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    Texto y fotografías Álvaro Guzmán [Com 12] y Ujué Lorente [Com 12]

    Julia y Juan ponen rostro a un drama que afecta a miles de familias españolas: corren el riesgo de perder su vivienda y quedar además condenadas a seguir pagando por ella.


    Julia Orellana está sola en su modesto piso en Berriozar. Mirada perdida, espalda encorvada, deambular constante; todo en ella transmite derrota. El ruido del timbre la sobresalta: es una funcionaria de Correos portando una notificación del juzgado similar a las muchas que ha recibido en los últimos meses, cargadas de malas noticias. Las guarda todas en el mismo cajón, en la cómoda debajo del televisor, en un rincón de su estrecho y alargado cuarto de estar. El montón de papeles lo corona la cédula con la fecha y hora del desahucio: 24 de febrero a las 10.00. Faltan dieciocho horas y media.

    Julia, una mujer de estatura escasa, piel curtida, mofletes abombados y de otrora risa fácil, le pide a la cartera que le lea la notificación. Se siente incapaz de hacerlo ella misma. La funcionaria obedece y lee. Y lo que transmite son buenas noticias, llegadas en el tiempo de descuento de un partido que parecía perdido desde el momento mismo en que el banco se autoadjudicó el piso en una subasta judicial, en septiembre pasado. La entidad financiera le informa que ha suspendido el desahucio, y da un plazo de cuatro meses para renegociar la deuda con Julia y su marido, Juan Arévalo. Si no llegan a un acuerdo, el matrimonio deberá entregar el piso y asumir una deuda de cerca de 80.000 euros por él.

    ¿Cómo han llegado hasta aquí? ¿Cómo ha conseguido una familia desesperada, a la que la ley no da la razón, y que parecía condenada a perder su vivienda, quedarse en su casa al menos temporalmente?

    El de Juan y Julia  es uno de los 58.241 desahucios ejecutados durante 2011 en España, 22% más que el año anterior, la cifra más alta desde que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) comenzó a llevar este registro. Pero el número de familias afectadas podría ser incluso mayor, pues muchas se han sentido presionadas a abandonar sus casas antes de que existan resoluciones judiciales.

    En la Comunidad Foral se ejecutaron 336 desahucios en 2011, una cifra menor si se compara con Valencia, Andalucía y Madrid, las comunidades más afectadas. Aun así, casos como el de Juan y Julia llevaron a grupos de ciudadanos a movilizarse y fundar en noviembre la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Navarra, que por su intensa actividad destaca entre los cientos de plataformas homónimas que operan en todo el territorio nacional, de manera independiente pero coordinada. 

    Estas plataformas han favorecido que los medios de comunicación presten una creciente atención al drama de los desahuciados y se hagan eco de las reivindicaciones que plantean, que comparten con los movimientos 15-M y Stop Desahucios: lograr la implantación con carácter obligatorio y retroactivo de la Dación en Pago –por la cual la entrega del bien salda la deuda contraída por el hipotecado–, lograr una moratoria sobre desahucios e impulsar el alquiler social o de emergencia.

    Dado el protagonismo de la plataforma navarra, no es de extrañar que Pamplona se convirtiera a fines de marzo en sede de la Asamblea de Plataformas de Afectados por las Hipotecas, a la que concurrieron representantes de Madrid, Valencia, Logroño, San Sebastián, Tarrasa y Zaragoza. Los convocados reiteraron su compromiso de reunir medio millón de firmas para presentar en el Congreso una Iniciativa Legislativa Popular que recoja sus reivindicaciones, al mismo tiempo que rechazaron, por insuficiente, el Decreto Ley aprobado recientemente por el Congreso para atenuar los problemas de desahucios e impagos hipotecarios.

    Esta ley ha encontrado limitado apoyo porque establece unos requisitos que, según las plataformas, muy pocos afectados estarían en condiciones de cumplir: que todos los miembros de la familia estén desempleados, que la hipoteca consuma al menos el 60% de sus ingresos y que la vivienda objeto del embargo no cueste más de 200.000 euros en las ciudades de más de un millón de habitantes, ni más de 120.000 euros en las poblaciones de menos de 100.000. Como anexo, se incorpora un código de buenas prácticas que ha asumido, de manera voluntaria, la totalidad de los bancos y cajas de ahorro y que anunció el ministro de Economía Luis de Guindos el 22 de febrero, el mismo día en que Julia Orellana recibió la carta que le anunciaba la postergación de su desahucio. 

    “La solución es reformar la Ley Hipotecaria, que está muy anticuada, no un paquete de medidas voluntarias”, afirma José María Ruiz, portavoz de la organización Stop Desahucios. “España ha fomentado la compra frente al alquiler porque les interesaba a las Administraciones llenar sus cajas  de impuestos provenientes del sector; los hipotecados son víctimas de este sistema”, añade.

