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Gestión de la sanidad: habrá desigualdades ¿por qué no?

Autor: Francisco Errasti
Director del Programa Biomédico
Universidad de Navarra
Fecha:  21 de enero de 2002
Publicado en:  Diario de Navarra

Estrenamos el nuevo año con las transferencias sanitarias a las diez Comunidades Autónomas (CCAA) que todavía no las tenían. Aunque el sprint final puede haber ofrecido una imagen de rapidez en su culminación, no se puede olvidar que otras autonomías, como Cataluña, el País Vasco o Navarra vienen gestionando la sanidad desde hace más de una década. Han tenido que pasar nada menos que quince años y medio desde que la Ley General de Sanidad (25.IV.1986) diseñase el Sistema Nacional de Salud basado en la gestión sanitaria por parte de las CCAA. Al final ha resultado una carrera algo más que de fondo, con no pocas dificultades de negociación por la falta de un marco de transferencias claro.

Es evidente que el sistema sanitario del que disponemos, aunque mejorable, es razonablemente bueno. Los hospitales del Sistema Nacional de Salud son, -con algunas excepciones, pocas, del sector privado- los que están mejor dotados desde el punto de vista de estructura y tecnología. Y, sin duda, también de personal cualificado en condiciones de abordar cualquier problema de salud en todo momento. La consecución de la universalidad y la equidad es un logro social que apunta mucho más allá de lo estrictamente político. El derecho a la asistencia sanitaria -que no a la salud, como equívocamente se esgrime con frecuencia- satisface, en un ámbito solidario, una de las preferencias sociales más arraigadas y deseadas.

Además y no es poca cosa, se afirma que el acuerdo al que se ha llegado apuntala el principio de suficiencia y corresponsabilidad. Suena muy bonito, pero habrá que verlo, porque nada de esto parece fácil -especialmente en el sector sanitario que tiene tantos puntos de fricción- si no se aplican criterios de racionalidad.

Se ha aireado, como si de algo novedoso se tratase, la cifra billonaria que han supuesto las transferencias. Pero nadie ha hecho referencia alguna a la manera cómo se utiliza esa enorme cantidad de dinero. Hasta ahora, las transferencias sanitarias han supuesto seguramente una mayor cercanía hacia los ciudadanos, pero tan cierto como esto es que se han utilizado para dotarse de una autosuficiencia sanitaria, sin tener en cuenta sus costes y especialmente las ineficiencias que ello acarrea.

Una de las cuestiones cruciales de la asistencia sanitaria y parámetro indudable de la buena gestión, -ya que dispondrá siempre de recursos limitados- es la obtención de la mayor productividad. Es decir, manteniendo la calidad científica-técnica, lograr el mayor ratio de resultado-coste posible. Saber quién lo hace mejor y al menor coste. En ocasiones los ejemplos pueden resultar ilustrativos: ¿Son las listas de espera -verdadera lacra de una sanidad socializada y burocrática- consecuencia de una falta de financiación o por el contrario el resultado de un sistema que es incapaz de adaptarse a una economía de coste-beneficio? ¿Tiene sentido que un gran hospital terciario pretenda realizar las intervenciones de apendicitis a un coste que puede resultar el doble que si se hiciera en un centro de otro nivel cuya infraestructura -notablemente inferior- permite llevar a cabo esas intervenciones con un consumo de recursos mucho menor? ¿Es razonable que todas las autonomías pretendan tener centros de trasplantes de cualquier órgano, cuando la única razón que lo justifica, en algunos casos, es la de satisfacer el mercado político de votos, ya que resulta más barato y eficaz enviarlos a otras Comunidades?

Médicos, responsables de la calidad y el coste

La descentralización es positiva, sin duda. Pero surgirán las desigualdades y cada vez más acusadas, por mucho que el ministerio haya redactado el borrador de la ley de Coordinación Sanitaria para que se ofrezca en todas las Comunidades el mismo catálogo de prestaciones.

De hecho ahí están algunas de esas -todavía pequeñas- desigualdades: determinados medicamentos excluidos del último "medicamentazo", no lo han sido en Andalucía -es curioso, esta Comunidad tiene la lista de espera de operaciones quirúrgicas más elevada- y Navarra. También en Andalucía -de nuevo- la operación de cambio de sexo se financia con cargo a las arcas públicas, algo que no sucede en el resto. En el País Vasco se ofrece una mayor extensión de la prestación en materia de salud bucodental para niños, etc.

Las verdaderas desigualdades surgirán en todo aquello que haga referencia a la eficaz gestión de los recursos y especialmente a la auténtica calidad en la atención de los pacientes.

Y sin duda, son los médicos -tantas veces olvidados- los actores reales de ambos enfoques: responsables de la calidad y el coste de las prestaciones sanitarias. Dignificar la profesión médica que actúa con una relación doble de agencia -ante el paciente y la propiedad del hospital- es tanto reconocer su responsabilidad como dotarle de la suficiencia salarial acorde con aquella y si ésta fuese variable -no todos los médicos trabajan igual- tanto mejor.

Una buena gestión pasa por la autonomía de los hospitales, esa misma autonomía que las CCAA desean y han recibido del gobierno central. Y si el gasto de personal de un hospital supone alrededor del 60-70% del total, la gestión de los recursos humanos es de capital importancia. ¿Es tan difícil gestionar con criterios profesionales? ¿No se trata de nuestro dinero, el de todos?

Pero hay más. La buena red de atención primaria -los médicos de familia han de tener mayor protagonismo- resulta esencial para evitar el abarrotamiento de muchos hospitales y el tumulto de sus urgencias. Estas no pueden convertirse -como sucede en muchos casos- en el "truco" para evitar las listas de espera.

Nadie pone hoy en duda la legitimidad y desde luego el acierto de que el Estado asuma la financiación universal, vía impuestos, de la asistencia sanitaria. Otra cosa más discutible es si la provisión de los servicios asistenciales debe realizarla con sus propios medios: está demostrado que el Estado "proveedor" es menos eficaz que el Estado "contratista" donde el trabajo se realiza según estándares y a menor coste. Y eso, por mucho que algunos se empeñen en atemorizar con la supuesta privatización de la sanidad. Lo que no quieren es la competencia, que tanto propugnan para otros sectores.

Han pasado diez años desde el Informe Abril. Fue enterrado por motivos inconfesables. Algunas de las medidas que propugnaba volverán a resurgir por su sensatez. Lo veremos.

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