Noticias© Comunicación Institucional, 15/06/2006

Universidad de Navarra

La segunda República y la Iglesia católica

Autor: José Luis González Gullón
Becario de Investigación del CEDEJ
Universidad de Navarra

Fecha: 15 de junio de 2006

Publicado en: Alfa y Omega-ABC (Madrid)

La segunda República comenzó de modo pacífico el 14 de abril de 1931. Pasados los primeros días de incertidumbre, la Santa Sede indicó a los católicos españoles que aceptaran el nuevo régimen constituido. Este principio fue acatado por los obispos y transmitido a los fieles. Por su parte, el Gobierno provisional agradeció el gesto amistoso y anunció que sólo deseaba establecer la separación entre Iglesia y Estado.

Pronto las relaciones de la Iglesia y el régimen republicano se vieron enturbiadas. Algunos miembros del Gobierno provisional y otras personalidades pertenecientes a partidos republicanos y socialistas, así como anarquistas y comunistas, se manifestaron contra el estatuto que mantenía la Iglesia católica en el país. Con este trasfondo, el cardenal de Toledo, Pedro Segura, escribió una pastoral el 1 de agosto en la que, además de añorar la monarquía de Alfonso XIII, decía que España atravesaba una situación “grave”. La ausencia de homogeneidad en las respuestas que dieron algunos obispos a los interrogantes que planteaba la República causaron desconcierto y agitación política. Un mes más tarde, el cardenal Segura y el obispo de Vitoria, Mateo Múgica, fueron desterrados por el Gobierno provisional.

Del 11 al 13 de mayo, obreros de filiación política de izquierda quemaron en diez ciudades españolas 107 conventos e iglesias católicos. La pasividad inicial del Gobierno para repeler los desmanes, y la posterior ausencia de petición de responsabilidades, hicieron que muchos católicos desconfiaran de las autoridades republicanas y pusieran su confianza en que la futura Constitución amparara sus derechos religiosos.

El 9 de diciembre de 1931 fue aprobada la Constitución de la República española. Algunos artículos parecían necesarios y acordes con la nueva democracia instaurada, sobre todo en aquello que hacía referencia a la separación Iglesia y Estado. Otros, en cambio, fueron muy discutidos por los católicos y también por intelectuales republicanos ajenos a la Iglesia. El artículo 26 –que generó gran polémica durante su debate parlamentario y originó la retirada de las Cortes Constituyentes de los diputados católicos, con la correspondiente crisis de gobierno– sancionaba el pensamiento anticlerical de diversos políticos: establecía la disolución de la Compañía de Jesús y la nacionalización de sus bienes; la prohibición de la enseñanza a las órdenes religiosas; y el fin de los presupuestos estatales destinados al Clero y al culto católicos.

Durante los años 1932-1933, se sucedieron gobiernos de izquierda presididos por el republicano Manuel Azaña, en colaboración con los socialistas. La aprobación de las medidas previstas en la Carta Magna –disolución de la Compañía de Jesús, ratificación del divorcio, secularización de los cementerios, aprobación de la ley de control de las órdenes religiosas que suspendía algunas libertades civiles de sus miembros– no hicieron más que enardecer los ánimos de los políticos y de la prensa de derechas. Por otra parte, los planteamientos tradicionalistas imperaban en la mente de muchos católicos, con soluciones culturales que dejaban poco espacio a la libertad personal. Este clericalismo chocaba con un no menos transigente laicismo que deseaba reducir la fe a la esfera subjetiva de los individuos o anularla por completo.

La Jerarquía y el clero católico trataron de adaptarse al nuevo modus vivendi –el Concordato suscrito entre España y la Santa Sede en 1851 era papel mojado desde la aprobación de la Constitución republicana– y se crearon o impulsaron nuevas acciones destinadas a contrarrestar las medidas que, a su entender, lesionaban sus derechos. Las disposiciones más importantes fueron: la erección de una caja central en cada diócesis para pagar al clero; el seguimiento de la enseñanza de la religión católica en las parroquias para compensar el déficit formativo que podía originarse en las escuelas públicas; el impulso notable de la Acción Católica como modo de penetración social del pensamiento y de la fe cristianas a través de los bautizados laicos.

El triunfo de las candidaturas de centro y de derecha en las elecciones de noviembre de 1933 pusieron fin a las reformas de carácter anticlerical y laicista. La CEDA, partido de orientación cristiana de derechas, dejó en suspenso la ley de congregaciones y órdenes religiosas, de modo que éstas mantuvieron sus colegios y la enseñanza de la religión. En cambio, no se modificaron sustancialmente el conjunto de leyes aprobadas en el bienio anterior porque se deseaba antes establecer conversaciones con la Santa Sede con el fin de firmar un nuevo Concordato.

Durante la revolución de Asturias en octubre de 1934, treinta y tres religiosos y sacerdotes fueron asesinados por obreros y sindicalistas. De nuevo el laicismo intelectual –algunos de los artífices de la revolución habían sido los socialistas Francisco Largo Caballero e Indalecio Prieto– daba paso a la acción violenta de las masas anticlericales. Tras los escándalos políticos de 1935, las elecciones de febrero de 1936 otorgaron la victoria al Frente Popular, que unía una amplia coalición de partidos de izquierda. Desde ese mes, el desorden público fue algo frecuente en muchas ciudades españolas; diversos presbíteros, religiosos e iglesias padecieron ataques violentos. Nada más proclamarse la guerra civil el 18 de julio de 1936, algunos elementos extremistas, amparándose en una pretendida legalidad revolucionaria, asesinaron a clérigos y laicos católicos por el mero hecho de ser creyentes.

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