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Irak: que prime el Derecho y decida la ONU
Autora:Eugenia López-Jacoiste
Profesora de Derecho Internacional Público
Universidad de Navarra
Fecha: 11 de febrero de 2003
Publicado en:  Diario de Navarra

Resulta imposible dar una opinión tajante, precisa, carente de ambigüedades y concisa acerca del grave dilema que suscita la crisis de Irak. En ella se entremezclan cuestiones de muy diversa índole merecedoras de un riguroso análisis, lo que excede por completo el sentido de estas líneas. Evidentemente, tampoco dispongo de "información privilegiada" acerca de las inspecciones realizadas en Irak que pudieran predeterminar el grado de peligrosidad del régimen de Bagdad para la comunidad internacional. Por todo ello, es inevitable dejar muchos interrogantes abiertos. Sin embargo, quisiera señalar algún aspecto jurídico de la obligatoriedad de los compromisos internacionales asumidos por Irak.

En la resolución 1.441 del pasado 8 de noviembre, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas decidió por unanimidad de todos sus miembros conceder a Irak una última oportunidad de cumplir sus obligaciones en materia de desarme con arreglo a las resoluciones pertinentes del Consejo, con el fin de poder verificar el proceso de desarme establecido hace ya más de diez años. El Gobierno de Bagdad debía declarar en un informe, exacto, cabal y completo de todos los aspectos de sus programas para el desarrollo de armas de destrucción masiva, incluidas todas las existencias y ubicaciones precisas de este tipo de armas, entre otros muchos aspectos.

Asimismo, la citada resolución desarrollaba exhaustivamente los modos y los derechos de inspección contemplados en las resoluciones anteriores. La fuerza obligatoria de esta resolución exigía además a Irak que confirmase en un plazo de siete días desde la fecha de su notificación su intención de cumplir plenamente todos y cada uno de sus términos. Por último, el Consejo recordaba de forma expresa que ha advertido reiteradamente a Irak de que, de seguir infringiendo sus obligaciones, se expondrá a graves consecuencias. El Gobierno iraquí asumió íntegramente la resolución un día antes de que expirase el plazo; es decir, dio su consentimiento a obligarse y a facilitar la inspección y verificación del desarme, asumiendo, nuevamente, más obligaciones internacionales.

Maniobras iraquíes que generan desconfianza

De los informes del grupo de inspectores presentados hasta el momento se desprende que la tarea realizada no correspondía con la ideada ni deseada. De ellos se deduce que Irak ha incumplido sus obligaciones. Recordemos, a modo de ejemplo, la ausencia de información de la hipotética destrucción de los 8.500 litros de ántrax. Además, en el informe del pasado 27 de enero, el jefe de los inspectores señalaba también cómo las entrevistas planeadas con los químicos, biólogos y demás expertos iraquíes fueron frustradas y no pudieron efectuarse.

Las pruebas presentadas el pasado miércoles al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, si bien es cierto que no eran un "cañón humeante" y para algunos parecían poco claras, sí demuestran que ha habido maniobras por parte de Irak que generan desconfianza, y esto, según la resolución 1.441, ya es grave. Además, si algunos Estados consideran que las inspecciones debieran prolongarse y reforzarse, es síntoma de que las habidas hasta ahora han resultado infructuosas. Por su parte, Javier Solana, el responsable europeo de la seguridad y defensa, ha calificado de sólidos los datos aportados por Colin Powell a la ONU. En resumen: la controversia está servida, aunque considero que estamos siendo testigos de un nuevo incumplimiento deliberado y pertinaz por parte de las autoridades iraquíes.

La categoría de "preventiva" no justifica una guerra

¿Y puede quedarse la comunidad internacional de brazos cruzados? ¿No habría que ser coherente con el orden internacional y sancionar el incumplimiento reiterado de las obligaciones internacionales? Evidentemente sí. De lo contrario, su ausencia supondría reconocer implícitamente el triunfo de los totalitarismos frente a los valores de la democracia y el descrédito de toda obligación internacional. Todos nos preguntamos qué otros medios se pueden utilizar para forzar a un Estado para modificar su voluntad política y que así lo manifieste con hechos. ¿Existe aún una posible solución dialogada y pacífica? Sea como fuere, sin duda alguna sólo podrá ser legítima y coherente con el orden internacional si proviene del Consejo de Seguridad. Claramente, con sólo la categoría de "preventiva" no se justifica una guerra. Sólo en caso de necesidad de defensa, pero teniendo en cuenta todos los bienes que están en juego, sobre todo los sectores más débiles, como la población civil, y en los casos extremos, podría ser lícito el recurso a la fuerza y bajo condiciones muy estrictas. Ahora bien, la tenencia de armas de destrucción masiva en un Estado que ha dado muestras reiteradas a lo largo de estos años de que su uso no es tan hipotético ¿responden a estas exigencias de caso extremo?

Por el momento las posturas de los Estados miembros de la comunidad internacional son divergentes: Francia, Rusia y China, miembros permanentes con derecho a veto, consideraban hasta ahora que el trabajo de los inspectores debía continuar y que incluso fuese reforzado. Alemania apoyó también esta posición. Los países aliados de Estados Unidos, como Gran Bretaña, o los que ya se encuentran en posiciones cercanas, como España, Italia, Portugal, Dinamarca, Polonia, Hungría, Turquía y Bulgaria, consideran agotados los medios diplomáticos. El secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, sigue considerando que es posible evitar todavía una guerra y ha pedido a Bagdad que intensifique la colaboración para evitar el conflicto. Se está ideando un plan para que la propia población civil iraquí sea partícipe en esa colaboración, pero ¿es esto factible, teniendo en cuenta que es una población sin libertad?

Debe ser el Consejo de Seguridad quien decida

Habrá que esperar a la evolución de los acontecimientos y al informe de los inspectores del próximo día 14, pero lo que sí debería estar claro es que ha de ser el Consejo de Seguridad quien decida si estamos realmente ante uno de esos casos extremos en los que el uso de la fuerza pudiese adoptarse bajo condiciones muy estrictas, previstas en el capítulo VII de la Carta. Debería también definir objetivos claros, los medios y los modos, el tiempo, etc., y sin descuidar las consecuencias para la población civil, durante y después de las operaciones.

Resulta francamente duro y muy preocupante haber llegado a estos extremos. Pero esta crisis, al igual que muchas otras, es la manifestación externa de un problema de fondo: la buena fe y la auténtica voluntad política de la comunidad internacional y de cada Estado de buscar de forma concreta y con hechos la verdadera paz, basada en la verdad, la libertad, la justicia y el amor entre los pueblos.

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