Noticias© Comunicación Institucional, 27/09/2005

Universidad de Navarra

Una sentencia ejemplar y discutible

Autor: Eduardo Ruiz de Erenchun
Profesor de Derecho Penal
Universidad de Navarra

Fecha: 27 de septiembre de 2005

Publicado en: Diario de Navarra

Acabamos de conocer la sentencia que la sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha dictado en el conocido como caso de la "cédula española de Al Qaeda". Sus 445 folios -merced a los adelantos tecnológicos y buena labor de los gabinetes de prensa impulsados por el Consejo General del Poder Judicial- estaban disponibles a las pocas horas en las ediciones electrónicas de los principales medios de comunicación.

La sentencia presenta varios aspectos destacables y sumamente novedosos. Una primera lectura permite calificarla como ejemplar y discutible, en el sentido que voy a exponer.

La "reducción" de penas

Lo primero que llama la atención es la imposición de unas penas muy por debajo de lo solicitado por el Ministerio Fiscal. Conviene recordar que solicitaba casi 75.000 años de prisión (probablemente la mayor petición que haya habido en España) para tres procesados. Y la máxima pena que se ha impuesto a uno de ellos es de 27 años de prisión. La explicación es muy sencilla. El fiscal los consideraba coautores de los atentados contra las torres norte y sur del World Trade Center (casi tres mil asesinados). Y la Audiencia Nacional ha entendido que su única actividad probada fue conspirar (es decir, ponerse de acuerdo sobre) un homicidio terrorista, pero que más allá de ello no hay el más mínimo indicio de que participaran en la ejecución del atentado propiamente dicha.

Aunque pueda parecer sorprendente la "enorme" disparidad de criterios entre dos instituciones como lo son el Ministerio Fiscal y el tribunal juzgador, es importante advertir que son frecuentes los casos en los que los jueces y magistrados aplican penas muy por debajo de lo solicitado por los fiscales. No debe producir alarma sino alivio ya que es síntoma de un correcto y sano funcionamiento de nuestra Administración de Justicia.

La globalización de la prueba en el proceso penal

Probablemente el aspecto más destacable de la sentencia sea que se ha servido como base para la condena de un ingente material probatorio obtenido fuera de nuestras fronteras. Y este es probablemente el aspecto más discutible de la misma, por lo que habrá que esperar a las sentencias que, con seguridad, dictarán tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional para conocer si, como se aventura, la delincuencia globalizada puede combatirse con pruebas globalizadas. Lo que es evidente es que nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal, que data de 1882, debe ser reformada con absoluta urgencia para evitar problemas de tanta trascendencia como este. Sin ánimo de ser exhaustivo, me permito destacar el origen de alguna de las pruebas empleadas: material incautado en los registros de la cédula de Hamburgo, tras el 11-S; faxes enviados en 1996 y obrantes en sumarios que habían sido archivados por falta de pruebas; documentación intervenida por el Ejército británico tras la ocupación de Afganistán; informes de la Comisión Nacional de Investigación por los ataques terroristas del Congreso de los Estados Unidos; informes de las autoridades italianas; comisión rogatoria de Bélgica y un video intervenido durante la guerra de Chechenia y que fue entregado a un ministro español (sic).

Parece lógico que la vía adecuada para combatir la delincuencia organizada a nivel mundial es la admisión de las pruebas obtenidas a nivel mundial. Ahora bien, surgen ciertas dudas, por ejemplo, con el material incautado durante una guerra por soldados de un Ejército ¿puede afirmarse que esto se ha hecho respetando las garantías de los ciudadanos? Y en cualquier caso, esas dudas no las resuelve en absoluto la decimonónica ley que padecemos y que, como he explicado, debe ser reformada con verdadera urgencia.

La condena del "periodista" Alony

Es otro de los aspectos que resulta discutible. Un resumen de la fundamentación lo encontramos en la página 309: "Y Taysir los ayudó, no por gratuita concesión, inherentes a los favores que todo buen musulmán debe dispensar a sus semejantes, sino para obtener de esos individuos exclusivas y enriquecedoras informaciones sobre Al Qaeda y el régimen talibán, constituyéndose este, en cuna de aquella en el territorio afgano. Y como la verdad informativa, como todas las verdades, no puede obtenerse a cualquier precio, Taysir Alony Kate, al querer obtenerla auxiliando a individuos del calibre de Mustafa y Mohamed incurrió en el delito de colaboración con organización terrorista".

No me atrevo a profundizar en estos momentos en la relevancia de las afirmaciones de la Audiencia Nacional. Pero sí puedo augurar que, desde este momento, el "caso Alony" pasará a ser objeto de debate y discusión en todas las facultades de comunicación, al incidir sobre el derecho a la información y el derecho penal. ¿Podrá un periodista pagar por una exclusiva de un terrorista?

La ejemplaridad de la sentencia

Decía al principio que la sentencia es ejemplar. En efecto, uno que ha leído miles de sentencias de los diferentes tribunales españoles y extranjeros, puede afirmar sin lugar a dudas que es una de las mejores que existen en su ingente esfuerzo para explicar no ya a los juristas sino sobre todo a los ciudadanos, los razonamientos por los que llega a sus conclusiones condenatorias y absolutorias. El Tribunal ha estado a la altura de la complejidad, importancia y trascendencia de un caso que ya es una referencia para los próximos juicios que por hechos similares han de celebrarse en muchos países de Europa. Se podrá estar o no de acuerdo con la sentencia pero lo que es indiscutible es la claridad y transparencia del razonamiento empleado, lo cual es fundamental para que el Estado de Derecho siga funcionando.

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