UPNA) y autor del blog comerciointernacionalaggp.blogspot.com.es/, recuerda que las implicaciones de este tipo de prácticas afectan tanto a la producción como al consumo. En los últimos años se ha detectado un aumento de las inversiones extranjeras para comprar tierras y convertir las producciones tradicionales y los mini cultivos en grandes extensiones de monocultivos para biocombustibles o alimentación animal, en detrimento de las comunidades locales. 

    El encarecimiento de los alimentos básicos y de los piensos para animales perjudica especialmente a las poblaciones que dedican más parte de su renta a la alimentación, típico de las regiones más pobres. “Si hay tierras improductivas en África o América del Sur es bueno que los inversores extranjeros las conviertan en cultivos y generen empleos locales. No obstante estas compras están teniendo efectos adversos y ya hay muchos ejemplos de comunidades locales que han perdido sus tierras de cultivo a favor de una concesión de su gobierno a una empresa multinacional, de modo que las rentas derivadas no revierten en la comunidad, sino en los conocidos como cazadores de renta: personas que compran algo a un precio y venden lo mismo a otro precio superior”, explica Gómez-Plana.

    La ONG Intermón Oxfam está promoviendo, a través del Banco Mundial, la aprobación de un marco legal que evite prácticas de este tipo: Un funcionario africano que conoce una comunidad local (y en ocasiones es miembro de la misma tribu, con lo cual cuenta con su confianza) se encarga de tramitar los premisos para que una multinacional tenga plantaciones en el país. Habla con la comunidad local y le dice que la multinacional está dispuesta a pagar un alquiler periódico o un precio de compra de diez por sus terrenos. A la comunidad le parece bien. Pero el funcionario le pide el triple a la multinacional, que lo valora como un buen negocio porque le han ahorrado la negociación. El funcionario, o cazador de rentas, gana veinte, y la comunidad, por su falta de formación, capacidad de negociación, etcétera, pierde esa renta. 

     

    Crisis económica y crisis de valores. Esta desigualdad, unida al recrudecimiento de la crisis económica, puede haber influido en el aumento de los casos de fraude alimentario. Así lo afirmó Juan José Badiola, presidente del Colegio de Veterinarios y una de las caras más visibles durante la crisis de las vacas locas, en una entrevista publicada en Diario de Noticias. El especialista recordó que la crisis de la encefalopatía espongiforme bovina se originó en Inglaterra en plena depresión económica de finales de los 70, “en un momento en el que la tentación de hacer algo que no se debe es más fuerte”. 

    El subdirector del Instituto Nacional de Consumo, Carlos Arnaiz, prefiere hablar de “crisis moral” al referirse a la proliferación de casos como el de los productos precocinados con carne de caballo: “No tiene nada que ver con una situación exterior, sino con una decisión personal que alguien ha tomado de alterar el etiquetado de un producto. Obedece, por tanto, a nuestra crisis de valores”.

    Ana Isabel Vitas, experta en Microbiología de alimentos de la Universidad de Navarra, apunta además que los grandes problemas de seguridad alimentaria podrían estar dándose fuera de los circuitos oficiales de entrada de productos a la UE. En las llamadas “cadenas marginales de distribución”, ya que las grandes marcas se juegan su prestigio y su dinero, y por tanto son las principales interesadas en velar por la seguridad de sus productos.

    La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) coincide en que los controles en la producción ya son muy exhaustivos. El fraude aparece después, en la distribución y comercialización del alimento. De hecho en su informe de 2012 sobre la calidad de las marcas de leche más vendidas en España ya señalaban: “No es que las vacas den peor leche que hace diez años, sino que el producto se degrada en el camino a la tienda. Por eso pedimos mayores controles y análisis en los puntos de venta”. Lo mismo sucedió con su estudio sobre la calidad de 20 marcas de hamburguesas frescas vendidas en supermercados españoles, publicado a comienzos de 2013. En él la OCU denunciaba que solo cinco marcas superaban un mínimo de calidad, y la mayoría se servían de carnes más baratas y de todo tipo de aditivos —todos legales, como sulfitos— para dar lugar a productos que cumplían con la normativa pero resultaban muy poco saludables.

    En ambos casos no había ilegalidad alguna, solo quedaba patente la permisividad y falta de transparencia de las grandes multinacionales del sector, para las que el beneficio económico sigue estando muy por encima de la transparencia.