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El marqués de Garrigues y la libertad religiosa en el derecho español
Autora:María Blanco
Profesora de Derecho Eclesiástico del Estado
Universidad de Navarra
Fecha: 25 de febrero de 2004
Publicado en:  Expansión (Madrid)

Desde hace ya algunos años he centrado mi atención en el tema la libertad religiosa y su plasmación en nuestro ordenamiento jurídico a partir del impulso de la Declaración del Vaticano II del año 1965. Se trata de una época en la que los derechos de libertad no tenían los claros perfiles -ni científicos, ni prácticos- con los que hoy aparecen definidos. Sin embargo, como en todo momento histórico, siempre hay personas que, adelantándose a su tiempo, bien sea por sus dotes intelectuales, su buen hacer o por una percepción genuina u original, aprecian el calado de los problemas y colaboran en su resolución, dejando una impronta de tal entidad que difícilmente la historia les puede hacer justicia.

Cuando se han cumplido cien años del nacimiento de Antonio Garrigues Díaz-Cañabate, pienso en el destacado e insustituible papel que desempeñó no sólo en la Ley de Libertad Religiosa de 1967 (la primera Ley sobre esta materia que estuvo vigente en España) sino, fundamentalmente, en la revisión del Concordato de 1953.

El estudio de las causas de esa revisión concordataria es una cuestión que ha despertado el interés de los historiadores. Esa reforma no había sido propiciada sólo por los hechos de la vida española, sino también -muy particularmente- por acontecimientos eclesiales; entre los que destaca, sin lugar a dudas, la celebración del Concilio Vaticano II.

El Concordato debía ser revisado porque ya a los relativamente pocos años de su firma resultó inadecuado. Las autoridades competentes dentro del Ejecutivo español para iniciar las conversaciones con el Vaticano fueron altas personalidades de los Ministerios de Justicia y Asuntos Exteriores. Nombres a los que, sin lugar a dudas, hay que referirse son los siguientes: Fernando Mª Castiella (Ministro de Asuntos Exteriores); Alfredo López (Subsecretario del Ministerio de Justicia); y Antonio Garrigues (Embajador de España ante la Santa Sede), por un lado; y por otro, Casaroli -del Consejo para los Asuntos Públicos de la Iglesia, ahora Secretaría de Estado de las Relaciones con los Estados-.

Momento de particular intensidad fueron los meses de abril a julio de 1968. El Papa y Franco se cruzaron unas cartas que reflejan con nitidez ambas posturas: por un lado, la simple petición de la Santa Sede de la renuncia al privilegio de presentación de obispos; por otro, la favorable disposición del Jefe del Estado español a atender esa solicitud, pero en el marco de la revisión completa del Concordato, teniendo en cuenta los principios del Concilio Vaticano II.

Resumidamente, podemos decir que el tema relativo al nombramiento de obispos se convirtió en el caballo de batalla de una negociación que duró más de diez años -a pesar de la buena disposición de ambas partes-.Durante esa negociación, las conversaciones diplomáticas, los estudios, informes de peritos, los embates de la prensa, la opinión internacional, son coordenadas en las que Garrigues se mueve con una destreza e integridad que al estudioso no le pueden pasar inadvertidas.

La lectura de la correspondencia y de la documentación de la época ayuda a delinear el talante del entonces embajador de España ante la Santa Sede quien, por razones de oficio, tuvo en esta materia especial protagonismo. Aunque, evidentemente, el oficio puede ser desempeñado de variadas maneras.

A mi modo de ver Garrigues, curtido en las artes de la diplomacia, se distingue, fundamentalmente, por su buen hacer y por su audacia, que adquiere seguridad por la propia firmeza de sus convicciones bien sean éstas jurídicas, políticas o personales. Desde el inicio, se muestra un convencido de la libertad religiosa en una época, insisto, en la que el arnés jurídico en España dificultaba la introducción de nuevos principios constitucionales o de derechos de libertad.

Para muestra, basta un botón. He aquí unos expresivos textos de una de las cartas que, en relación con las laboriosas negociaciones concordatarias, escribe al Ministro Castiella: «No creo que haya razón suficiente, al menos vistas las cosas desde aquí, para dejar que pase más tiempo y que sean otros los que hagan esta labor y obtengan este fruto de intervenir en algo que es tan importante para España como para la Iglesia». Y añade: «yo te ruego pues, una vez más (...) pongas en el primer plano de tus preocupaciones y actividades este asunto, que no es ciertamente de aquellos sobre los que es "urgente esperar" sino todo lo contrario» (Carta de Garrigues a Castiella, de 19 de octubre de 1967).

Indudablemente el Marqués de Garrigues, desde su atalaya centenaria, puede mirar con sosiego, pero al mismo tiempo con orgullo, la tarea por él desempeñada en relación con no fáciles cuestiones y sentir la noble satisfacción del deber cumplido con clara y eficaz competencia.

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