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Las Naciones Unidas: su indiscutible necesidad y su obligada reforma
Autor:Mª Eugenia López-Jacoiste
Profesora de Derecho Internacional Público
Universidad de Navarra
Fecha: 1 de febrero de 2004
Publicado en:  La Gaceta de los Negocios (Madrid)

La paz y la seguridad internacionales son una de las más altas aspiraciones de la humanidad, pero sólo podrán alcanzarse si los individuos, los pueblos y los Gobiernos respetan el orden internacional y cumplen los compromisos asumidos. Con la firma en 1945 de la Carta de las Naciones Unidas, la comunidad internacional organizada se dotó de una serie de mecanismos de cooperación internacional para cumplir estos fines y servir de foro de debate y consenso internacional. La creación de esta organización universal de Estados es uno de los logros de la humanidad del siglo XX. Baste recordar algunos de sus hitos que corroboran por sí solos esta afirmación: la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, la Declaración sobre los Principio de Derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de 1970 -más conocida como la Carta Magna de la Descolonización-, la Declaración de Manila sobre el arreglo pacífico de las controversias o la resolución de las Naciones Unidas sobre la definición de la agresión. Son loables los esfuerzos de la comunidad internacional por castigar y no dejar impunes a los responsables de las graves violaciones del Derecho internacional humanitario: Tokio, Nuremberg, los tribunales internacionales ad hoc para la antigua Yugoslavia y Ruanda, el Tribunal Especial para Sierra Leona, Camboya o Timor Lester como mecanismos jurisdiccionales de castigo post factum. La entrada en vigor del Estatuto de Roma de la Corte Penal internacional culmina este proceso de lucha contra la impunidad. Es por tanto obligado reconocer que la Organización de las Naciones Unidas, con sus más y sus menos, ha contribuido a promover notablemente el respeto de la dignidad humana, la libertad de los pueblos y la exigencia del desarrollo, preparando el terreno cultural e institucional sobre el cual construir la paz.

En la Declaración del Milenio de 8 de septiembre de 2000, los miembros de la ONU reafirmaron la necesidad de esta Organización, declararon solemnemente su más plena adhesión a los propósitos y principios de la Carta y su deseo de establecer una paz justa y duradera en todo el mundo, de conformidad con tales principios. Sus objetivos siguen siendo hoy válidos y actuales con matices, ya que son normas generales y exigentes, que suponen todo un programa de trabajo de la comunidad internacional organizada. Este programa resulta, no obstante, incompleto, ya que, por un lado, no cubre todas las exigencias materiales de la comunidad internacional y, por otro, requiere de desarrollos legislativos específicos. Su efectividad dependerá, por tanto, de que se establezcan nuevos instrumentos jurídicos acordes con las actuales circunstancias políticas, sociales y culturales. La aparición de nuevos actores internacionales, las organizaciones terroristas, con sus constantes violaciones y amenazas a la paz y seguridad internacionales, la proliferación de armamento sofisticado, situaciones de extrema pobreza, inseguridad ciudadana y violaciones masivas de los derechos fundamentales, así como la contaminación del plantea, accidentes y delitos medioambientales suponen algunos de los nuevos retos de la comunidad internacional. En este contexto, algunos de los propósitos y principios de la Carta se han quedado un poco anquilosados y parcialmente obsoletos y otros, en cambio, no ofrecen soluciones a los nuevos retos.

La pervivencia de la ONU pasa por su profunda renovación de acuerdo con las nuevas exigencias de la comunidad internacional. Y ello obliga a tomarse en serio la reforma de la Carta, que se traten aspectos materiales y formales más allá de la mera composición numérica del Consejo o de la modernización de sus métodos de trabajo. Los Estados han de afrontar con valentía otras cuestiones de mayor calado que actúen en la raíz de los problemas y que fortalezcan el papel y la credibilidad de la Organización.

No pretendo enumerar aquí una lista cerrada de las posibles nuevas competencias del Consejo, aunque sí me atrevo a destacar algunas cuestiones ineludibles. No debería faltar, a mi juicio, una clara autorización a favor del Consejo para luchar contra el terrorismo internacional, para hacer efectiva la protección del medio ambiente y una clara regulación de la asistencia humanitaria. El Consejo ha de estar capacitado para adoptar medidas obligatorias del capítulo VII sin necesidad de artimañas jurídicas y políticas para ganarse a la opinión pública internacional.

Desde aquel fatídico 11 de septiembre de 2001, la comunidad internacional no ha cesado en sus esfuerzos por conseguir reducir el terrorismo internacional. Sin embargo, los actos de intolerancia y extremismo parecen multiplicarse como lo demuestran los tristes acontecimientos de la bomba en la discoteca de Bali, la toma de rehenes en Moscú, las bombas de Kikambala y Mombasa o las de Bogotá, así como los ataques en Estambul el pasado 15 y 20 de noviembre. En todos estos casos, abundaron las declaraciones formales de condena. Sin embargo, aún no existe una clara definición jurídica sobre qué sea el terrorismo internacional y sus diversas modalidades. La Asamblea General, por su parte, ha elaborado convenios internacionales sobre aspectos puntuales contra el terror para cegar, por ejemplo, las fuentes de su financiación o para prohibir el desarrollo, producción y almacenamiento de armas bacteriológicas y de su destrucción, entre otros. La firma y ratificación de tales normas supone un paso adelante, pero insuficiente, puesto que tales instrumentos carecen de sistemas de verificación, control y sanción. Su eficacia dependerá de la voluntad política de los Estados y del compromiso de los gobiernos de actuar en consecuencia. También sería deseable una clara regulación sobre las condiciones mínimas de la asistencia humanitaria y la facultad del Consejo para imponerla al amparo del capítulo VII de la Carta. Lamentablemente, la práctica ambivalente habida hasta el momento demuestra que según los intereses en juego el Consejo hace una amplia interpretación del precitado capítulo VII con el fin de dar cobertura a actuaciones de dudosa legitimidad y, en cambio, en ocasiones permanece al margen del asunto argumentado el carácter interno del mismo. Por otra parte, la Carta tampoco contiene ninguna referencia al medio ambiente y recuérdese cómo con ocasión de la intervención en Somalia, el Consejo de Seguridad fue fuertemente criticado al intentar conciliar la asistencia humanitaria y un ambiente seguro mediante la aplicación del capítulo VII de la Carta. No se puede negar que el medio ambiente afecta a todos los derechos humanos, no sólo en la teoría sino también en la práctica, y se ha de considerar como un componente esencial del derecho al desarrollo. De ahí la conveniencia de autorizar al Consejo a adoptar medidas obligatorias para preservar el medio y prevenir accidentes ambientales.

La Humanidad, deseosa de solucionar de forma pacífica los conflictos, exige a todos los agentes internacionales acciones políticas concretas con el fin de renovar las estructuras de la ONU y modernizar sus funciones de acuerdo con las nuevas exigencias de la comunidad internacional. Aquí y sólo aquí comienza el verdadero iter pacis.

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