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Veinticinco años de los acuerdos españoles entre la Iglesia y el Estado
Autor:Juan Fornés
Catedratico de Derecho Canónico
Universidad de Navarra
Fecha: 28 de enero de 2004
Publicado en:  La Razón (Madrid)

El 3 de enero de 1979 se suscribían en Roma por el entonces Secretario de Estado, Cardenal Villot, y el Ministro español de Asuntos Exteriores, Marcelino Oreja, los cuatro Acuerdos que, junto con el firmado el 28 de julio de 1976, regulan las materias de interés común para la Iglesia y el Estado en España, y sustituyen la norma vigente con anterioridad, es decir, el Concordato de 27 de agosto de 1953.

Acaban de cumplirse, por tanto, veinticinco años de este acontecimiento y puede resultar de interés recordar esta revisión concordataria llevada a cabo en nuestro país, de una parte; y de otra, hacer una valoración de conjunto acerca de cómo se han aplicado y de la actual validez y utilidad de estos instrumentos jurídicos de carácter internacional.

El conjunto de los Acuerdos

El sistema concordatario español está formado, en efecto, por el Acuerdo de 1976, que, aparte su importante preámbulo en el que se exponen los motivos de la revisión, contiene la expresa renuncia al privilegio de presentación de obispos y al relativo al fuero judicial de clérigos y religiosos; y los cuatro de 1979, que regulan los efectos civiles del matrimonio canónico, la asistencia religiosa en establecimientos penitenciarios y hospitalarios; la personalidad jurídica de las entidades eclesiásticas; y otras cuestiones similares, en el denominado Acuerdo sobre asuntos jurídicos. La enseñanza y asuntos culturales son regulados en el Acuerdo que lleva este título. Otro Acuerdo sobre asuntos económicos regula las cuestiones financieras y tributarias. Y, en fin, el Acuerdo sobre asistencia religiosa a las fuerzas armadas regula lo concerniente a esta materia.

En todos los Acuerdos de 1979 se señala expresamente que «la Santa Sede y el Gobierno español procederán de común acuerdo en la resolución de las dudas o dificultades que pudieran surgir en la interpretación o aplicación de cualquier cláusula del presente Acuerdo, inspirándose para ello en los principios que lo informan».

La actual operatividad de sus principios básicos

Pues bien, ¿cuáles son estos principios básicos o inspiradores de los Acuerdos? ¿Siguen teniendo sustancial operatividad actualmente, transcurrido un cuarto de siglo? Trataré de responder a estos dos interrogantes.

Del análisis de los propios textos se deduce que tales principios básicos son cuatro: el respeto de la libertad religiosa como derecho de la persona humana; el principio de igualdad y no discriminación por razones religiosas; la no confesionalidad o laicidad del Estado español; y, en fin, el principio de cooperación entre los poderes públicos y las confesiones religiosas y, en concreto, la Iglesia católica.

No sorprende en absoluto que sean éstos los principios que informan el conjunto de los Acuerdos, puesto que, de algún modo, son también los que se desprenden de nuestra Constitución en su tratamiento de los temas relativos al hecho religioso. Basta recordar, en este punto, el expresivo texto del artículo 16,3: «Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones».

La necesaria cooperación estatal con las confesiones religiosas

Aparte razones propiamente científicas o de teoría jurídico-técnica, la experiencia histórica y actual en el ámbito del derecho comparado demuestra que este tipo de acuerdos o convenios bilaterales constituye un excelente sistema jurídico para llevar a cabo, con seguridad y eficacia, las «relaciones de cooperación» con las confesiones religiosas de que habla nuestra Constitución. De modo que, en mi opinión, los aludidos principios básicos de los Acuerdos siguen teniendo clara operatividad actualmente. Ahora bien, ¿qué valoración de conjunto puede hacerse de los Acuerdos?

Valoración final de conjunto

Por lo que se refiere a la primera, puede decirse, como ya se subrayó por algún especialista poco después de su entrada en vigor, que el texto de los Acuerdos ofrece algunas deficiencias técnicas y una cierta ambigüedad en determinadas formulaciones. Lo cual ha permitido, en determinados períodos y específicas materias (la regulación del matrimonio, la inscripción de fundaciones, cuestiones sobre la enseñanza, o sobre servicios sociales, o sobre el patrimonio histórico, entre otras) unas unilaterales interpretaciones que, en el fondo, no respetaban en su integridad lo acordado.

Sin embargo, sus deficiencias o la falta de perfiles nítidos en la regulación de distintos supuestos de hecho, que realmente han ido surgiendo a lo largo de estos años y que, indudablemente, pueden aparecer en el futuro, pueden subsanarse fácilmente -y, de este modo, llegar a una correcta interpretación y ejecución de lo acordado- a través del cumplimiento de lo establecido, como ya se recordó antes, en los Acuerdos de 1979: la Comisión mixta Iglesia-Estado para la interpretación adecuada de los Acuerdos.

Resulta verdaderamente ilustrativo, en este sentido, un texto normativo pactado, en 1999, entre la Conferencia Episcopal y el Ministerio de Justicia, para resolver los problemas que habían surgido sobre la inscripción de ciertas asociaciones y fundaciones de la Iglesia en el Registro de Entidades Religiosas. Con el fin de solucionar estas dificultades, se señalan unos criterios uniformes y se establecen unas «normas de procedimiento, que en ningún caso significan renuncia o modificación alguna a lo establecido en los Acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español, de 3 de enero de 1979».

Y, en fin, con expresiones verdaderamente gráficas, se pone de relieve, una vez más y a través de cuestiones prácticas, la utilidad de los medios pactados o convenidos en esta materia relativa al tratamiento del hecho religioso por parte del Estado, es decir, al relieve en el ámbito civil del fenómeno religioso.

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