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La Constitución de Cádiz, una España reformada

Religión

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LA CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ Y LA RELIGIÓN
La Constitución de Cádiz instauró un régimen fuertemente confesional. El carácter liberal que tradicionalmente se le atribuye no está relacionado con el reconocimiento de la libertad religiosa sino con la consagración del principio de soberanía nacional y con el reconocimiento de algunos derechos formulados en clave moderna, como la libertad civil o la propiedad. Por el contrario, en el tratamiento de la religión, la Constitución de Cádiz presenta una sustancial continuidad con el Antiguo Régimen. Desde esta perspectiva, su oposición al constitucionalismo francés revolucionario no puede ser mayor. Preservativo contra la irreligion ó Los planes de la filosofía contra la religión y el estado realizados por la Francia para subyugar la Europa ...El mismo contexto político en que la Constitución se redactó, sumida España en una guerra contra el invasor francés, a quien se identificaba con el ateísmo y la irreligión [vid. Rafael de Vélez, Preservativo contra la irreligión ó los planes de la filosofía contra la religión y el estado realizados por la Francia para subyugar la Europa, Palma, imprenta de Brusi, 1812], favoreció la identificación de la nación española consagrada en Cádiz con la religión católica.
El texto constitucional comienza con una invocación a la Santísima Trinidad: “En el nombre de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, autor y supremo legislador de la sociedad”. No se trataba de una declaración meramente ornamental, sino del reconocimiento por parte de los constituyentes de la supeditación del nuevo orden constitucional a un orden normativo superior, en el que aquél encontraba su pleno sentido y desde el cual debía ser interpretado.

El tenor del artículo 12 de la Constitución refleja con excepcional claridad la naturaleza católica (según los parámetros tradicionalistas de entonces) del primer constitucionalismo español: “La religión de la Nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana, única verdadera. La Nación la protege por leyes sabias y justas, y prohíbe el ejercicio de cualquiera otra”. De esta manera, la Constitución establecía un régimen de confesionalidad y exclusividad religiosa. Además, en continuidad con los principios regalistas defendidos por los Borbones, sometía a la Iglesia a la protección del Estado. Se trataba, como se había podido experimentar en el siglo XVIII, de un arma de doble filo para la Iglesia, pues la protección proclamada abría el camino a la intervención del Estado en cuestiones propiamente eclesiásticas. Derechos de la Iglesia Reflexiones concernientes a la reformacion del estado eclesiástico Para muchos, la inauguración de un nuevo régimen presentaba evidentes riesgos para los derechos de la Iglesia [vid. Manuel Freire Castrillón, Derechos de la Iglesia, Valencia, 1811; José Brotons ]. Se temía, entre otras cosas, la pérdida del fuero eclesiástico o la confiscación de bienes eclesiásticos para paliar los problemas de la hacienda pública, como había sucedido en el país vecino [vid. Adriano Albarez Baragaña, Reflexiones concernientes a la reformacion del estado eclesiástico, Cádiz, 1813]. Sin embargo, en comparación con otros períodos del siglo XIX, las leyes dictadas por las Cortes de Cádiz en materia religiosa fueron más bien escasas y de reducido alcance.

La presencia de la religión en el texto gaditano no quedó reducida a su artículo 12. En otros lugares de su articulado se vio también reflejado el protagonismo del credo católico, profesado por la inmensa mayoría de la población, en la vida política del país. Así, a las Junta electorales de parroquia debía asistir el “cura párroco para mayor solemnidad del acto” (art. 46). La reunión debía comenzar con la celebración de “una misa solemne del Espíritu Santo”, con homilía preparada para la ocasión (art. 47). Una vez celebradas las elecciones, debían volver todos de nuevo a la parroquia para cantar “un solemne Te Deum” (art. 58). Los mismos actos litúrgicos debían practicarse en las elecciones de partido y de provincia, sustituyéndose en cada caso la parroquia por la “iglesia mayor” o por la “catedral”, y al párroco por el “eclesiástico de mayor dignidad” o, en su caso, por el “obispo” (arts. 71 y 86). También las sesiones que los diputados celebraban en las Cortes constituyentes solían comenzar con la celebración de la Misa. Conviene no olvidar que un tercio de los diputados eran clérigos. Espíritu irreligioso de las reflexiones sociales de D.Y.C.A.
Sin embargo, el progresivo desmantelamiento que el naciente constitucionalismo realizó de las estructuras sociales del Antiguo Régimen llevó a los sectores más tradicionalistas a criticar la propia Constitución. La introducción de la soberanía nacional, el reconocimiento de la libertad de imprenta o la supresión de la Inquisición [vid. Informe sobre el Tribunal de la Inquisición, Cádiz, 1812] fueron medidas interpretadas por aquellos que identificaban el catolicismo con la conservación de un determinado orden social como un ataque a la Iglesia y a sus derechos [vid. Espíritu irreligioso de las reflexiones sociales de D.J.C.A., por un miembro del pueblo de Valencia, Valencia, 1811]. Especialmente conflictivas fueron aquellas medidas aprobadas por las Cortes dirigidas a reformar la organización del clero regular: reducción de conventos, establecimiento de edad mínima para novicios, regulación de la dote, destino de los conventos recuperados en los territorios antes ocupados por los franceses, etc. [vid. Francisco Alvarado (O.P.), Carta XXIV del Filósofo Rancio: continúan las reflexiones sobre la reforma de los regulares, y restablecimiento á sus conventos, Cádiz, Imprenta de Lema, 1812]. Carta XXIV del Filósofo Rancio : continuan las reflexiones sobre la reforma de los regulares, y restablecimiento á sus conventos Reflexiones al señor público para que suplique á las Cortes generales la extincion de los fraylesEstas medidas fueron mal recibidas por parte de muchos religiosos que se defendieron mediante la publicación de folletos y pasquines. Sus reclamaciones fueron contestadas por aquellos liberales que veían en las órdenes religiosas restos de un Antiguo Régimen que había que superar u obstáculos que impedían reformar la Iglesia de acuerdo con los postulados regalistas que la ligaban al Estado [vid. H.D.M.T., Reflexiones al señor público para que suplique á las Cortes generales la extinción de los frayles, Madrid, imprenta de Villalpando, 1812]. Continuaba así una polémica, heredada del siglo anterior, que se radicalizaría a lo largo del siglo XIX.

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