La participación en la vida política aparece hoy más que nunca como una cuestión problemática, a pesar de ser uno de los principios fundamentales del sistema de gobierno democrático. En efecto, la democracia debería consistir en el ejercicio del poder por parte del pueblo, pero la experiencia histórica acumulada en los últimos dos siglos ha mostrado que es posible llegar por la vía democrática al totalitarismo, y también que las democracias evolucionan de hecho con suma facilidad hacia formas sutiles de despotismo, en las que el poder es ejercido por minorías oligárquicas.

Para evitar que la democracia sucumba ante tales peligros, se ha insistido tradicionalmente desde diversas ideologías políticas en la necesidad de profundizar en ella una vez que sus instituciones políticas han sido instauradas. Se argumenta que, dado que los partidos políticos y el parlamento -cauces naturales de participación en una democracia representativa- pueden acabar siendo controlados por los grupos de presión, habría que crear y fomentar múltiples cauces legales de control de los gobernantes por parte de los ciudadanos. El intento de crear entes jurídicos "autónomos" integrados por intelectuales, profesionales o ciudadanos de "reconocido prestigio" responde a semejante convicción, pero en realidad no resuelve el problema e incluso lo agrava, bien porque sus miembros son elegidos por los propios partidos políticos, con lo cual difícilmente podrán ser independientes, bien porque se plantea la cuestión de quién "controla a los controladores" que al ser muy pocos tienen aún mayor poder que los políticos, y son potencialmente más peligrosos desde el punto de vista de la preservación de las libertades.

Dado que parece imposible controlar el sistema desde dentro del sistema, la única solución es que el mismo sistema se deje controlar desde fuera. Se trataría de constituir contrapoderes sociales que limiten la influencia del poder político y económico. En el marco del llamado Estado del bienestar, ello implica una cesión de soberanía por parte de las instituciones políticas en beneficio de la sociedad civil o, si se quiere, equivale a dejar en manos de la libre iniciativa de los propios ciudadanos esferas de acción que los poderes públicos habían ido invadiendo de manera progresiva para garantizar la justicia y la igualdad. Aunque se trata de un proceso que muchos gobiernos y determinados partidos políticos no están dispuestos a poner en marcha, e incluso es rechazado por muchos ciudadanos, estamos ante una realidad que se está imponiendo por la fuerza de los hechos. La cuentas del Estado del bienestar no cuadran, a pesar de las mejoras en la gestión económica introducidas en los últimos tiempos, y cada vez parece más claro que la anónima y mecánica solidaridad que éste ejerce en nombre de la sociedad ha de ser complementada por las iniciativas de los particulares. El auge de las ONGs y del voluntariado es una buena muestra de que una parte de la ciudadanía percibe con claridad que ése es uno de los principales retos que se plantean hoy en día en la sociedades occidentales.

Ahora bien, en la transición de una sociedad en la que el Estado, mediante las leyes y a través de los servicios públicos, es el único garante de la solidaridad, hacia otra en la que los propios ciudadanos gozan de una mayor libertad pero al mismo tiempo actúan como copartícipes y corresponsables de la realización de la justicia social, se plantean dos graves problemas. El primero tiene que ver con la actitud de los propios interesados. Parece evidente que una gran parte de la ciudadanía no tiene la menor conciencia de sus responsabilidades cívicas o ningún deseo de asumirlas, y las transfiere de modo automático al Estado, a quien entrega sus impuestos para que cargue con ellas, aunque percibe que ese modelo de política social es muy difícil de sostener a medio o largo plazo. La raíz de semejante actitud hay que buscarla probablemente en la desconfianza hacia el resto de los ciudadanos, que conduce a preferir el control y la planificación estatal, al desorden de las iniciativas cívicas, que pueden sin embargo estar animadas por una lógica más eficaz y un orden moral muy superior al de la pura racionalidad burocrática.

Por otra parte, y ése es el segundo problema, la desconfianza a la que nos acabamos de referir es explicable e incluso lógica en aquellas naciones en las que el Estado ha sido tradicionalmente el único garante de la justicia social. En ellas, los ciudadanos entienden que es legítimo buscar el interés particular sin tener presentes los derechos ajenos y el bien común, que quedarían protegidos por las barreras impuestas por la ley. Surge así una cultura de la queja -fundada en la reclamación de los propios derechos y reforzada por la existencia de una alta presión fiscal- que ahoga cualquier tipo de solidaridad cuyo cauce no sea estatal o paraestatal. De ahí que antes de transferir cualquier tipo de responsabilidad cívica a los ciudadanos, sea necesario prepararlos para ejercerla, suscitando en ellos la conciencia de que todas su decisiones personales tienen de hecho implicaciones sociales y políticas. Se trataría de proporcionarles una peculiar alfabetización -que denominamos "social"- ue les permita descubrir qué pueden hacer a título personal para contribuir al bien común, y generar nuevas actitudes, diametralmente opuestas a la cultura de la queja y de la sospecha, basadas en el sentido de la responsabilidad, el diálogo constructivo, el espíritu de cooperación y la capacidad de iniciativa. Se llegaría así a una reconceptualización de la idea de "participación" social, que dejaría verse sólo como un derecho político, para pasar a ser ante todo un deber cívico.