Noticias© Comunicación Institucional, 10/07/2007

Universidad de Navarra

Ciudadanía y educación

Autor: Josep-Ignasi Saranyana
Facultad de Teología
Universidad de Navarra

Fecha: 15 de julio de 2007

Publicado en: La Vanguardia (Barcelona)

La comisión permanente de la Conferencia Episcopal Española ha advertido que la nueva asignatura de "educación para la ciudadanía" puede conculcar derechos fundamentales. La argumentación es sutil y exige cierta atención.

Las nueve áreas, en que se divide el temario, respiran –según la nota episcopal– un inequívoco aire moralizador. Esto ha alarmado a los prelados españoles, que se preguntan si es realmente competencia del Estado la formación de la conciencia moral de los educandos.

No es una novedad, en la historia reciente, que las autoridades civiles hayan pretendido protagonizar la formación moral de los ciudadanos. Desde mediados del siglo XVIII proliferaron los "catecismos cívicos", como un recurso del despotismo ilustrado para inculcar en los niños los deberes y derechos del buen súbdito. Detrás de tales tentativas se ocultaba, como es sabido, una concepción del Estado, que se impuso poco a poco en la etapa positivista. Había recta intención, que, sin embargo, se llevaba a cabo con medios quizá abusivos, por invadir esferas que probablemente no eran de la estricta competencia del gobierno civil. En efecto, se discutía entonces, y más ahora, si el Estado puede mantener su neutralidad en asuntos religiosos, constituyéndose en educador moral. He aquí un problema serio, que no puede resolverse globalmente, sin un atento examen.

Por la complejidad del asunto y por ser España plural, tampoco la reacción de los distintos sectores católicos está siendo unánime ante la nueva asignatura de educación en ciudadanía, ni siquiera después de la nota episcopal. Unos han optado por la objeción de conciencia. Otros, quizá más pragmáticos, han preferido organizar la asignatura haciéndola compatible con el ideario de los centros educativos. Ambas opciones son lícitas, pues responden a esa legítima libertad social, sancionada por nuestra carta magna.

En todo caso, es digno de alabar el mismo debate, que demuestra que España ha entrado en una etapa de madurez, y que los padres, últimos responsables de la educación de sus hijos, no están dispuestos a declinar en sus obligaciones fundamentales, lo cual es muy alentador.

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