Noticias© Comunicación Institucional, 15/11/2006

Universidad de Navarra

La OMC: laboratorio del Derecho Global

Autor: Aparicio Caicedo
Cátedra Garrigues de Derecho Global
Universidad de Navarra

Fecha: 15 de noviembre de 2006

Publicado en: La Gaceta de los Negocios (Madrid)

La Organización Mundial de Comercio encarna una gama muy variada de culturas y sociedades y, por tanto, un diverso catálogo de sistemas jurídicos. El 41% —Europa y América Latina— de los miembros de la Organización utilizan como pilar de su sistema jurídico el civil law; mientras que un 8% basa su ordenamiento principalmente en el common law. La desigualdad numérica que rebela esta cifra es compensada por la presencia en el grupo minoritario de potencias como Estados Unidos y el Reino Unido. Además, las estadísticas ubican a la mayoría de miembros restantes en categorías mixtas. Países como Tailandia y Malta combinan instituciones de ambos sistemas, mientras otros, como Marruecos e Israel, agregan a esa mezcla matices tradicionales y religiosos. Existen también casos muy excepcionales como el de Islas Maldivas cuyo derecho tiene como único referente el sistema musulmán.

Los efectos de esta diversidad se reflejan especialmente en el funcionamiento cotidiano del Sistema de Solución de Diferencias de la Organización. A este mecanismo institucional acuden con frecuencia los países miembros con el ánimo de encontrar un pronunciamiento jurídico a sus controversias. Si bien el único referente normativo posible para las partes son los acuerdos de la OMC, la adhesión individual de los diversos Estados a distintas tradiciones jurídicas podría condicionar sus aproximaciones interpretativas o, incluso, dificultar el intercambio de argumentos.

Así, por ejemplo, durante un litigio mantenido entre Estados Unidos y la UE, se advirtió expresamente de los problemas de comunicación que generaba para las partes la confusión mutua de dos conceptos aparentemente análogos: el de legitimación activa, propio del civil law, y el de standing, inherente a la órbita del common law. En otro caso, el órgano de apelación utilizó como argumento, para la aplicación del principio procesal “quien afirma debe probar”, que este aforismo era común a la práctica jurisprudencial del “common law y de la tradición romanista”.

Una de las diferencias básicas entre estos dos sistemas tiene que ver con la preponderancia, en uno u otro, de distintas fuentes normativas en la elaboración de argumentos legales. El jurista formado en el common law inicia la construcción de sus premisas a partir de los precedentes jurisprudenciales (case law). Su labor argumentativa consiste primordialmente en buscar similitudes y/o divergencias entre el caso actual y otros juzgados anteriormente. Por otra parte, la praxis anglosajona concede al juez un amplio ámbito de maniobra frente al marco normativo, permitiéndole una serie de valoraciones económicas y políticas que difícilmente encuentran correlato en otros sistemas. En el otro extremo, el operador jurídico de herencia civilista centrará su mirada en el texto normativo como principal referente, utilizando anteriores decisiones sólo como una herramienta más de interpretación.

Bajo esta perspectiva, la experiencia de los órganos de solución de diferencias de la OMC parece revelar que, de alguna forma, ha llegado a combinar estos dos sistemas. La lectura de los informes del Órgano de Apelación muestra recurrentes alusiones a anteriores dictámenes y una inclinación a seguir tales determinaciones de manera uniforme. Se percibe así la influencia del common law. Sin embargo, no existe un grado demasiado amplio de discrecionalidad frente al contenido literal del texto de los acuerdos. Es más, se podría decir que los criterios interpretativos, en ocasiones, se apegan exageradamente al tenor literal del tratado. En todo caso, el civil law deja su huella en esta fidelidad a la letra de los acuerdos. En definitiva, en la OMC se da mucha importancia a los antecedentes jurisprudenciales pero los órganos de solución de diferencias se cuidan mucho de exceder la norma escrita mediante apreciaciones subjetivas.

En este sentido, cabe interrogarse, por ejemplo, sobre la posible repercusión que pueda tener la procedencia jurídica de los titulares de los órganos resolutivos en sus decisiones. Es posible que estas diferencias culturales puedan causar, o no, algún grado de distorsión en el intercambio de argumentos que afecte el óptimo desempeño del mecanismo de solución. En todo caso, la estructura judicial del sistema multilateral de comercio constituye, por el momento, una exposición interactiva de las diferencias y similitudes que subyacen a estos dos sistemas jurídicos.

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