John Müller

Firma invitada

Cuando el paraíso amenaza ruina

No hay que ser un lince para descubrir que la crisis española no sólo es económica. Tras 34 años de monarquía parlamentaria, tenemos graves problemas de funcionamiento. La crisis también es política, institucional, social y moral. Y basta abrir las páginas de los periódicos cada día para comprobarlo.  

Pero no hay que perder de vista que España, junto con Italia, Portugal y, quizás, muy próximamente Francia, no es más que una versión agravada del mediocre destino al que el continente europeo está siendo arrastrado. Está claro que los flujos financieros que daban lustre a nuestras economías están en retirada y buscan mejores lugares donde invertir. Quieren regiones con más creatividad, capacidad de emprendimiento y audacia, países como Israel, Singapur, China o Chile. 

Ya en el verano de 2010, el gran tema de discusión en las universidades de Estados Unidos era si Europa sería capaz de compensar sus grandes desequilibrios y salir de la crisis fiscal que se encadenó a la crisis financiera de 2008. La mayoría de los economistas lo dudaban. La razón principal: creían que los políticos europeos no serían capaces de reducir el Estado de Bienestar (pensiones, seguro de desempleo, sanidad y educación) del que disfrutamos.  Muchos economistas norteamericanos piensan que el Estado de Bienestar se ha convertido en una estructura que cercena la iniciativa individual y lastra el crecimiento. Consideran que dichos mínimos disuaden a las personas de hacerse responsables de su destino. En cierta forma, el Estado de Bienestar busca conjurar una maldición bíblica, la de que, tras ser expulsado del Paraíso, el hombre debería ganar su sustento. El Estado de Bienestar es, pues, un sucedáneo del Paraíso. 

En Europa, y especialmente en España, estas críticas nos son extrañas. Ni siquiera nos las planteamos. De las actitudes posibles ante la protección social, los expertos reconocen tres: la primera es la llamada estatal-asistencialista, donde se considera al Estado como el responsable del bienestar de los ciudadanos. La segunda es la visión conservadora-corporativa, que sostiene que el Estado debe ocuparse sólo de los más desfavorecidos. Y la tercera es la concepción liberal, que sostiene que son los ciudadanos los responsables de su bienestar.  

España es uno de los países de la Unión Europea y de las grandes economías desarrolladas con la visión más estatalista de la protección social. Según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), en 1989, el 58% de los españoles pensaba que el Estado debía ocuparse del bienestar de todos, y en 2008, la última vez que se preguntó por el asunto, un 74%. Los liberales, en cambio, eran un 5% en 1989 y apenas eran el 7% en 2008. Con la crisis, estos valores no han hecho más que radicalizarse. 

De hecho, en Estados Unidos, una sociedad de cuño mucho más liberal que las europeas, un estudio del Pew Research indica que los estadounidenses que defendían la ampliación de la Sanidad pública fomentada por Obama representaban ya más de la mitad de la población antes de las elecciones de 2012. Así que los europeos, y en particular los españoles, estamos nadando en una sopa boba bastante poco nutritiva. Sobre todo ahora, cuando las sucesivas crisis económicas han puesto de manifiesto las dificultades para sostener el Estado de Bienestar, especialmente cuando el despilfarro se ha traducido en un Estado del Malgastar y cuando florece lo que otros llaman el Bienestar del Estado, que no son más que las prebendas de los políticos, sus coches oficiales, sus amiguetes y sus televisiones autonómicas. 

La miopía y la tardanza con que los diferentes estamentos del Estado están reaccionando ante una crisis que supera el ámbito de la economía demuestra que no aprendimos nada de los errores de apreciación cometidos en 2007 y 2008, cuando la crisis financiera fue catalogada de “pasajera”. Nuestro edificio institucional necesita una obra mayor, no simples retoques ni manos de pintura, ya que el Paraíso amenaza ruina.

La pregunta del autor:

¿Están los políticos europeos dispuestas a reducir el estado de bienestar?

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