Enrique García-Máiquez

Ahora bien

Legalitis y decretiosis

Aunque ahora mismo me encuentro inmerso en una larga reunión donde unos superiores nos desgranan inexcusables protocolos e instrucciones legales, aquí, en esta página, empezaré por los principios. El Estado de Derecho es una garantía esencial contra los caprichos del gobernante. Eso no lo discuto: de hecho, vengo a defenderlo.

Ahora bien, al poder le exasperan los límites y, cuanto más poderoso, menos puede con las barreras, que lo sacan de quicio. Por muy democrático que sea su origen, irá buscando —y, ay, encontrando— fórmulas para saltarse a la torera cuanto obstáculo le pongan por delante. Su fórmula más eficaz es la más hipócrita: hundir el imperio de la ley por sobredosis normativa, por un alud de leyes, por una epidemia de decretos, por una explosión atómica de órdenes ministeriales... 

Como la ignorancia de las normas no exime de su cumplimiento, el hombre de la calle se encuentra inerme. Hoy, que estamos tan desvelados por los peligros de la inflación monetaria, andamos muy dormidos frente a los de la inflación normativa. Por ella, hay infinidad de normas que ignoramos, entre las cuales es probable que alguna la estemos vulnerando sin querer en este preciso instante usted y yo. Encima, ya el divertidísimo S. J. Lec, mucho más serio de lo que parece, notó que “La ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento, pero su conocimiento sí”. El Estado, que conoce las leyes porque las ha parido, juega entonces con la ventaja de su doble rasero, por un lado y por otro. Si esto le suena muy abstracto, rememore el pasmo paralizante de cuando la policía de tráfico nos da el alto o si recibimos una notificación certificada de Hacienda. “A ver qué he hecho mal”, tiembla uno, arrugado, a ciegas. Aquella horrible frase del “Algo habrá hecho”, se vuelve sobre nosotros como una inexorable inculpación: “Algo habré hecho”. 

Este sutil sistema encuentra un aliado diligente: el tonto puntilloso, al que embarga la obsesión por cumplir y se regodea en las gestiones, los plazos, los sellos, los requisitos, las ventanillas y hasta las disposiciones transitorias. Las normas habrá que obedecerlas, qué remedio, pero en ponerse a ello tan lúbricamente al pie de la letra hay un gesto servil de echarse a los pies del que manda. Un alma algo aristócrata o algo ácrata o con algo de ambas, como antes los españoles solíamos, debería rebelarse un poco ante tanta minucia y, ya que ha de pasar por el aro, no caer al menos en el movimiento teledirigido del autómata.

Para lo cual conviene saber que hay más leyes que las que dicta el Estado. El Derecho Natural nos echa, como mínimo, una mano de ironía. Los legalistas puntillosos suelen ser —fíjense— gentes que no reconocen más norma que la positiva y, por tanto, se aprestan a cumplirla con ansias subconscientes de quedar justificados. Tampoco está de más un guiño pragmático, que observe cómo tanta norma nos aleja de lo esencial. Lo ha clavado, hasta con un ejemplo y todo,Juan Varo Zafra: “Lo obligatorio es justamente lo contrario de lo necesario (y eso se ve con especial claridad en el ambiente de la enseñanza)”. Por último, recordar que, sin salirse del Derecho Positivo, el sistema respira por los principios generales del Derecho, cada vez más arrinconados, los pobres.

El poder, por supuesto, ansía educar y colocar a quienes sean como aquel Monsieur du Châtelet, que “possédait toutes les incapacités exigées par sa place”. Ésos no se resisten ni se remiten a los principios: guardan la fila y cumplen a rajatabla. Por contrarrestar, uno, a veces, añora los viejos tiempos en que los audaces teólogos acariciaban la saludable idea del tiranicidio. 

¡Huy —me asusto—, cómo se me ha ido el santo el cielo! Vuelvo a atender, arrepentido, a mi reunión con los incansables. Que justo ahora, ¡justo ahora! están advirtiendo, mientras agitan unos papeles en el aire: “¡El decreto, el decreto, porque lo que dice el decreto es… palabra de Dios!” (Dudo si escribir “dios”, como me pide el cuerpo; o “Dios” como preferirá el decreto.)