Noticias© Comunicación Institucional, 18/09/2006

Universidad de Navarra

El chófer de Bin Laden

Autor: Aparicio Caicedo Castillo
Cátedra Garrigues de Derecho Global
Universidad de Navarra

Fecha: 18 de septiembre de 2006

Publicado en: La Gaceta de los Negocios (Madrid)

El presidente de los Estados Unidos ha llamado recientemente a las puertas del Capitolio para solicitar una reforma legislativa que esclarezca el camino en la controvertida cuestión de Guantánamo. George W. Bush se adentra en turbias y agitadas aguas precisamente al aproximarse las elecciones legislativas. Después del impacto que causó la decisión del Tribunal Supremo en el famoso caso Handam v. Rumsfeld, los estrategas antiterroristas de Washington intentan replantear sus procedimientos. Los malos tratos —contrarios ordenamiento internacional humanitario— a que han sido sometidos ciertos presuntos terroristas han lanzado a la palestra democrática asuntos de gran relevancia que, por el protagonismo mundial de EE. UU., repercuten directamente en todo el orbe.

Las alarmas judiciales sonaron en 2004, con la resolución del caso Rasul v. Bush. En dicho litigio, el Tribunal Supremo estableció que los tribunales federales eran competentes para conocer los procesos legales de los presos en Guantánamo. Aquella decisión derrumbó un importante pilar argumentativo del gobierno americano. Hasta entonces, en opinión de la Casa Blanca, las personas detenidas en la base de Gitmo de la isla cubana se encontraban fuera del territorio de EE. UU y, por tanto, no tenían derecho a invocar sus pretensiones ante tribunales americanos.

El caso Handam v. Rumsfeld fue el detonante del esperado desenlace. Durante la invasión de Afganistán, en 2001, tropas estadounidenses apresaron al ciudadano yemení, Salim Ahmed Hamdan, conductor personal de Bin Laden. En 2002, el detenido fue llevado a Guantánamo. Un año después, por disposición presidencial, se procedió a enjuiciar a Hamdan, sin especificar cargos, ante una comisión militar. La orden presidencial se amparó en la autorización otorgada por el Congreso estadounidense, según la cual el primer mandatario podía ejercer toda la “fuerza apropiada y necesaria contra cualquier nación, organización o persona que hubiere planeado, autorizado, cometido o colaborado con los atentados del 11-S”. El prisionero se defendió alegando que la comisión militar encargada de su caso carecía de autoridad por dos razones: en primer lugar, porque el gobierno se había excedido en el ejercicio del mandato conferido por el Congreso al acusarle por conspiración ante una comisión a quien sólo competía pronunciarse en caso de crimen de guerra. En segundo lugar, porque los procedimientos seguidos violaban principios fundamentales del derecho militar e internacional, como el derecho a conocer las pruebas en su contra.

Finalmente, el 29 de junio de 2006, una mayoría de cinco magistrados del más alto tribunal federal dieron la razón a Hamdan. No parece casualidad que en un caso de tal envergadura, la opinión de la mayoría haya sido la defendida por el magistrado John Paul Stevens. Designado por el presidente Ford en 1975, es el más experimentado de los nueve miembros que componen la más alta instancia judicial estadounidense. La figura del voto disidente, Antonin Scalia, criticó agudamente el parecer mayoritario. Para el conservador Scalia, este fallo del poder judicial invadía un terreno de competencias reservado constitucionalmente al poder ejecutivo. Lo cierto es que el veredicto, como señala Stevens, no pretendía pronunciarse sobre la peligrosidad del presunto terrorista ni revisar las políticas gubernamentales de seguridad nacional, sino más bien afirmar con contundencia que siempre, es decir, sin excepción, han de respetarse las exigencias procesales propias de un Estado de Derecho.

Al parecer, la victoria no ha sido absoluta para los detractores de la política antiterrorista republicana. El Tribunal Supremo omitió pronunciarse sobre la constitucionalidad de los procedimientos empleados. El ente judicial únicamente determinó que los cauces seguidos por la Casa Blanca no fueron acordes con la autorización concedida por el legislativo en 2001, al amparo de las normas militares vigentes. Por eso, Bush sólo necesitaba de un par de retoques legales para recobrar legitimidad jurídica, salvando la imagen de su partido de cara a las elecciones parlamentarias que se acercan. La reforma ha sido finalmente propuesta hace unos días, el 6 de septiembre de 2006.

¿Qué es lo que necesitamos rehacer?, ha preguntado el mandatario estadounidense a los representantes del pueblo. La contestación es incierta, aunque valdría recordar, como primer paso hacia la certeza, las palabras del célebre juez norteamericano y fiscal de los afamados juicios de Nuremberg, Robert Jackson: “No olvidéis que los principios legales sobre los que hoy juzgamos a los acusados serán los mismos a los que mañana recurra la historia para juzgarnos a nosotros. Ofrecer un cáliz envenenado a estos acusados equivaldría a ponerlo en nuestros propios labios”.

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