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15/03/2009

Realismo para buscar soluciones

Autor: Sandalio Gómez
Profesor del IESE
Universidad de Navarra

Fecha: 15 de marzo de 2009

Publicado en: La Vanguardia (Barcelona)

En los últimos meses han aumentado las voces en importantes instancias que abogan por una urgente reforma del marco laboral, mientras desde el Gobierno se mantiene una postura monolítica de no adoptar ninguna medida que "crispe" el clima social. Esta es la razón que aducen los sindicatos para no plantear una huelga general. Destacados economistas, el Fondo Monetario Internacional, la CEOE e incluso el gobernador del Banco de España plantean la necesidad de abordar a fondo un cambio estructural de nuestras relaciones laborales, aconsejan adoptar medidas concretas acordes con la gravedad de la situación del mercado laboral.

Desde la CEOE se ha planteado la creación de un nuevo contrato, que se ha bautizado de "crisis", y se ha defendido, al mismo tiempo, que ese contrato llevara consigo una reducción de la indemnización, en caso de despido disciplinario improcedente, hasta dejarla en 20 días. También se ha reclamado eliminar la preceptiva autorización administrativa en los despidos colectivos.

Hay que decir que ninguna de estas dos peticiones resulta novedosa. En los meses anteriores a la reforma del año 1994 se reclamaban las mismas medidas con el objetivo de competir con el resto de los países de la Unión Europea en condiciones similares y, a la vez, disminuir la temporalidad de los contratos y combatir el paro.

En aquella ocasión, se modificó el Estatuto de los Trabajadores, buscando una solución salomónica que pretendía contentar a todos, a los empresarios que la apoyaban, y a los sindicatos que se oponían. En definitiva, no satisfizo a ninguna de las partes ya que se aprobó en medio de una huelga general convocada por los sindicatos en protesta contra la reforma, mientras los empresarios la tildaban de tibia y poco ambiciosa. Se mantuvo la indemnización por despido improcedente en 45 días, pero se potenció el despido por causas objetivas, al añadir una nueva: razones económicas, tecnológicas u organizativas. El despido objetivo declarado procedente supone una indemnización de 20 días con un tope de un año. Se ampliaba, con esta medida, un cauce de despido más barato, el despido objetivo (para contentar al empresario), pero se mantenía el coste por despido disciplinario (para contentar a los sindicatos).

No se eliminó la necesidad de aprobación del despido colectivo por parte de la Administración (para contentar a los sindicatos), pero se dejó de llamar despido colectivo cuando los afectados no llegaran a un 10% de la plantilla, con un tope de treinta trabajadores (para contentar básicamente a las medianas y pequeñas empresas).

Han pasado quince años y la verdad es que volvemos de nuevo a la carga con las mismas peticiones, eso sí, en un marco mucho más grave, inmersos en una profunda crisis económica. La obsesión de las reformas propuestas vuelve a girar sobre la reducción de los famosos 45 días. Es decir, conseguir que el despido libre actual, enmascarado en una causa disciplinaria, la mayoría de las veces ficticia, sea más barato. En la seguridad de que el Gobierno y los sindicatos van a rechazar esta petición de manera frontal, me atrevería a hacer una propuesta que permitiera encontrar una salida:

¿Por qué no se puede generalizar, sin condiciones y para todos los trabajadores, la posibilidad de realizar el contrato de fomento a la contratación indefinida, aprobado en la reforma del año 97, que conduce, en el caso del ejemplo anterior, a una indemnización de 33 días, con el tope de 24 mensualidades? Existe el precedente de la reforma impulsada por el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, en junio del 2006, que ampliaba este tipo de contrato a todos los trabajadores con un contrato temporal, durante un periodo de un año y medio, que finalizaba el 31 de diciembre del 2007. Esta propuesta contemplaría la posibilidad de que cualquier trabajador, sin limitación ni de situación ni de tiempo, pudiera suscribir este tipo de contrato indefinido. Se respeta la situación actual de los trabajadores que tienen suscrito un contrato indefinido normal, y se potencia un contrato que ya existe desde hace doce años, que ha demostrado su eficacia para generar empleo y se evitan los inconvenientes que presenta la creación de un nuevo contrato.

Hay que pedir al Gobierno que cumpla con su misión de tomar decisiones que resuelvan los problemas que, de manera recurrente, presenta nuestro mercado de trabajo y que nos lleva casi a doblar la media de parados de la Unión Europea. Ahora bien, también resulta razonable que las decisiones que afectan de manera sensible a sindicatos ya trabajadores deben abordarse buscando una negociación y un consenso responsable, después de un análisis objetivo de la realidad. Sólo desde el realismo se pueden consensuar soluciones válidas que, aunque exijan sacrificios a todos, nos ayuden a salir de la crisis y en definitiva, acaben siendo favorables a la mayoría de los ciudadanos.

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