Noticias© Comunicación Institucional, 12/05/2005

Universidad de Navarra

¿Una democracia sin libertad de conciencia?

Autora: Ángela Aparisi Miralles
Directora del Instituto de Derechos Humanos
Universidad de Navarra

Fecha: 12 de mayo de 2005

Publicado en: Diari de Tarragona

La equiparación, por parte del Congreso, de las uniones entre personas homosexuales a los matrimonios entre varón y mujer ha reabierto en España un debate que nunca ha estado cerrado, el de la objeción de conciencia. Las opiniones sobre este tema son profundamente discrepantes. Tras ellas subyacen diferentes modos de entender las relaciones entre el Estado y los ciudadanos. Para algunos, no cabe admitir que, por razones de conciencia, los individuos eludan el riguroso cumplimiento de las leyes. Otros responden que precisamente la libertad de conciencia es uno de los elementos más caracterizadores de los sistemas democráticos. De ahí que deban arbitrarse cauces legales que ofrezcan alternativas en aquellos supuestos en los que una ley agreda, profundamente, la conciencia de los ciudadanos.

En cualquier caso, estamos ante un asunto muy serio, que no se puede expedir afirmando - como algunos han hecho -, que en una democracia no hay más opción que cumplir las leyes (incluso bajo coacción penal). Este esquema, desde luego, antes que responder a un sistema democrático parece identificarse más con un Estado totalitario. Ciertamente, una de las características más palpables de los Estados autoritarios es que pretenden invadir y dirigir la conciencia de los ciudadanos. Por ello, considero muy intolerante afirmar que actuar conforme a la propia conciencia puede llegar a ser un delito. Son muchas las vías y alternativas que una adecuada convivencia ciudadana debe ofrecer, y sobre todo discutir, antes de llegar a tal clima de confrontación y crispación. En cualquier caso, no se puede ignorar que la Constitución española (artículo 16) reconoce la libertad de conciencia. También el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la propia Constitución europea (aprobada por los españoles por referéndum) admiten expresamente el derecho a la objeción de conciencia.

Por otro lado, es claro que el derecho a la objeción de conciencia consiste, esencialmente, en el incumplimiento de una obligación legal cuya realización produciría en el individuo una agresión muy grave a la propia conciencia. Lo que el objetor persigue - su intención -, no es obstruir u obstaculizar la demanda de alguien, sino respetar su propia conciencia. Por ello, quien afirma que siempre y en todo caso hay que obedecer las leyes, desprecia (o desconoce) lo que es, ha significado, e implica, la objeción de conciencia. Es más, nadie puede negar que la libertad de conciencia - en su dimensión interna y externa, o social- ha ocupado un lugar preeminente en la historia de los derechos humanos. En realidad, los primeros textos jurídicos que pueden ser considerados como Declaraciones de derechos fundamentales (la Declaración de Virginia y la Declaración de derechos americana, ambas de 1776) tuvieron su verdadero motor en el derecho a la libertad de conciencia. Desde los orígenes del Estado de Derecho se ha entendido que el respeto a la conciencia - legalmente articulado - es uno de los límites más importantes del poder, ya que la dignidad y la libertad humanas se encuentran por encima del propio Estado.

Una sociedad democráticamente organizada no teme a las voces discrepantes, sino que las integra. Es consciente de que la libertad de conciencia no es algo a eliminar sino, por el contrario, un pilar básico de su estructura. Por ello, articula vías constructivas que permitan fomentar una convivencia más armónica. De ese modo, se ahorran a los ciudadanos serios (incluso dramáticos) conflictos personales, y se contribuye a crear un clima más adecuado de convivencia social.

En definitiva, la ley que equipara las uniones homosexuales al matrimonio entre varón y mujer no sólo se ha aprobado por el Congreso sin un sosegado y profundo debate social e institucional - tal y como hubiera requerido la importancia y complejidad del tema; ahora también se pretende zanjar, con extrema superficialidad, un asunto muy delicado, el relativo al respeto debido a la objeción de conciencia. El principio de la dignidad de la persona exige, entre otras cosas, que el Estado sea capaz de reconocer, también jurídicamente, el valor de la conciencia de los individuos. Ello conlleva la admisión legal de la objeción de conciencia ante determinadas normas que, como la que nos ocupa, afecta a uno de fundamentos más importantes de la sociedad, el concepto de matrimonio.

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