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La Constitución de Cádiz, una España reformada

Justicia

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EL PRINCIPIO DE SEPARACIÓN DE PODERES: EL EJERCICIO DE LA JUSTICIA
La Constitución de 1812 parte del principio de separación de poderes, expresando claramente, en los artículos 15, 16 y 17, en qué institución recae el ejercicio del poder legislativo, del ejecutivo y del judicial, respectivamente.
El poder legislativo lo comparten las Cortes con el Rey. El ejecutivo corresponde al Rey, y el judicial a los “tribunales establecidos por la ley”.Formulario de los juicios de conciliación, retención de efectos y demas en que los alcaldes constitucionales pueden tomar providencias provisionales, con arreglo al decreto 201 de 9 de octubre de 1812 ó sea Reglamento de las Audiencias y juzgados de primera instancia al que precede un breve resumen de sus principales obligaciones, de las de los hombres buenos, demandante y demandado, ...
Se dedica a los tribunales y la administración de justicia, tanto en lo civil como en lo criminal, el título quinto de la Constitución.
En relación con el poder judicial queda bastante clara la aplicación en la práctica del principio de separación de poderes y trata de preservarse la independencia judicial. De la misma forma en que se reserva exclusivamente a los tribunales la potestad de aplicar las leyes en las causas civiles y criminales, se determina que éstos no podrán ejercer función distinta de la de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Tampoco se les permite suspender la ejecución de las leyes ni hacer reglamento alguno para la administración de justicia (arts. 242, 245 y 246).
Determina la Constitución de Cádiz que el proceso será uniforme en todos los tribunales y que las leyes señalarán su orden y formalidades. Ni el Rey ni las Cortes podrán alterarlas, como tampoco pueden ejercer funciones judiciales, aunque la justicia se administra en nombre del rey.
La unidad de fuero, recogida en el art. 248, supone la desaparición de las jurisdicciones especiales, particularmente la señorial, característica de la Edad Media y que ya había sido suprimida en 1811 mediante el Decreto LXXXII, de 6 de agosto. Este Decreto dispone la incorporación de los señoríos jurisdiccionales a la Nación, de forma que los territoriales y solariegos quedarán como derechos de propiedad particular, salvo que por su naturaleza deban incorporarse a la Nación o no se hayan cumplido las condiciones con que se concedieron. Quedan abolidos los privilegios exclusivos y nadie podrá llamarse señor de vasallos ni ejercer jurisdicción. No obstante, se mantienen como jurisdicciones especiales la militar y la eclesiástica en los términos recogidos en los artículos 249 y 250 de la Constitución.
Para ser magistrado o juez se requiere haber nacido en el territorio español y ser mayor de veinticinco años, remitiendo otras cualidades que deban reunirse a las que determinen las leyes. Sólo podrán ser depuestos por causa legalmente probada y sentenciada, y suspendidos por acusación intentada legalmente. El Rey podrá suspender a un magistrado si le llegan quejas e, instruido expediente, parecen fundadas, pero oído el Consejo de Estado. En ese caso, el expediente pasará inmediatamente al Tribunal Supremo.Compendio de los Juzgados militares para el uso de los corregidores y alcaldes de los pueblos de España
El soborno, cohecho y prevaricación de jueces y magistrados produce acción popular contra quienes los cometan.

Compete a las Cortes señalar la dotación de magistrados y jueces.
Se prevé la elaboración de unos códigos, civil, criminal y de comercio, unitarios para toda la Monarquía.
Respecto al organigrama de tribunales, se prevé la creación en la Corte de un tribunal que se llamará “supremo tribunal de Justicia” (art. 259). Serán las Cortes las que determinen el número de magistrados que deben componerlo, así como las salas en que debe dividirse.
Señala la Constitución cuáles son las competencias del Tribunal Supremo. Entre ellas se encuentran algunas que le corresponden como órgano supremo de la administración de justicia, como el resolver los conflictos de competencias que se produzcan entre las Audiencias, o entre éstas y los tribunales especiales; oír las dudas que los demás tribunales puedan tener sobre las leyes y consultarlas con el rey para que promueva la conveniente declaración en las Cortes; o juzgar a las figuras más relevantes de la administración del Estado. Así, corresponde al Tribunal Supremo juzgar a los Secretarios de Estado y del Despacho, cuando las Cortes señalen que procede; conocer de la separación y suspensión de los consejeros de Estado y magistrados de las Audiencias; conocer de las causas criminales que afecten a los miembros del propio Tribunal Supremo, a los Secretarios de Estado y del Despacho, consejeros de Estado y magistrados; o conocer de los juicios de residencia o inspecciones que, con el carácter de juicio público, se hacían a los empleados públicos.
Además se reservan al Tribunal Supremo los recursos de nulidad que se interpongan contra las sentencias dadas en última instancia para el efecto de reponer el proceso.
También le corresponde examinar las listas de las causas civiles y criminales que deben remitirle las Audiencias para promover la pronta administración de justicia.

