Universidad de Navarra -                                              

[Portada]

[Campus]

[Ciencia]

[Comunicación]

[Cultura]

[Economía]

[Educación]

[Medicina]

[Sociedad]

Otros servicios:

Otros artículos de opinión

Vida Universitaria:

Tablón de anuncios:
Cambios en el web, consultas, avisos puntuales.

Archivo:


¿Todavía no se ha suscrito?:

¿Ataque armado? ¿Derecho a la legítima defensa?

Autora: Eugenia López-Jacoiste
Profesora de Derecho Internacional Público
Universidad de Navarra
Fecha: 16 de septiembre de 2001
Publicado en: El Diario Vasco (San Sebastián)
Las Provincias (Valencia)
Diario de Navarra

Todavía estamos todos traumatizados por la terrible tragedia de los Estados Unidos. No cabe duda de que semejantes ataques terroristas deliberados, cuidadosamente planeados y coordinados, no pueden quedar impunes. El terrorismo, en cualquiera de sus manifestaciones, debe ser combatido con firmeza.

Nos preguntamos ahora cómo se puede garantizar -si es que esto resulta todavía posible- que tales actos no se repitan en el futuro. El presidente Bush manifestó en su discurso a la nación que su primera prioridad era socorrer a las víctimas de los atentados y tomar las precauciones necesarias para proteger de nuevos ataques a los ciudadanos estadounidenses, tanto en su propio país como en el resto del mundo. Al mismo tiempo, se han iniciado las investigaciones encaminadas a la determinación de los responsables de estos actos diabólicos, que deberán responder ante la justicia internacional y -qué duda cabe- ante las seguras represalias norteamericanas. En este sentido, George Bush ha anunciado que no piensa hacer distinciones entre los terroristas que perpetraron el ataque aéreo y aquellos otros que, en la distancia, los apoyan. Su intención parece clara: ejercer su derecho inmanente a la legítima defensa individual o colectiva, tal y como se desprende del Derecho internacional consuetudinario y del artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. Conforme a tales normas, este derecho a la legítima defensa únicamente puede ser ejercido cuando el Estado interesado haya sido víctima de un ataque armado. Su reacción inmediata contra dicho ataque, además, ha de regirse por el principio de proporcionalidad, y la defensa sólo será legítima "hasta tanto que el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas necesarias para mantener la paz y seguridad internacionales".

Pero ¿hemos sido realmente testigos de un "ataque armado" según las normas de Derecho internacional? Los actos terroristas, por definición, no constituyen un "ataque armado" en el sentido del derecho internacional clásico. Aquéllos se podrían definir como el ejercicio de cualquier tipo de violencia por motivos políticos contra personas o bienes de otra nacionalidad. En cambio, la norma que proscribe la amenaza o el uso de la fuerza armada contempla, en principio, el ataque ejercido contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, por ejemplo, mediante la invasión de las tropas en su territorio, o el ataque por mar, tierra o aire con su arsenal bélico. De este modo, el secuestro de aviones comerciales americanos con el fin de estrellarlos contra sus propias instituciones públicas y privadas no podría considerarse ataque armado conforme el derecho internacional clásico.

Sin embargo, no podemos mantenernos en semejante interpretación literal y formalista del Derecho. En efecto, de igual manera que las relaciones internacionales evolucionan y cambian, también lo hacen las normas y principios que regulan dichas relaciones. Así pues, las normas y principios del Derecho internacional han de interpretarse de una forma teleológica y dinámica. Por ello, debemos reflexionar, en primer lugar, sobre el sentido de la prohibición del recurso a la fuerza armada en el derecho internacional contemporáneo y, en segundo lugar, si la forma concreta en que ésta ha sido ejercida contra los Estados Unidos puede considerarse una nueva modalidad de ataque armado.

En este sentido, resulta incontestable que una guerra de agresión constituye, en efecto, un crimen contra la paz y contra los derechos fundamentales de las personas, principios básicos del orden jurídico internacional. En la agresión terrorista perpetrada en Estados Unidos, el hecho de emplear como instrumento de ataque aviones comerciales repletos de pasajeros ya vulnera radicalmente los principios esenciales de humanidad y de justicia. Pero a ello se debe añadir, además, que los tipos de aviones utilizados, que no pueden ser calificados de arsenal bélico en sentido estricto, bien pueden actuar como armas mortíferas. La magnitud del daño causado resulta equiparable, sin ningún género de dudas, al provocado por el arsenal bélico convencional -lamentablemente, así nos lo ha demostrado la reciente experiencia-, y de ahí precisamente se deriva la calificación de la agresión como una modalidad de ataque armado.

De ser así, deberíamos contemplar el derecho -y el deber- de los Estados Unidos de proteger a sus ciudadanos frente a este tipo de actos. Como ya hemos anunciado, la posible respuesta en legítima defensa ha de ser inmediata y proporcional, a fin de frenar los posibles contraataques subsiguientes, y ha de dirigirse contra el agresor o agresores, hasta que la sociedad internacional organizada decida su intervención en el asunto. Estos requisitos son altamente complejos: ¿trataríase, en su caso, de una respuesta "inmediata"? ¿existe realmente una respuesta "proporcional" a la pérdida de miles de vidas humanas? ¿no existen, por el contrario otros medios de arreglo, sin causar más daños a las personas?

Por otro lado, la respuesta ha de dirigirse contra el responsable del ataque y no contra aquellos sospechosos de serlo. Ciertamente, la mayor dificultad actual reside en la determinación del autor de la masacre. Según las especulaciones hasta el momento no se descarta que algún grupo extremista altamente organizado y entrenado operase desde diversos Estados. En tal caso, no sólo los dirigentes y activistas del grupo serán los responsables, sino que también lo serán aquellos Estados que directa o indirectamente hayan apoyado tales actos. En efecto, uno de los principios de la Declaración sobre las Relaciones de Amistad y Cooperación entre los Estados conforme a la Carta de las Naciones Unidas, Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General, de 24 de octubre de 1970, recoge "el deber de todo Estado de abstenerse de organizar, instigar, ayudar o participar en actos de guerra civil o en actos de terrorismo en otro Estado, o de consentir actividades organizadas dentro de su territorio encaminadas a la comisión de dichos actos". En el caso de que se demostrara la violación de esta obligación por parte de algún Estado, al menos desde un punto de vista teórico, se podría defender el derecho a la legítima defensa norteamericana, siempre y cuando el Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas se mantenga al margen del asunto.

No obstante, considero que en estos momentos resulta un tanto precipitada una respuesta definitiva. Sea como fuere, el responsable de tales actos debería ser llevado ante la justicia internacional.

Noticia en formato texto

Página principal[Sugerencias][Arriba]