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Sobre la proyectada nueva "Ley del aborto"


Creación: Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española
Fuente: Conferencia Episcopal Española
Lengua original: Español
Copyright: No
Publicación: 22 de septiembre de 1994
Comprobado el 16 de mayo de 2002

 


Sobre la proyectada nueva "Ley del aborto"

I. Se proyecta una ley injusta

1. El anteproyecto de ley con que el Gobierno pretende regular la práctica del aborto no puede menos de alarmar a cualquier persona con recta sensibilidad moral y social. Institucionaliza la vulneración de un derecho tan fundamental de las personas como es el derecho a la vida. Por tanto, repugna a la misma idea del Derecho y debilita el ordenamiento jurídico en sus fundamentos.

II. No hay razones válidas para el aborto

2. Sabemos que no son pocas las circunstancias adversas en las que, en ocasiones, se puede encontrar la mujer que espera un hijo: el riesgo de su propia salud o incluso, aunque hoy muy raramente, de su vida; la dureza de la expectativa de tener un niño con algún defecto físico o psíquico; la irresponsabilidad y hasta la violencia en el sexo por parte del varón; las estrecheces económicas; los inconvenientes laborales y profesionales; la existencia de una familia ya numerosa; o, simplemente, el no sentirse con el ánimo necesario para recibir y educar a su hijo en un mundo tan poco acogedor para la persona y para la familia como es el nuestro. Por todo ello comprendemos a la mujer que se encuentre ante la tentación de creer que el aborto pueda ser la solución para una situación realmente apurada o angustiosa.

Comprendemos también que, aun sin encontrarse en situaciones como éstas, haya mujeres que, arrastradas por una fuerte opinión pública favorecida por legislaciones como la presente, llegan a pensar que abortar «no está tan mal» o que «hoy ya hemos superado ese tabú irracional».

3. Nuestro rechazo público no va contra las mujeres tentadas de abortar ante las dificultades reales de su vida o movidas por un ambiente cada vez más insensible a lo que el aborto es en realidad. Va contra esta torcida aceptación social del «crimen abominable»1 del aborto y su perpetración, de la que, a veces, incluso se hace alarde. Va, en particular, contra estas leyes o proyectos de ley que delatan una notable f alta de criterio ético en el legislador, obligado por oficio a impedir eficazmente que las circunstancias difíciles de la vida lleven a los ciudadanos a violar los derechos fundamentales de los seres humanos. Si el legislador cree poder tolerar e incluso legitimar el atentado contra la vida de los débiles, por más «razones de progreso» que pretenda tener, estará en realidad permitiendo o promoviendo la vuelta a la «ley de la selva», es decir, a la regulación de las relaciones entre los hombres según la ley del más fuerte. Es ésta una corrupción radical.

4. En efecto, no hay razones realmente válidas para legitimar en ningún caso la eliminación directa de la vida humana aún no nacida. Ni siquiera las situaciones más graves a las que nos hemos referido más arriba constituyen una causa proporcionada para justificar la eliminación de una vida humana inocente. Nadie puede atreverse a decidir sobre la vida del no nacido para evitarle el venir a un mundo difícil, o para que no suponga una «carga» en la familia o un «problema» en el desarrollo de la vida de la madre. Nunca será legítimo matar a un ser humano inocente e indefenso para poner a salvo la propia salud o incluso la vida. La mujer que sufre esas situaciones no ha de ser inducida por la ley a creer que puede hacerlo, dándole a entender que abortar es un hecho socialmente aceptable o incluso un derecho. Mucho menos puede la ley abonar el campo para que terceras personas con poco sentido de humanidad se lucren con una industria del aborto que se aprovecha incluso de situaciones personales dramáticas. Por el contrario, en caso de «conflicto» último, la ley ha de proteger, de un modo proporcionado, lo más importante que está en juego: el derecho a la vida de la persona inocente, que ha de prevalecer sobre otros derechos o bienes de menor rango. La ley que se está preparando avanza, en cambio, en la dirección opuesta: parece querer consagrar el absurdo de que abortar es un derecho.

