Noticias© Comunicación Institucional, 14/07/2007

Universidad de Navarra

Un nuevo reto: el derecho global

Autor: Rafael Domingo
Facultad de Derecho
Universidad de Navarra

Fecha: 14 de julio de 2007

Publicado en: ABC (Madrid)

A cada época, su derecho. Cuius tempora, eius ius, podríamos decir empleando la lengua con que se construyó Europa. En efecto, en la medida en que se presentan condiciones sociológicas distintas, se precisan nuevas formas de organización jurídico-política, nuevas leyes, nueva jurisprudencia y nuevos mecanismos de resolución de conflictos. Somos, se quiera o no, protagonistas de una nueva era: de globalización y terror.

Los diversos ropajes que han revestido al derecho denotan los distintos estadios de la ciencia jurídica. El derecho natural griego, el ius gentium romano, el ius commune medieval, la siyar islámica, las variantes vernáculas modernas del derecho de gentes como la alemana Völkerrecht, la francesa droit des gens o la inglesa Law of Nations; el ius universale, el International Law y el Derecho interestatal (Statenrecht) de la Ilustración racionalista, o las más recientes denominaciones de los juristas del siglo XX -derecho transnacional, derecho de los Pueblos, etc...- ponen de manifiesto los esfuerzos dirigidos a configurar un nuevo orden intercomunitario y un nuevo derecho.

En el fondo, los grandes hitos históricos han ido marcando el ritmo de la especulación intelectual. Así, el descubrimiento del Nuevo Mundo, la descomposición del orbe cristiano y el nacimiento del Estado Moderno provocaron una nueva teorización del ius gentium. La Paz de Westfalia (1648), que consolidó el sistema de Estados europeos y su influencia en las relaciones internacionales, originaría una puesta en acción de los juristas en torno al corpus iuris gentium europaeum. Coincidiendo en el tiempo con la Revolución Francesa, Jeremy Bentham apostó por vez primera por la expresión International Law. Este nuevo concepto sirvió para superar el principio de legitimidad del Congreso de Viena (1814-1815), propugnando un derecho basado en el principio de nacionalidad, es decir, en la autodeterminación de los pueblos en tanto titulares de la soberanía estatal. La Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América (1776) devino en paradigma del principio del self-government, y abrió la puerta a la independencia de otros pueblos del mundo. El derecho internacional estatal europeo -ampliado espacialmente pero no teóricamente con la colonización, y desarrollado al ritmo marcado por la revolución industrial y los tratados internacionales- otorgó al Viejo Continente una posición hegemónica universal, y fue dejando paso, poco a poco, a un derecho internacional verdaderamente mundial, característico del siglo XX. Esta centuria, marcada por dos conflictos bélicos hasta entonces imprevisibles y sellada por el lanzamiento de la primera bomba atómica en el cénit secular, reclamó para la humanidad un derecho internacional organizado institucionalmente y basado en los derechos humanos. Ésta fue, sin duda, la mayor aportación del siglo vecino a la ciencia del derecho.

La creación de la Organización de Naciones Unidas (1945), sucesora de la Sociedad de Naciones (1919), contribuyó enormemente a la institucionalización y universalización del derecho internacional. También al establecimiento de tribunales internacionales supraestatales de mayor o menor jurisdicción. A su vez, la Declaración de Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948, auténtico Bill of Rights de la Humanidad, ofreció una sólida defensa de la dignidad de la persona, amparándola en los principios de libertad, igualdad y solidaridad.

La segunda guerra mundial trasladó el epicentro del derecho internacional a los Estados Unidos, permitiendo que juristas de la talla de Georges Scelle, Alf Ross, Clarence Wilfred Jenks o Philip C. Jessup incorporasen nuevas expresiones a la ciencia jurídica que reflejaban el momento histórico que vivían. Scelle apostó por un droit intersocial unifié; Ross por un interlegal law -que comprendería sólo el derecho internacional privado-; Jenks por un Common Law of Mankind, y Jessup, por un novísimo Transnational Law.