    El Partido Socialista, que mientras ocupó el Gobierno se negó a apoyar medidas a favor de la Dación en Pago, incluyó su implantación en el programa que presentó para las pasadas elecciones generales. También la mayoría de grupos minoritarios del Congreso están a favor de reformar la actual Ley Hipotecaria, e incluso de la dación en pago. Comunidades como el País Vasco han creado una comisión de mediación entre los afectados y las entidades bancarias, con el fin de fomentar el alquiler social y frenar parte de los desalojos. 

    Mientras tanto, las plataformas siguen reuniendo firmas para promover su Iniciativa Legislativa Popular, al mismo tiempo que suman pequeñas victorias: cientos de desahucios “parados” gracias a los actos de resistencia pacífica que promueven y en los que resulta clave la implicación de muchas personas, dos sentencias a favor de la Dación en Pago –en Navarra y en Gerona– y numerosas movilizaciones a las puertas de las sucursales de los bancos.

    Juan y Julia son ecuatorianos pero se conocieron en Pamplona. Vinieron a España hace once años él, y diez, ella. Su país vivía por aquel entonces una crisis, y cada día llegaban a Barajas aviones provenientes de Quito cargados de sueños, miedos y turistas dispuestos a quedarse. En España eran tiempos de bonanza, y hacían falta brazos y pulmones con los que hinchar la burbuja inmobiliaria que no tardaría en reventar. Tras algunos años de penurias en los campos de Murcia, Juan probó suerte en Pamplona. 

    Y la halló. Encontró trabajo en la construcción con unos 2.200 euros de sueldo, más horas extras. Encontró también a Julia, y tras constatar que la burocracia exigía que ambos tuviesen una vivienda para que ella pudiera traer a España a los cuatro hijos que había dejado en su país, llegó el momento de plantearse  comprar vivienda, u optar por el alquiler.

    La decisión parecía clara: era el año 2006, los tipos de interés estaban por los suelos, y los salarios de ambos –de él en la construcción y de ella en el servicio doméstico– eran más que suficientes. Además, los compañeros de trabajo de Juan tenían casa propia. Las amigas de Julia, también. 

    “Decidimos comprar el piso para el futuro de nuestros hijos, para su patrimonio, para estar nosotros tranquilos, contentos,” explica Julia entre lágrimas. 

    Encontraron un piso de más de cuarenta años en Berriozar, a las afueras de Pamplona: setenta metros cuadrados. Firmaron una hipoteca por 245.000 euros en la gestoría de la propia inmobiliaria. En pocos días el papeleo estaba resuelto y la hipoteca, firmada. 

    Dos años después el trabajó en el sector de la construcción empezó a escasear. Juan cobraba menos y finalmente perdió su empleo. Acudió entonces a la inmobiliaria para tratar de renegociar la deuda, pero se encontró la oficina cerrada. Cuando acudió a otra de la misma firma, le dijeron que el asunto no les correspondía a ellos, y que debía recurrir al prestamista. 

    Juan fue a la oficina del banco con el que había firmado la hipoteca pero le explicaron que en realidad el contrato lo había suscrito con una sociedad relacionada, Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI), sin sede en Navarra. En su página web la concesión de hipotecas tiene el mismo nivel de importancia que la venta de operaciones de titularización, al estilo subprime. Desde 1994 ha vendido en España títulos de deuda hipotecaria por valor, según la propia entidad, de doce mil millones de euros. Para tranquilidad de sus inversores, puntualiza: “Todas estas emisiones han recibido la calificación inicial de triple A de Moody’s y/o Standard & Poor’s y/o Fitch, ofreciendo a los inversores un elevado ratio de rendimiento/seguridad”. Como Lehman Brothers un día antes de su estrepitosa caída.

    “Cuando dejamos de pagar, los cobradores nos llamaban cuatro o cinco  veces al día para presionarnos. Nos amenazaban diciendo que nos iban a embargar las nóminas y el dinero que enviábamos a Ecuador”, recuerda Julia entre lágrimas. Juan asiente y explica que, mientras tanto, él seguía tratando de renegociar la deuda, pero que ni el banco ni UCI aceptaron cambiar ninguna de las condiciones. 

    “Un día le dije al cobrador”, recuerda Juan, ‘quiero que te pongas en mi lugar: si tuvieras hijos, ¿dejarías de darles de comer por pagar este maldito piso? No lo harías. Yo tampoco lo voy a hacer”.  No volvió a recibir noticias de UCI hasta después de que su casa fuera subastada. “Fuimos a una inmobiliaria para hacer las cosas bien, con más garantías, y nos engañaron: me siento estafado... Nos trataron muy bien cuando teníamos dinero, y después nos despreciaron”.

    Tras mucho insistir para hablar con los representantes de UCI a través de las numerosas líneas 901 que tiene habilitadas como contacto, estos se negaron a contestar las preguntas que Nuestro Tiempo les planteó en relación a Juan y Julia y a otros casos similares que se les atribuyen en varios foros jurídicos en la red.

    Navarra es pionera no sólo por la actividad que despliega su Plataforma de Afectados por la Hipoteca. También porque registra una de las dos sentencias a escala nacional a favor de la Dación en Pago. “Este auto es el primero en España a favor de detener un lanzamiento. Es muy bonito, pero no se somete a la ley”, apostilla Ana Ferrer, jueza de la Audiencia de Navarra desde hace veinte años y que ha tenido que firmar decenas de órdenes de desahucios.