III. El estado renuncia a su responsabilidad básica de tutelar la vida humana

5. El anteproyecto de ley reconoce que el Estado está obligado a tutelar la vida. Pero elude el decir expresamente que la vida de la que aquí se trata es la vida humana.

¿Pretende así ocultar el enorme despropósito ético y jurídico que supone el reconocer que alguien pueda decidir impunemente sobre la vida humana con la connivencia deuna supuesta ley?

Esto es exactamente lo que ahora se quiere hacer empeorando todavía más la vigente «ley del aborto». El Estado hace una dejación prácticamente total de sus responsabilidades en esta cuestión. Durante los tres primeros meses del embarazo se le «otorga» a la mujer la capacidad de decidir libremente sobre la vida de su hijo.

Nadie tendrá ya que preocuparse ni siquiera de obtener un certificado con el que, por alguna «razón» de las arriba aludidas, se dictamine que la criatura no nacida ya no tiene derecho a seguir viviendo. Bastará sólo que la madre lo juzgue así. El Estado se reserva simplemente el trámite de «informar» de otras alternativas posibles.

6. Este anteproyecto de ley es, pues, totalmente inaceptable. El Estado no tiene autoridad ninguna para decidir que sea permisible suprimir la vida de un ser humano inocente. El derecho a la vida no es una concesión del Estado, es un derecho anterior al Estado mismo y éste tiene siempre la obligación de tutelarlo. Tampoco tiene el Estado autoridad para establecer un plazo, dentro de cuyos límites la práctica del aborto dejaría de ser un crimen. La vida del ser humano está, desde su concepción, en un proceso continuo de evolución en la que pasa por etapas muy diferenciadas, pero todas ellas humanas: humano es, por ejemplo, el feto de un mes y, si se le deja evolucionar y nacer, será un niño y, luego, un adulto y un anciano. ¿Qué base racional y ética puede haber para excluir que el atentado contra la vida sea punible en alguna de esas etapas? Es evidente que ninguna. Hacerlo así es, en realidad, negar la igualdad de los seres humanos en un derecho tan básico como es el derecho a vivir. Las disposiciones del Estado en este sentido podrán ser, pues, «legales», pero serán siempre radicalmente inmorales y nunca tendrán, por tanto, el carácter de verdaderas leyes. Esperamos que tanto la opinión pública como quienes participan en la elaboración de la ley, actuando todos libremente y en conciencia, se opondrán a la aprobación de una norma que, por su radical inmoralidad, no puede ser aceptada como ley por ningún ciudadano consciente de cuáles son los fundamentos de un Estado de derecho.

7. Existen, además, muy serias dudas sobre la constitucionalidad de este anteproyecto de ley. Pensamos que contradice lo que el Tribunal Constitucional fijó en su sentencia de 1985 como exigencia no renunciable para el Estado: el imperativo de establecer una protección eficaz de la vida del concebido y no nacido que incluya como última garantía las normas penales. La mera «información» no garantiza en absoluto una protección adecuada del derecho fundamental que aquí está en juego.

IV. El pluralismo se basa en el respeto a la vida

8. Habrá quienes traten de responder a nuestro rechazo absoluto de este tipo de legislación diciendo que nuestra postura es simplemente la opinión particular de un determinado grupo religioso o incluso que es intolerante y «fundamentalista». Les invitamos con todo respeto a que reconsideren sinceramente su juicio. Nosotros respetamos y valoramos el pluralismo y la libertad. Sin embargo sabemos que el pluralismo y la libertad no prosperan más que dentro de unos límites, fuera de los cuales están amenazados de muerte. No se puede invocar la libertad de opinión para conculcar o aceptar que se conculque un derecho tan fundamental como es el de la vida. Quien así piensa y actúa olvida que el respeto a la vida humana es una de las bases de todo orden social justo, en particular, del pluralista. Si se socava esa base ¿qué garantía habrá ya de que el próximo derecho conculcado no sea el derecho a la libertad de opinión, o incluso a la vida, de quien la socava? Tampoco se puede invocar el derecho a las decisiones íntimas o a la vida privada para privar a otros de la vida; ni el derecho a la «seguridad jurídica» para negarles a otros incluso la elemental seguridad de poder vivir ya en el seno materno; ni el supuesto derecho a la seguridad higiénica en el aborto, mientras se elimina «higiénicamente» a un ser humano.