Más recientemente, John Rawls teorizó sobre The Law of Peoples, en un opúsculo que vio la luz en 1993. Superador de la idea de Estado como actor de su «derecho de los pueblos», el iusfilósofo de Baltimore formuló ocho principios informadores de su nuevo edificio teórico. Aunque el propio Rawls concedió un valor muy secundario a estos principios, me parece, sin embargo, que éste es el camino adecuado para configurar un orden mundial, que responda a los retos surgidos tras el 11-S.

Hoy, la gran ruptura que se ha producido en el tempus humanum radica en que todos los hombres, merced a la tecnología y a los mass media, constituyen un universo mayor, cohesionado en torno a intereses y problemas comunes: a un destino compartido (a stronger sense of shared destiny, como sostiene Richard A. Falk en su libro Human Rights Horizon). No me refiero a una homogeneización total, sino a la formación de un grupo heterogéneo de ciudadanos que comparten necesidades que sólo pueden ser satisfechas en clave global, universal. Por tanto, no es sólo posible, sino del todo necesario, hablar de una aldea global, de un entorno global, de una comunidad global y, por supuesto, de un derecho global. Poco importa que éste sea denominado Human Law, Global Law o World Law. Sí parece, en cambio, cuestión de primer orden que este derecho se funde en principios sólidos, distintos de los que han configurado nuestro derecho internacional, apoyado en las ideas de Estado, soberanía, territorialidad, legados y diplomacia, guerra justa y tratados internacionales.

El nuevo orden jurídico mundial debe ser, sobre todo y ante todo, un derecho jurisdiccional, no interestatal, consensual, no burocrático, ni positivo u oficial, propuesto no impuesto, basado más en la idea de mutuo acuerdo que en leyes y códigos, protagonizado por una sociedad civil protegida por instituciones globales, y no sólo por los Estados nacionales. Desde esta perspectiva, el sistema del commom law es más apto para la globalización que nuestro civil law europeo. Por ello el common law campa a sus anchas en el mundo de los negocios y arbitrajes internacionales.

El Estado, al esencializar la modernidad, ha firmado, con ello, su partida de defunción. El evidente cambio del paradigma mundial requiere de nuevas formas de organización política. La globalización ha trastornado la hegemonía estatal permitiendo el desarrollo de una sociedad civil que expande y enriquece la base del poder. Se impone, pues, el principio social de horizontalidad frente al estatal de verticalidad, pues aquél permitirá la construcción de un nuevo consenso -de abajo hacia arriba- que recoja las demandas más extendidas en el seno del demos global. Inclusiva y abierta, la sociedad civil reta al corsé estatal, apostando por un derecho basado en la auctoritas y no en la potestas, en la razón y no en la coacción.

La persona, y no el territorio, es el núcleo del derecho global. Nomóforos. Eso somos: portadores de derecho en razón de nuestra dignidad. El principio de personalidad nos conduce al de universalidad, que se contrapone al de totalidad. La universalidad es incluyente, jamás excluyente. Sí, en cambio, la totalidad, que reclama para sí algo rechazando de esta manera cualquier suerte de participación. El fundamentalismo y el nacionalismo no son sino consecuencias de una aplicación a ultranza del principio de totalidad, que alcanzó su esplendor con el pensamiento hegeliano.

A los principios de personalidad y universalidad deben unirse los de subsidiariedad y solidaridad. En efecto, si el derecho nace de la persona y no del Estado, la sociedad ha de organizarse de abajo arriba, es decir, subsidiariamente, y no jerárquicamente, de modo que las instancias superiores no ahoguen a las inferiores, que siempre habrán de actuar, eso sí, conforme a las exigencias del bien común (solidaridad).

Pero de nada servirán estos principios si no cuentan con el soporte material de nuevas instituciones globales que respondan al nuevo espacio-tiempo histórico. Es tarea, pues, de esta generación de juristas, de políticos y de una sociedad civil emergente diseñar las herramientas que frenen los excesos de una globalización desbocada, anárquica, que pretende cosificar al hombre, desnaturalizando su destino y convirtiéndolo en moneda de cambio de un mercado mundial francamente deshumanizado.

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