Noticias© Comunicación Institucional, 16/04/2007

Universidad de Navarra

Conthe, ¿dimisión o cese?

Autora: Mª Amparo Salvador Armendáriz
Profesora de Derecho Administrativo Económico
Universidad de Navarra

Fecha: 16 de abril de 2007

Publicado en: Diario de Navarra

Uno de los últimos flecos de la ya larga saga de las OPAs a ENDESA es la anunciada -y no confirmada- dimisión de Manuel Conthe, presidente de la CNMV.

El Sr. Conthe ha manifestado que condiciona su dimisión a que, previamente, se le permita explicar en el Parlamento las razones que le han llevado a tomar esta decisión. El partido gobernante, mayoritario en la cámara, no parece estar por la labor de favorecer esta comparecencia. Por otro lado, algunos medios de comunicación han señalado que el Gobierno estaría estudiando la posibilidad de cesar de su cargo al presidente de la CNMV; se baraja incluso nombres para su sustituto.

Esta situación -al margen de sus perfiles políticos y económicos- plantea un nuevo problema jurídico: ¿puede el Gobierno cesar al Sr. Conthe?

En los últimos veinte años la ordenación de los diversos sectores económicos ha incluido la creación de organismos reguladores independientes. Es el caso, por ejemplo, del Banco de España, de la Comisión Nacional de la Energía, de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y, singularmente, la CMNV, entre otros.

La independencia de estos entes, entre otras cuestiones, encuentra una de sus más importantes expresiones en el régimen de cese de las personas que conforman sus órganos rectores. Aunque el nombramiento de estos cargos viene encomendado, en la mayoría de los casos, al Consejo de Ministros -normalmente exigiéndose que tenga lugar entre personas de reconocida competencia en el sector de que se trate-, su cese sólo puede tener lugar por causas tasadas. En el caso del presidente de la CNMV, el art. 20 c) de la Ley del Mercado de Valores sólo contempla que su separación por el Gobierno pueda ser acordada si concurre un incumplimiento grave de sus obligaciones, una incapacidad permanente para el ejercicio de su función, una incompatibilidad sobrevenida o, bien, que haya sido condenado por delito doloso. Para todos estos supuestos deberá instruirse un expediente previo por parte del Ministerio de Economía y Hacienda, que lógicamente tendrá por objeto motivar y justificar que efectivamente concurre alguna de estas cuatro causas.

La situación, como he dicho, es nueva ya que hasta el día de hoy no se había planteado la posibilidad de cesar a un miembro de un organismo regulador por diferencias con el Gobierno (quizá sí la posibilidad de incompatibilidad sobrevenida, por ejemplo, en caso de nombramiento para otro cargo público).

Si finalmente el Sr. Conthe no puede acudir al Parlamento y decide no presentar su renuncia y el Gobierno decidiera cesarle, éste debería proceder a cumplir con el requisito formal que la Ley establece, abriendo el correspondiente expediente, y justificar que se da alguna de las circunstancias antes señaladas. A la luz de los datos de los que los ciudadanos disponemos, no parece que estemos ante ninguno de estos supuestos y sí ante una manifiesta diferencia de criterio entre el Gobierno y el Sr. Conthe.

Precisamente lo que el legislador ha pretendido cuando ha concretado las causas en que podrán ser cesados los miembros de estas entidades arbitrales, es garantizar su posición de independencia frente al Ejecutivo. Se ha querido que dichos cargos no estén al albur de los intereses del Gobierno que les nombró, sino al servicio de la institución que regentan. El status de independencia de estos entes descansa, de forma significativa, en la exigencia de motivos tasados para el cese de sus miembros, al margen de que existan otros aspectos que refuerzan dicha posición de independencia.

Nunca hasta esta ocasión el sistema de entidades reguladoras independientes había pasado un examen más exigente. Quiero pensar que las informaciones sobre un posible cese del Sr. Conthe por el Gobierno son erróneas. El largo, complejo y enfangado proceso de las OPAs a ENDESA ya ha dañado más allá de lo razonable la imagen internacional de nuestro sistema institucional. La opacidad y la injerencia política que han acompañado a este asunto en el último año y medio han dejado una lamentable impresión del funcionamiento de nuestras instituciones políticas y económicas. Desde esta perspectiva, ojalá que la situación no empeore.

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