La violencia doméstica es, después del terrorismo, el problema que origina mayor número de muertes violentas dolosas en España, según Montserrat Comas d'Argemir, presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género. Durante su intervención en las XI Jornadas de Derecho Penal, organizadas por la Facultad de Derecho de la Universidad de Navarra junto con el Ministerio de Justicia y la editorial Thomson Aranzadi, explicó que "no existen más casos de violencia que antaño, pero es indiscutible que se ha producido un incremento en las cifras mortales". ¿A qué es debido? Para esta vocal de Consejo General del Poder Judicial, no cabe duda de que en cierta medida está relacionado con la creciente independización de las mujeres. "A medida que éstas van tomando conciencia de que es posible vivir en libertad, deciden denunciar y separase, pero un sector de hombres no lo asume y actúa matando", señaló.
En opinión de Montserrat Comas, los números resultan contundentes. "Sólo en lo que llevamos de año 67 personas han muerto a consecuencia de la violencia doméstica". Aunque negativas, reconoció que estas cifras no son peores que las de 2003, "donde se llegó a 103 personas asesinadas, de las que 81 eran mujeres". Asimismo, mencionó que, de acuerdo con un análisis realizado por el Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia, España ocupa el octavo lugar dentro de los países pertenecientes de la Unión Europea en tasa de mujeres muertas a mano de la pareja, por detrás de Finlandia, Noruega o Reino Unido.
Respecto a las denuncias interpuestas por conductas violentas en el ámbito familiar sin resultado de muerte, recordó que el año pasado se presentaron en los órganos judiciales españoles un total de 76.267. En Navarra señaló que en el primer semestre estas denuncias alcanzaron casi las 500, lo que supone un incremento del 77% respecto al mismo periodo de 2003. "De todos modos, no hay que olvidar que constituye un 0,74% sobre el total de la población y que si miramos el resto de comunidades, se encuentra en penúltimo puesto".
Por otro lado, advirtió que el incremento en el número de denuncias no implica un aumento en los actos violentos, "sino que en muchos casos es el resultado de que las mujeres tengan mayor credibilidad y confianza en el sistema".
A pesar de los esfuerzos realizados con las últimas reformas legislativas, Montserrat Comas reconoció que no han logrado reducir o paliar las cifras de violencia que fundamentalmente sufren las mujeres. A su juicio, esto explica la reciente aprobación por unanimidad por parte del Parlamento Español del proyecto de ley de medidas de protección integral contra la violencia de género, ahora pendiente de debate en el Senado. "Se prevé que pueda mejorar técnicamente, aunque no cambiar su filosofía y objetivos. Confiamos en que se publique en el BOE a principios de enero y que entre en vigor al mes, a excepción de dos cuestiones para las que habrá esperar seis meses más: se trata de la tutela penal y judicial, que afecta a la creación de juzgados especializados de violencia sobre la mujer".
Sobre las críticas recibidas ante posibles disfunciones en las competencias con los juzgados actuales y un colapso en las plantas de juzgados de violencia doméstica, aclaró que todavía es pronto para especular, pero argumentó que precisamente "el objetivo es acabar con dispersión judicial que tan enemiga es de la eficacia. Además, para apoyar la actuación de los jueces se ha previsto crear un equipo multidisciplinar compuesto por psicólogos y asistentes sociales", concluyó.