Noticias: 30/08/2004 [ © Comunicación Institucional, 2004 ]
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La verdadera democracia no acalla al discrepante
autoraÁngela Aparisi
Instituto de Derecho Humanos
Universidad de Navarra
Fecha: 30 de agosto de 2004
Publicado en:  Diario de Navarra

En todo sistema político hay un elemento decisivo que permite distinguir si nos hallamos ante una democracia madura, libre y abierta, o ante un régimen distinto: la libertad de expresión y la no exclusión de la opinión de ningún grupo social. Las verdaderas democracias estimulan y articulan mecanismos para que la participación ciudadana sea real y no se limite al ejercicio periódico del voto.

Mientras que en los sistemas totalitarios el poder se impone a los ciudadanos, las democracias abiertas presuponen que el poder reside en la ciudadanía y, por lo tanto, los políticos son usufructuarios de una autoridad que les es confiada. Ello implica, entre otras cosas, que los partidos políticos y, especialmente el que se encuentra en el Gobierno, sabe escuchar a todos los sectores de la sociedad con gran respeto. No cabe, en buena lógica, que a alguno de ellos se les pretenda excluir sistemáticamente del debate social. Una sociedad democráticamente organizada no teme a las voces discrepantes, ya que es consciente de que la libertad de expresión es un pilar básico de su estructura.

Los partidos no son los únicos protagonistas del debate público

Esta realidad, plenamente asumida en países con larga trayectoria democrática, parece que aún no ha sido entendida en toda su riqueza en España. Prueba de ello son las manifestaciones que en los últimos meses se han sucedido en nuestro país en relación a la negación de la libertad de expresión a la Iglesia católica, e incluso de personas conocidas por sus convicciones religiosas.

Para algunos dirigentes políticos, cualquier manifestación de la Iglesia católica referente a temas especialmente trascendentes para la sociedad -como el concepto de matrimonio, la dignidad de todo ser humano o el derecho a la vida- implica una interferencia en el trabajo de las instituciones políticas. Esta actitud, dudosamente compatible con una auténtica democracia, pretende excluir del ámbito público a determinados grupos que se consideran "molestos", sin detenerse siquiera a considerar cuáles son sus razones de fondo. Bajo la aparente excusa de que la Iglesia católica y los católicos pretenden imponer sus convicciones en la sociedad, se busca eliminar del debate público a una voz que se considera incómoda. Frente a esta situación, conviene recordar que la tradición contractualista en la que, en gran medida, se apoyan los sistemas democráticos presupone la no exclusión de ninguno de los interlocutores sociales. Los partidos políticos no son los únicos protagonistas del debate público. Las instituciones religiosas, y en este caso la Iglesia católica y los católicos, no sólo tienen pleno derecho a expresar libremente sus opiniones, sino que no deben renunciar a hacerlo. El cristianismo ha aportado, a lo largo de la historia, elementos enormemente positivos para la construcción de una sociedad más justa y más humana. Por ello, el intento de presionar para acallar la voz discrepante de la Iglesia católica no sólo es contrario al derecho fundamental a la libertad de expresión, sino que repugna las raíces más profundas de una verdadera democracia.

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