Noticias© Comunicación Institucional, 17/07/2006

Universidad de Navarra

Una sentencia histórica: Hamdan v. Rumsfeld

Autor: Rafael Domingo
Director de la Cátedra Garrigues de Derecho Global
Universidad de Navarra

Fecha: 17 de julio de 2006

Publicado en: La Gaceta de los Negocios (Madrid)

Nadie duda en calificar de histórica la sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, de 29 de junio de 2006, en el caso Hamdan v. Rumsfeld. Con esta importante y esperada decisión judicial, que, en pocas horas, ha dado la vuelta al mundo, el más alto tribunal estadounidense ha propinado un fuerte varapalo al Gobierno de Bush al declarar que el presidente se excedió en sus atribuciones creando tribunales militares en la base naval de la bahía de Guantánamo, en Cuba, utilizada en la actualidad como cárcel de terroristas internacionales.

El contundente fallo afirma que “la composición y procedimientos de estos tribunales violan, no sólo la Convención de Ginebra de 1949, sino también al Código Uniforme de Justicia Militar de los Estados Unidos”. Limita así el pretendido cheque en blanco que pensaba haber recibido Bush del Congreso de los Estados Unidos cuando le autorizó, después del atroz magnicidio del 11-S, a “emplear toda la fuerza conveniente y necesaria contra aquellas naciones, organizaciones o personas” que hubieran “planeado, autorizado, colaborado o ejecutado” el ataque aéreo.

Esta resolución permitió a Bush invadir Afganistán, en mi opinión injustamente, pero no “hacer y deshacer” libre y unilateralmente en todo cuanto afecta al terrorismo internacional. Las disposiciones internacionales sobre derechos humanos, según el Tribunal Supremo, son inderogables, también en momentos de terror y aflicción. Precisamente, para ello son establecidas, para esas circunstancias en que la mente podría quedar atrapada por el odio o la venganza. El ciceroniano dicho silent leges inter arma no es válido en la era de los derechos humanos. Humana iura clamant inter arma: los derechos humanos claman en tiempo de conflictos bélicos, cada vez, por cierto, más injustificables éticamente.

El Tribunal Supremo ha escuchado ese clamor mundial llegado por boca de Salim Ahmed Hamdan -el conductor del mismísimo Bin Laden- quien, apresado en 2001 por las tropas americanas durante la invasión de Afganistán y recluido en Guantánamo, fue sometido, en un primer momento, a un juicio sumario por crímenes indeterminados y posteriormente acusado de conspiración por un tribunal militar creado el 21 de marzo de 2002. Hamdan hizo valer su derecho al habeas corpus, tan frecuentemente restringido, cuando no olvidado, por más que se empeñe en recordarlo el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Fundó su defensa en la falta de competencia del tribunal militar para juzgar un delito de conspiración por no constituir éste en sentido técnico una violación del derecho de guerra. También alegó que durante el proceso se habían vulnerado principios fundamentales de los ordenamientos internacional y militar, y particularmente el derecho de todo acusado a ver y oír las pruebas en su cargo.

El 8 de noviembre de 2004, el Tribunal del Distrito de Columbia (en Washington) concedió la razón al demandante Hamdan, pero su fallo fue revocado el 18 de julio de 2005 por el Tribunal Federal de Apelaciones de dicho distrito. Formaba entonces parte de este tribunal John G. Roberts, actual presidente del Tribunal Supremo, por lo que se ha abstenido de conocer del caso en la más alta instancia jurisdiccional, cuando fue aceptada la revisión por ella en noviembre de 2005.

El 29 de junio de 2006, una mayoría de cinco magistrados revocó la sentencia del Tribunal de Apelaciones dando de nuevo la razón a Hamdan, como lo hiciera el primer tribunal sentenciador. El octogenario magistrado John Paul Stevens, designado por el presidente Gerard Ford en 1975, actuó como ponente de la sentencia, que contó con el apoyo de los magistrados David Souter, Ruth Ginsburg, Stephen Breyer y el californiano Anthony Kennedy. Votaron en contra el conservador Antonin Scalia, cuyos argumentos no dejan de ser sugerentes, Clarence Thomas y Samuel Alito, este último designado por el propio Bush, el 31 de enero de 2006.

Dos son a mí entender los argumentos definitivos en este caso que refleja en toda su crudeza la urgente necesidad de multiplicar los tribunales internacionales para alejarlos de los poderosos gobiernos de las naciones. El más importante es que, ni política, ni jurídica ni éticamente, el fin justifica los medios, y, por desgracia, esta verdad elemental se estaba olvidando en materia de “terrorismo internacional” tras levantarse una cruel muralla de separación entre la teoría y la práctica. El segundo argumento radica en que la democracia no sólo es aplicable en los momentos de paz y sosiego del orbe -muy escasos por cierto-, sino que debe legitimar las decisiones de mayor repercusión y calado. Bush ha pecado de excesivo presidencialismo por no acudir al congreso de la nación a tratar un tema que el Tribunal Supremo ha tenido que recordarle que era competencia del legislativo. ¡Toda una lección de democracia y derechos humanos!

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