Es verdad que las leyes civiles, por razones de orden público y por evitar males mayores, podrán tolerar ciertos comportamientos inmorales que no vayan directamente contra los derechos fundamentales de las personas. Pero en el caso que nos ocupa no cabe duda de que el tolerar el atentado contra el derecho fundamental a la vida sería en realidad una de las formas más radicales de intolerancia. No somos, pues, intolerantes cuando nos oponemos a esta legislación intolerante, a este tipo de legislación que de hecho no tolera el desarrollo normal de vidas humanas incipientes, las más necesitadas de protección jurídica eficaz; a esta legislación que, además, pretende negar a los profesionales de la sanidad el derecho de la objeción de conciencia en un asunto tan grave.

V. Remitimos a lo que ya hemos dicho otras veces

9. Los obispos ya hemos hablado en otras ocasiones de cómo responder eficazmente a los problemas reales de las mujeres enfrentadas a la falsa alternativa del aborto. Hemos hablado también de cuál habría de ser la actitud de los profesionales católicos de la política y de la sanidad y de todos, cristianos o no, ante este grave problema humano. Queremos recordar aquí solamente dos de estos escritos más completos y más recientes: la Instrucción de la XLII Asamblea Plenaria titulada Actitudes moral es cristianas ante la despenalización del aborto (28.Vl.1985)2 y el trabajo del Comité Episcopal para la Defensa de la Vida: El aborto. 100 cuestiones y respuestas sobre la defensa de la vida humana y la actitud de los católicos (25.lll.1991)3 . Recomendamos vivamente su relectura.

VI. «No» a esta ley, por el «sí» a la vida humana

10. «Antes de haberte formado yo en el seno materno, te conocía, y antes de que nacieses te tenía consagrado» (Jr 1, 5). Estas palabras que Dios dirige al profeta Jeremías se cumplieron de un modo eminente en la encarnación del Verbo en el seno de su madre, María, que aguardó su nacimiento con amor y esperanza inmensos. Pero podemos aplicárnoslas también a cada uno de nosotros. Nadie está en este mundo por casualidad. Todos somos queridos y elegidos, por puro amor, por el Creador. Todos hemos necesitado ser acogidos de modo semejante, con amor, por los nuestros: por nuestra madre, por nuestro padre, por nuestra familia. Todos seguimos necesitando la fraternidad de nuestro prójimo y todos necesitan la nuestra, en particular los más cercanos y débiles. Pedimos al Dios, cuya gloria consiste en que el hombre viva, que sepamos, cada uno en nuestro lugar, ser servidores de ese don magnífico de la vida. Protegerla, cuidarla, quererla bien es tarea que exige la colaboración y el empeño de todos.

Hay «noes» necesarios para el «sí». Nosotros decimos «no» a este anteproyecto de ley sobre el aborto, e invitamos a todos a unirse a nosotros en el «no» con los medios legítimos al alcance. Es el modo de estar consecuentemente a favor del «sí» a la vida del hombre, que es la gloria de Dios.

Notas:

1. Concilio Vaticano II, Constitución Gaudium et Spes, 51.

2. Cfr Boletín oficial de la Conferencia Episcopal Española 7(1985) 137-142; o Ecclesia 2229 (13.Vll.1985) 888-891. Ya en 1974 nos habíamos pronunciado sobre este asunto con una amplia Nota sobre el aborto de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe: cfr Documentos de la Conferencia Episcopal Española (1965-1983), BAC, Madrid 1984 332-339; también en: Conferencia Episcopal Española. Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe, Fe y Moral. Documentos publicados de 1974 a 1993, EDICE, Madrid 1993, 7-13.

3. Cfr Boletín oficial de la Conferencia Episcopal Española 8 (1991) 99-118; o Ecclesia 2524 (20.IV.1991 ) 604-622. Se encontrará también publicado como folleto en las editoriales BAC, EDICE, EDICEP, Palabra, PPC y San Pablo.


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