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25/06/2009

¿Secreto de sumario?

Autor: Juan Carlos Orenes Ruiz
Profesor asociado de la Facultad de Comunicación
Universidad de Navarra

Fecha: 25 de junio de 2009

Publicado en: Diario de Navarra

Las continuas apariciones, en los medios de comunicación, de datos amparados por el secreto sumarial en asuntos tan significativos para la opinión pública como los casos Gürtel y Marta del Castillo evidencian la debilidad de la institución del secreto del sumario en nuestro ordenamiento. La crisis del secreto viene de lejos, y no es ajena a esta situación su deficiente regulación legal, contenida en la decimonónica Ley de Enjuiciamiento Criminal. El magistrado Gimeno Sendra, hace unos años, se refirió en una sentencia al secreto de sumario como un secreto “a voces”. Más recientemente, el presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, en su comparecencia ante la Comisión de Calificación del CGPJ, cuando todavía era candidato a dicha plaza, señaló que “sería necesario evitar todas aquellas informaciones o filtraciones que tanto daño hacen a la imagen de la justicia”; lo paradójico del asunto es que conocemos estas declaraciones, precisamente, porque la grabación de las comparecencias de los candidatos fue filtrada a un conocido diario de tirada nacional. Un correcto entendimiento del secreto sumarial, de acuerdo con la Constitución, impide considerarlo como un límite a la libertad de información en el sentido de sustraer una determinada parcela de la realidad a la opinión pública.

El secreto afecta, únicamente, a las diligencias contenidas en las propias actuaciones judiciales y no a aquellas informaciones que puedan obtenerse fuera o al margen. El Consejo de Europa advierte que existe un incuestionable interés público por conocer los resultados de las investigaciones que se realizan para el esclarecimiento de los hechos delictivos y el desarrollo de la instrucción judicial.

Para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, una prohibición absoluta de publicar cualquier noticia sobre un asunto que está bajo secreto de sumario supone una restricción injustificable a la libertad de información. A pesar de los problemas que genera su aplicación, el secreto sumarial no deja de ser un útil instrumento para la consecución de determinados fines. Así, el más evidente, es que garantiza el éxito de determinadas investigaciones que podrían quedar frustradas con una temprana publicidad. Durante la práctica de las primeras diligencias de investigación, y a la espera de que su resultado desvele si existen o no indicios racionales de criminalidad contra una determinada persona, el secreto es un medio eficaz para proteger el honor y la presunción de inocencia.

Es inaceptable que mediante el parcial goteo de datos que figuran en un sumario se propicie el paralelo enjuiciamiento en los medios de individuos que ni tan siquiera conocen el contenido de las actuaciones que se siguen contra ellos y que, en ocasiones, ni tan siquiera poseen el status de imputado. No podemos llamarnos a engaño, las filtraciones responden a intereses que, desgraciadamente, no siempre corren paralelos al deseo de colaborar con la Justicia. Dicho esto, el secreto debe ajustarse a parámetros de racionalidad y proporcionalidad, no puede constituir una medida general sino excepcional, tanto en su aplicación como en su duración; además, durante el transcurso de este periodo es imprescindible que los medios cuenten con un mínimo de información fiable que puedan transmitir a los ciudadanos y que no comprometa los valores que trata de preservar el secreto.

El mayor problema del secreto sumarial es la práctica imposibilidadde aplicar las consecuencias jurídicas que las leyes tienen previstas en caso de vulneración. El delito de revelación de actuaciones procesales declaradas secretas, del artículo 466 del Código Penal, es un delito de propia mano, esto es, sólo puede cometerse por las personas que en él se mencionan: abogados, jueces, fiscales, funcionarios de la Administración de Justicia… Esto supone que no podamos considerar autores de este delito a los periodistas que publican los datos previamente filtrados; del mismo modo, resulta muy problemático considerarlos cómplices o cooperadores necesarios. Todavía más, las pesquisas judiciales para averiguar el origen de las filtraciones nunca llegan a buen puerto, al encontrarse con el insalvable obstáculo de la alegación periodística del derecho fundamental al secreto profesional. La solución al problema no es fácil, la reforma legal resulta cada día más necesaria. En esta materia, como en tantas otras, los códigos deontológicos se muestran ineficaces. Es preciso dotar a los jueces de Instrucción de instrumentos normativos que les permitan, en los casos en que resulte imprescindible, prohibir expresamente la publicación de datos obrantes en el sumario que sean objeto de una ilícita filtración. Del mismo modo, deben establecerse de forma taxativa las consecuencias jurídicas del incumplimiento de tal prohibición.

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