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Noticias © Comunicación Institucional, 14/10/2004Universidad de Navarra
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Laicismo y razones políticas
Autor:Alfredo Cruz Prados
Profesor de Filosofía Política
Universidad de Navarra
Fecha: 14 de octubre de 2004
Publicado en:  La Gaceta de los Negocios (Madrid)

Las medidas laicistas que se están propugnando en la actualidad son presentadas por sus partidarios como nuevos pasos en la secular lucha del Estado por emanciparse de la tutela de la Iglesia y poner coto a la tradicional ambición eclesiástica de entrometerse en las cuestiones políticas. Se proclama que en estas medidas no hay nada de animadversión antirreligiosa, sino escrupulosa tolerancia y exquisito respeto hacia todas las religiones. Pero, en verdad, esta autopresentación del laicismo poco tiene que ver con la realidad, y manipula la historia, haciendo de ésta una simplista película de buenos y malos.

Durante siglos, la lucha que tuvo lugar fue tanto la del Estado -usando este término de manera imprecisa- por consolidar su poder frente a la Iglesia, cuanto la de ésta por defender sus competencias frente a las intromisiones del Estado. El laicismo actual nada tiene que ver con aquel prolongado debate entre la Iglesia y el Estado, y no representa en absoluto la continuación de la lucha del poder político por defender sus propias competencias. En una sociedad como la nuestra, en la que la independencia entre el Estado y la Iglesia está unánimemente reconocida y firmemente institucionalizada, y constituye un patrimonio cultural de creyentes y no creyentes, las propuestas laicistas nada tienen que ver con la defensa de la capacidad del Estado para decidir sobre sus propios asuntos. Esta capacidad no se ve fortalecida por la introducción de medidas laicistas, ni resulta recortada por el rechazo de tales medidas.

En nuestra situación, los afanes laicistas no afectan en verdad a la relación entre la Iglesia y el Estado, sino a una materia distinta e interna al mismo Estado: la relación de éste con sus propios ciudadanos. Lo que está en juego en este debate es el tratamiento político que, en el seno del Estado, debe darse al hecho insoslayable de que millones de sus ciudadanos profesan una religión.

Lo que el laicismo pretende es que la condición ciudadana de los individuos se defina de espaldas por completo a la identidad religiosa que los mismos individuos puedan tener. En la esfera pública, en sus instituciones, actividades y debates, la condición religiosa de los ciudadanos no debe adquirir ninguna presencia, ni debe ser objeto de consideración alguna. El ciudadano que posea una identidad religiosa ha de hacerla completamente invisible al entrar y participar en la vida ciudadana.

¿Por qué debe ser así? Si otros rasgos e identidades pueden hacerse presentes en el ejercicio de la ciudadanía y ser atendidos a la hora de organizar la vida ciudadana, ¿por qué no puede ocurrir lo mismo con algo tan decisivo para quien la posee como una identidad religiosa?

Al tener en cuenta la identidad religiosa de muchos de sus ciudadanos, y al facilitar en la medida de lo posible el ejercicio de esa identidad, el Estado no se convierte en confesional ni entrega competencias suyas a otra institución, sino que, sencillamente, se hace más abierto, integrador y solidario, pues pasa a reconocer, incorporar y favorecer a sus ciudadanos según un número mayor de rasgos que cualifican la existencia personal de éstos. En un Estado que actúa así, el creyente se ve mejor reconocido y amparado y, en consecuencia, se siente motivado para otorgar al Estado un reconocimiento más pleno y para ofrecerle una lealtad más perfecta. Por el contrario, cuando en la vida ciudadana queda deslegitimada toda presencia y consideración de la posible identidad religiosa de los ciudadanos, los creyentes tienen razones para sentirse discriminados y convertidos en ciudadanos de segunda, pues de la aconfesionalidad del Estado no se deriva necesariamente que éste, en el ejercicio de sus funciones, deba desatr por completo una dimensión personal que es de tanta importancia para muchos de sus ciudadanos. Una política laicista no es una lógica consecuencia que se desprende inevitablemente de un principio constitucional compartido por todos; es una peculiar estrategia política que procede de una muy particular y discutible opción ideológica.

El principio de la aconfesionalidad del Estado en nada resulta contrariado por el hecho de que , por ejemplo, en un aeropuerto público exista una capilla en la que los pasajeros que lo deseen puedan practicar el culto de su religión mientras esperan el momento de embarcar. Poniendo a su disposición una capilla, lo único que se hace es ofrecer una mejor atención aeroportuaria al pasajero, teniendo de éste un concepto más rico e integrador que la idea de un ser de necesidades puramente materiales y fisiológicas. Que uno no considere reales los intereses subjetivos que vayan más allá de estas necesidades, poco importa a este respecto, pues sus creencias no le legitiman para imponer a los demás una organización de lo público que no tenga en cuenta intereses que otros sí creen reales y de importancia capital. Lo mismo puede decirse de otros ejemplos: la educación religiosa en la escuela, la asistencia sacerdotal en los hospitales, etc.

Con frecuencia se dice, en tono descalificador, que los creyentes sostienen o rechazan una determinada propuesta por motivos religiosos. Si esto fuera cierto, habría que preguntar por qué la presencia de motivos religiosos ilegitima una determinada postura ciudadana y la hace indigna de atención. En última instancia, para la autenticidad de una democracia lo importante no es qué tipo de motivos llevan a un individuo a adoptar una particular postura, sino qué tipo de motivos deben mover al representante político a tomar o no en consideración la postura adoptada por cualquier ciudadano. Estos motivos sólo pueden ser políticos: no religiosos, ideológicos, partidistas, sectarios o de puro afán de poder. La cuestión verdaderamente decisiva es la de si hay o no motivos políticos para tomar en consideración la postura que, por los motivos que sea, otros ciudadanos presentan. Esto es lo que el representante debe plantearse; y lo que le puede corresponder hacer al creyente, en cuanto ciudadano, es facilitar esta tareaal representante, poniendo de manifiesto que, al margen de los motivos subjetivos, hay razones políticas que avalan y hacen digna de consideración la postura adoptada por él. Cuando éste procede así, argumentando políticamente su posición, nada hay que se le pueda reprochar y, por el contrario, es el representante político el que está obligado a dar razones políticas para desatender las propuestas del creyente.

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