Noticias© Comunicación Institucional, 20/03/2007

Universidad de Navarra

La larga marcha hacia el capitalismo

Autor: David Baquero
Cátedra Garrigues de Derecho Global
Universidad de Navarra

Fecha: 20 de marzo de 2007

Publicado en: Expansión (Madrid)

La Asamblea Popular Nacional China ha promulgado una ley que protege, de manera explícita, la propiedad privada. La medida, que fue retirada intempestivamente hace un año, es heredera de las reformas económicas de Deng Xiaoping y ha tenido un período de gestación de 14 años. Fue necesario reformar las Constitución de 2004 para configurar un marco legal en el esta norma pudiera acoplarse.

La ley intenta crear un marco jurídico más seguro para empresarios y propietarios de clase media que son, en gran medida, los artífices del resurgimiento de la economía del gigante asiático. Las cifras de crecimiento de la clase media son, simplemente, sobrecogedoras: de un 99,3% de pobres que había en 1985, se ha descendido en sólo diez años al 77,3%, lo que significa que el 22% de los chinos han logrado niveles de vida que les permiten acceder, entre otras cosas, a la compra de viviendas y vehículos.

Podría pensarse que el creciente bienestar económico permitiría que la tramitación de la ley transcurriese sin mayores incidentes, pero el ala más izquierdista del Partido Comunista ha contraatacado con duras críticas. Éstas, si bien no se han visto reflejadas en la votación final (99.1% de los 2,889 de los legisladores votaron a favor), sí han hecho del Gran Salón del Pueblo de Pekín el escenario de su frustración.

El gobierno, por su parte, prohibió a los medios cubrir las deliberaciones de los diversos proyectos, en un vano intento por ocultar los desencuentros del monolítico Partido Comunista. Sin embargo, los problemas se agudizaron hace un año, cuando la ley fue retirada de la agenda legislativa de manera intempestiva, sin explicaciones oficiales. En aquel momento, las críticas de los izquierdistas más ortodoxos fueron más lejos de lo acostumbrado: se hizo público un proyecto de ley de propiedad que se discutió en la Asamblea. Estrategia arriesgada, sin duda, para un país en el que el proceso legislativo se tramita, prácticamente, en secreto.

Las cosas han cambiado. Los máximos dirigentes del partido -afines a la ley- intentaron guardar la mayor discreción; tanto es así, que el día de la apertura de las dos semanas legislativas no se mencionó el tema, aunque los medios sabían lo que se urdía en la trastienda. Los opositores critican la ley por considerarla poco enérgica a la hora de diferenciar la propiedad producto del trabajo propio y la propiedad pública que -según ellos- cae en manos privadas, merced a la corrupción. El ala izquierdista sostiene que las medidas políticas implementadas por el gobierno enriquecen a las elites a costa de los más necesitados y el medio ambiente. Para ellos, China no puede dar la misma protección a lo público y a lo privado y seguir llamándose socialista.

Los chinos han comprado y vendido libremente los derechos de uso sobre sus bienes gracias a la reforma de la Constitución del 2004, donde el derecho a la propiedad privada ya era mencionado, pero estas transacciones estaban sujetas a un vacío legal. La ley de la propiedad privada precisa este derecho a lo largo de un corpus único, articulado en cinco partes, divididas, a su vez, en 19 capítulos y 247 artículos que establecen el mismo nivel de protección para la propiedad estatal, colectiva e individual.

La tierra sigue siendo del Estado. Sin embargo, se la puede usufructuar durante 70 años, por lo que se plantea la duda de qué ocurrirá con las viviendas construidas tras ese tiempo. La clase media ha alimentado el boom económico negociando con el derecho a usar la propiedad hasta por 70 años. La ley regula este comercio pero dista mucho de ser una reglamentación completa.

La nueva normativa intenta clarificar el patrimonio de cada individuo, pero como un guiño a la izquierda más radical -y en detrimento de los agricultores más pobres-; mantiene la figura de la tierra rural colectiva: el suelo seguirá en manos del Estado y los campesinos podrán renovar su derecho a usufructuarla, pero no podrán hipotecarla ni adquirir títulos individuales. Los terrenos colectivos rurales serán protegidos contra intromisiones estatales y se mantendrá el derecho de posesión de los campesinos comunitarios. El derecho de expropiación no desaparece pero, en caso de ser necesario, las comunidades podrán ser indemnizadas con el valor comercial de la tierra. La ley también regula los derechos de propiedad derivados de la herencia; en este sentido, establece que “las personas individuales tienen derecho a disfrutar de los bienes inmuebles adquiridos con sus ingresos legales, así como a heredarlos”.

Los líderes supremos del partido comunista justifican la norma presentándola como la expresión jurídica de un socialismo sui géneris, donde el juego de las fuerzas del Mercado es una herramienta necesaria para el desarrollo, que no altera -según ellos-el poder central. Los que apoyaron la ley guardan silencio sobre un hecho a todas luces evidente: el socialismo en China se está vaciando de contenido. En cambio, sus detractores no parecen estar dispuestos a permitir que las últimas enseñanzas del libro rojo de Mao queden relegadas a los anaqueles de la historia. Lo aprobado por la Asamblea Popular Nacional, más que una ley, es una ruptura ideológica. Es, también, el signo inequívoco del poder de una clase dirigente que no parece estar dispuesta a renunciar al control del dragón oriental.

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