    Ferrer considera que la actual Ley es injusta y debe modificarse. Pero, mientras esto no ocurra, los jueces disponen de poco margen de actuación para evitar los desahucios: “Nosotros solo ejecutamos”, explica. “Si el cliente no ha pagado, no hay posibilidad de defensa, porque la actual Ley no le ampara. Es un procedimiento muy frío. Rara vez llegas a poner rostro a las personas a las que vas a echar de su casa. Cuando los ves se pasa muy mal, porque los tienes delante y no puedes hacer nada por ellos”, lamenta. Cuando en alguna ocasión un afectado ha acudido a su despacho en busca de ayuda, “lo único que he podido hacer es facilitarles el teléfono del abogado del banco que les desahucia, para ver si pueden renegociar las condiciones de la hipoteca”. 

    Las familias en riesgo de desahucio están encontrando la asesoría de equipos de abogados voluntarios vinculados a las Plataformas de Afectados por las Hipotecas. Sus casos se revisan en las reuniones que semanalmente celebran estas agrupaciones y motivan un intenso intercambio a través de correos electrónicos y redes sociales, donde se plantean movilizaciones y propuestas de toda índole. Juan y Julia  reciben la ayuda de la plataforma de Navarra, que ha convocado ruedas de prensa y concentraciones frente a la sede central del banco que inicialmente les concedió el crédito, y a través de sus abogados ha llamado decenas de veces a UCI para encontrar una solución. “Ahora se abre el periodo de negociación. Una de las reivindicaciones que está haciendo la plataforma es la Dación en Pago, además de lograr el alquiler social”, cuenta Iñaki Esparza, asesor legal de la PAH en Navarra.

    En Berriozar se creó otra plataforma que se ocupa tanto del caso de Julia y Juan como de otros, hasta lograr que todos los partidos con representación en el Ayuntamiento, excepto el PP, apoyasen una moción a favor de la Dación en Pago, y el compromiso por parte del Ayuntamiento de realojar en régimen de alquiler social a los vecinos desahuciados.

    Estas muestras de solidaridad han operado una transformación en Juan y Julia. La timidez y desconfianza de las primeras ruedas de prensa, han tornado en indignación y también en un mayor grado de esperanza. Ella, que antes hablaba de su situación con lástima y vergüenza, ahora lo hace con la mirada alta y reclamando “que se cambien unas leyes injustas”. 

    También Juan, un hombre menudo, de mirada preocupada y hombros cargados por años de trabajo en el campo y la construcción, contesta con firmeza cuando se le pregunta si tuvo parte de culpa al asumir una deuda que no estaban en condiciones de afrontar: “Recibí llamadas de bancos con ofertas para darme préstamos personales para comprar un piso. Sabían cuál era mi nómina y mi situación. Ahora, si no puedo pagar, me quitan la vivienda y me dejan con una gran deuda. Los perjudicados somos siempre los hipotecados”.

    Felipe, voluntario de la plataforma navarra, que ha acompañado a Juan y Julia a lo largo de todo el proceso, cuenta que para la agrupación lo más importante es “que los afectados, en una situación crítica entiendan que lo que les ha pasado está en el contexto de una crisis colectiva, y es el resultado de una injusticia”. 

     El 22 de febrero a las 9  de la noche, 13 horas antes del desahucio, estaba prevista una concentración de apoyo a Juan y Julia frente al ayuntamiento de Berriozar, a menos de cien metros del piso de la pareja. El acto pretendía, según los convocantes, “calentar motores” antes de la movilización no violenta con la que aspiraban evitar el desalojo. Pero en lugar de esto, el centenar de asistentes celebró la noticia de los cuatro meses de prórroga. Familias enteras de vecinos y simpatizantes de la plataforma se concentraron con pancartas a favor de la dación en pago y el derecho a la vivienda, en un ambiente más festivo que de reivindicación.

    Ante la presencia de los medios de comunicación, Juan, acostumbrado ya a las apariciones públicas, hizo unas declaraciones bajo la mirada orgullosa de Julia: “Estas hipotecas son simplemente un engaño, unas hipotecas basura... Yo tenía la hipoteca con un banco y de repente me dicen que no la tengo ahí, sino en otro sitio. Pagué hasta donde podía pagar, y les propuse una solución. Y lo único que hacen es quitarme mi casa”.

    Felipe, visiblemente emocionado,  se acercó a Juan y le dijo: “Enhorabuena. Ahora hay que seguir luchando. Tenemos que conseguir la Dación en Pago”. Luego lo arrastró al bar cercano, donde vecinos y miembros de la plataforma festejaban su pequeño triunfo. Mientras, Julia, radiante y con rostro aliviado, recibía abrazos de vecinos que se acercaban a felicitarle. “Siento mucha más tranquilidad”, contaba. “Cada día me levantaba con pesadillas pensando ‘ya es jueves, ya es viernes, falta un día menos para que me quiten mi casa y me dejen con la deuda’; ahora voy a poder dormir tranquila”.