Noticias© Comunicación Institucional, 03/05/2008

Universidad de Navarra

EpC, derechos fundamentales y objeción de conciencia

Autora: Asunción de la Iglesia Chamarro
Profesora de Derecho Constitucional
Universidad de Navarra

Fecha: 3 de mayo de 2008

Publicado en: Diario de Navarra

En Navarra se han presentado más de cuatrocientas objeciones de conciencia frente a la asignatura Educación para la Ciudadanía (en adelante EpC). Consideran los objetores que tal y como está planteada, invade su esfera de libertad ideológica y religiosa (art. 16 Constitución) y el derecho a educar a los hijos de acuerdo con la formación religiosa y moral conforme con las convicciones de los padres (art. 27.3 CE). La Consejería de Educación ha dejado que sea la Justicia quien resuelva el conflicto. Parece oportuno formular algunas consideraciones a propósito de esta cuestión de indudable trascendencia social, política y también jurídica.

Es innegable que el Estado tiene la facultad de fijar unos contenidos mínimos en la enseñanza y parece legítimo y oportuno introducir la formación cívica de los estudiantes. El problema surge cuando a los contenidos específicos de esta asignatura se añaden otros que pueden invadir la esfera de libertad de los padres, también legítima. Es una cuestión de límites y conviene recordar que son los derechos y libertades la barrera a la acción del poder público y no al revés. Por eso, la extralimitación del poder es a expensas de espacios de libertad protegidos constitucionalmente.

El art. 27 de la Constitución establece que “la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”. Entre esos derechos se encuentra precisamente la libertad ideológica y religiosa, una de cuyas concreciones es el derecho de los padres a la educación de los hijos según las propias convicciones - (art. 2.1 c) de la Ley orgánica de Libertad religiosa; también art. art. 26.3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos-.

EpC, al entrar en cuestiones que afectan a la concepción del individuo, de la familia y de la sociedad, genera un campo de conflicto. Basta hojear los distintos manuales de la asignatura para comprobar cómo algunos planteamientos son marcadamente incompatibles con otras convicciones religiosas y filosóficas.

Por otra parte, la vaguedad de las normas que regulan EpC sólo disfraza el problema de colisión. Cuando están en juego derechos fundamentales, la indefinición de límites y la falta de garantías puede considerarse como una lesión de los mismos, o desde luego, su segura antesala. En relación con los derechos, el poder está obligado no sólo a respetarlos, sino a protegerlos efectivamente.

Con el modo de configurar la asignatura se ha creado un problema sin dar soluciones e introducir garantías. El desamparo de los padres discrepantes con los contenidos es especialmente grave en los centros públicos, si bien en los centros concertados no puede desconocerse el problema jurídico de compatibilidad de la asignatura con el ideario.

En cuanto a la vía elegida de la objeción de conciencia, hay que recordar que en abstracto el Tribunal Constitucional la ha reconocido en varias ocasiones para dotar de efectividad a la libertad ideológica, cuando el deber impuesto por la norma es contrario a las convicciones religiosas y morales del obligado al cumplimiento, y ello sin necesidad de previsión normativa. En este caso, se trataría resolver el conflicto de conciencia surgido por la aplicación de una norma en el ámbito de la educación por contraria a la libertad ideológica.

La solución al problema jurídico exige una labor de ponderación que permita resolver el conflicto con el mayor beneficio y el menor sacrificio de los derechos y libertades fundamentales, máxime cuando la lesión producida no se puede reparar. A mi juicio, la esencia y la finalidad del Estado Constitucional obligan a razonar en clave de protección y garantías.

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