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24/12/2008

Contra el fraude fiscal, el terror fiscal

Autor: Javier Sáenz de Olazagoitia
Profesor de Derecho Tributario
Universidad de Navarra

Fecha: 24 de diciembre de 2008

Publicado en: La Razón (Madrid)

Quienes nos resistimos a dejar de creer en los principios jurídicos construidos por la mejor doctrina tributaria, cada vez nos sentimos más lejos de la realidad legislativa española. El próximo posible atropello a la seguridad jurídica, esencial en la configuración y aplicación de impuestos, es el Anteproyecto de Ley Orgánica que reforma el Código Penal. Su exposición de motivos alega "la imposibilidad técnica de su detección y comprobación en los plazos hasta ahora previstos", para proponer que el de prescripción de los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social pase de 5 a 10 años. Cuando un contribuyente no cumple sus plazos, asume las consecuencias. Pero cuando la Administración no cumple, que no se esfuerce. Si se puede dar más plazo… y además con mayor coacción. Y sin otras justificaciones más "sesudas", porque no pueden cumplir con su deber, y punto. ¿No sería más propio de un Estado de Derecho unas normas más claras, gestiones más eficaces o medios más adecuados para cumplir?

Advertimos que esta vía puede convertirse en un mecanismo legal para "defraudar" –valga el contrasentido- la legislación tributaria, permitiendo liquidar tributos a los jueces cuando ya habrían prescrito. Es decir, se podría condenar por un delito contra la Hacienda cuando propiamente no se debe nada a Hacienda. Para ello se utiliza la artimaña de "crearla" en el proceso penal y se viste de responsabilidad civil subsidiaria. Además, la instrucción de estos delitos da lugar a plazos e incertidumbres insostenibles. ¿Qué finalidad tiene una pena después de 15 años de dejar de pagar un impuesto? Las inseguridades se derivan de la función –de facto- de los proceso penales para el pago, fuera de contexto y sin especialización. Normalmente, los jueces y los fiscales no son expertos, con lo que asumen mayoritariamente la opinión del inspector de Hacienda -que es parte- como argumento pericial, con riesgo para el derecho a la defensa en una materia tan compleja y discutible. Por no meternos en la sancionabilidad de muchas conductas tributarias sin la necesaria tipificación… ¿Cabe mayor inseguridad jurídica?

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