Noticias© Comunicación Institucional, 30/07/2006

Universidad de Navarra

Laicidad y libertad

Autor: Josep-Ignasi Saranyana
Facultad de Teología
Universidad de Navarra

Fecha: 30 de julio de 2006

Publicado en: La Vanguardia (Barcelona)

Con el recuerdo todavía fresco del viaje pastoral de Benedicto XVI a Valencia, y a la vista de lo que se ha escrito al respecto, parece oportuno reflexionar sobre las relaciones entre la religión y el Estado "laico".

Para empezar, no se confunda Estado laico con Estado laicista. Estado laico es el que no asume una religión como propia. Es un Estado aconfesional, que se declara incompetente en materia religiosa y, por ello, se presenta neutral en esta cuestión. El correlato de la incompetencia del Estado en temas religiosos es la incompetencia de la jerarquía eclesiástica en asuntos políticos.

Por el contrario, es laicista el Estado beligerante en materia religiosa, cuando se opone a la religión en la vida pública y la empuja hacia la pura privacidad o la persigue.

De todo lo dicho se deducen dos conclusiones importantes. Frente a la sociedad civil, el ciudadano es titular del derecho de libertad religiosa. Ante la sociedad eclesiástica el fiel cristiano goza del derecho de libertad en asuntos opinables.

La reciente vista del Santo Padre ha sido un prodigio de oportunidad y tacto. No ha invadido competencias civiles ni ha violentado libertades políticas de los fieles. Ha recordado los principios generales que deberían inspirar una política realmente justa, acorde con las exigencias de la naturaleza humana. Su prudencia no ha sido óbice, sin embargo, para que se haya expresado con energía y fortaleza. La célula básica de la sociedad (cristiana o no) es la familia constituida por un padre, una madre y unos hijos. Esto es irrenunciable y es previo a cualquier concepción religiosa del hombre. Es un axioma de ley natural. Todo político sereno y sensato debería convenir, a poco que se asomase a la historia, que el matrimonio heterosexual es una invariante multicultural.

Ello no obstante, si un político no puede ser maltratado cuando no quiere reconocer ese axioma natural, es obvio, por lo mismo, que tampoco puede ser perseguido un ciudadano, creyente o no, que acoja el mensaje papal. Le asiste el derecho civil de la libertad religiosa, un principio jurídico reconocido en todas las verdaderas democracias, España entre ellas.

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