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Noticias © Comunicación Institucional, 06/02/2005Universidad de Navarra
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La discriminación fiscal de Navarra al sector no lucrativo
Autor:Javier Sáenz de Olazagoitia Díaz de Cerio
Socio de Altius Abogados y profesor
Universidad de Navarra
Fecha: 6 de febrero de 2005
Publicado en:  Diario de Navarra

En estos días posteriores a una gran tragedia material pero, sobre todo, humana, vuelve a demostrarse la capacidad de movilización de la sociedad civil para conseguir los verdaderos intereses generales. Y para la eficaz consecución de éstos, vuelven a mostrarse imprescindibles las organizaciones sin fines de lucro que, a su vez promovidas por la iniciativa privada, desarrollan habitualmente una irreemplazable labor social.

Las circunstancias actuales hacen especialmente significativas las consideraciones que ahora me propongo exponer, pero no deben ocultar una realidad que convive habitualmente con muchos de nosotros: la organización y gestión de entidades sin fines lucrativos dedicadas a las más diversas finalidades de interés general; y la necesidad de financiación de estas entidades por todos los medios posibles, y en gran parte merced a la generosidad de muchos ciudadanos de a pie, bien sea a título particular o bien a través de sus organizaciones empresariales.

El pueblo navarro, además, tiene una destacada tradición en este ámbito a través de muchas y muy diversas manifestaciones. Sin embargo, sorprende que la Comunidad foral se haya quedado atrás en el desarrollo del régimen fiscal de las entidades sin fines de lucro y del mecenazgo necesariamente vinculado a sus actividades.

Efectivamente, mientras el régimen común modificó la fiscalidad de este sector en el año 2002 (con efectos para 2003) y los Territorios Históricos del País Vasco hicieron lo propio a principios de 2004 (pero con algunos efectos para el ejercicio 2003), Navarra viene demorando esta necesidad hasta la fecha.

Es cierto que la reciente Ley foral de modificación de diversos impuestos ha introducido una tímida modificación legal en este ámbito, pero queda aún lejos del avance (a mi entender aún insuficiente en muchos puntos) que hace ya dos años adoptó el régimen común (aplicable fuera de los cuatro regímenes forales), y más aún del adelantamiento que le hicieron con posterioridad los territorios vascos.

No es lugar para entrar en detalles técnicos, pero sirva como ejemplo que un navarro que realice una donación a la Cruz Roja para paliar los efectos del maremoto del sureste asiático, podrá aplicarse una deducción el IRPF del 20%. Si la misma donación la hiciera un aragónes, su deducción sería del 25%, y si fuera de Bilbao del 30% (no por ser de Bilbao, en concreto, sino porque ésta es la deducción que se aplican los contribuyentes de todos los Territorios Históricos del País Vasco).

En cuanto a la fiscalidad de las propias entidades sin ánimo de lucro, además de persistir la discriminación, resulta preocupante que el grupo parlamentario socialista aún hubiera tratado de oponerse a la discreta modificación de la Ley de Medidas que acabo de citar. Resulta que esta norma introduce como novedad que las entidades no lucrativas no soporten retenciones por la obtención de rentas como alquileres, dividendos o intereses. Y el mencionado grupo parlamentario enmendó la norma con la siguiente justificación: "no compartimos que los dividendos no estén sometidos a retención e ingreso a cuenta".

No discuto el derecho de este grupo a no compartir mis opiniones que, como se puede deducir, no sólo están de acuerdo en la modificación realizada sino que tienden a exigir mayores avances en la misma dirección. Pero me siento en la obligación de explicar la situación, por si no fuera conocida, para que las opiniones se formen contando con los elementos de juicio suficientes.

Resulta que las retenciones que soportan las entidades de las que hablamos significan, sencillamente, que además de realizar sus propias actividades de interés general tienen que prestar a Hacienda parte del escaso dinero que obtienen para ello, y sin ningún interés. Porque la retención general en estos casos es del 15%, mientras que estas entidades solamente deben tributar un 10% (y sobre determinadas rentas la mitad). Es decir, el mantenimiento de la obligación de retener suponía adelantar a cuenta del impuesto una cantidad siempre superior a la que el propio impuesto podía llegar a suponer, resultando manifiestamente injusto.

Además, hay que tener en cuenta que esto sucede porque la legislación navarra sigue haciendo tributar por esas rentas, que necesariamente van a ser destinadas con posterioridad a actividades culturales, sociales, benéficas, etcétera, mientras que en el resto de territorios ya no deben hacerlo. Y esta diferencia causa en la práctica considerables distorsiones cuando se implican entidades sujetas a diferentes regímenes tributarios.

Desgraciadamente me temo que ésta ha sido la principal motivación para la introducción anticipada de esta medida. Pero debe ser completada cuanto antes con la exención de las rentas, como sucede en el resto de España, en el marco de una profunda reforma, realista y consecuente, del régimen fiscal de las entidades no lucrativas y del mecenazgo en la Comunidad foral.

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