Otras competencias de este supremo tribunal reflejan la pervivencia en 1812 del tradicional regalismo o intervencionismo del Estado en asuntos de la Iglesia, debido a un excesivo paternalismo y vinculación Iglesia-Estado, característicos del Antiguo Régimen. Compete así al Tribunal Supremo conocer de los asuntos contenciosos pertenecientes al patronato real o derecho del Rey a elegir a las personas que debían desempeñar los obispados y principales cargos eclesiásticos; y también conocer de los recursos de fuerza de los tribunales eclesiásticos superiores, práctica que consistía en que la autoridad civil conocía de los recursos que se interponían contra la actuación de jueces o tribunales eclesiásticos.
Por debajo del Tribunal Supremo quedan las Audiencias, a las que corresponde conocer de las causas civiles y penales de los juzgados inferiores de su demarcación en segunda y tercera instancia. También conocerán las causas de suspensión y separación de los jueces inferiores en el territorio de su demarcación, así como de los conflictos de competencias entre ellos. Además, para promover la pronta administración de justicia, recibirán de los jueces subalternos de su territorio avisos de las causas que se formen por delitos, así como listas de las causas civiles y penales pendientes en su juzgado con expresión el estado en que se encuentren.Proyecto de ley sobre el arreglo de las audiencias y juzgados de primera instanciaProyecto de ley sobre el arreglo de las audiencias y juzgados de primera instancia
Por su parte, las Audiencias remitirán al Tribunal Supremo anualmente listas de las causas civiles y, cada seis meses, de las penales, tanto concluidas como pendientes, expresando el estado en que se encuentran, incluyendo las que hayan recibido de los jueces inferiores.
Respecto a los recursos de fuerza, las Audiencias conocerán de los que se introduzcan de los tribunales y autoridades eclesiásticas de su territorio.
En relación con el número de Audiencias y el señalamiento del territorio de cada una de ellas, dispone el art. 272 que se determinará cuando se haga la división del territorio español por ley constitucional, una vez las circunstancias políticas lo permitan.
En cuanto al número de magistrados de las Audiencias, que no podrá ser inferior a siete, se determinará por leyes y reglamentos especiales, lo mismo que la forma de estos tribunales y el lugar de su residencia.Instruccion juridica de escribanos, abogados y jueces ordinarios de Juzgados inferiores : dividida en tres libros ... : fundada en los derechos canonico y Real ...
De rango inferior a las Audiencias serán los Juzgados de partido. Se prevé el establecimiento de partidos proporcionalmente iguales, de forma que en cada cabeza de partido haya un juez con su correspondiente juzgado. Las facultades de los jueces de partido se limitarán a lo contencioso y a las causas que las leyes determinen que les pertenecen en la capital y pueblos de su partido. También determinarán las leyes la cantidad hasta la que podrán conocer en los negocios civiles sin apelación.
Por último, alude la Constitución a los alcaldes de los pueblos, figura que de antiguo ejercía la función judicial a nivel local. Las leyes determinarán sus facultades en lo contencioso y en lo económico.
Todos los jueces de tribunales inferiores darán cuenta a su respectiva Audiencia, dentro de tres días, de las causas que se sustancien por delitos cometidos en su territorio, e informarán después de su estado, cuando la Audiencia lo establezca. Además remitirán a la Audiencia, cada seis meses, lista de las causas civiles, y cada tres de las penales que se encuentren pendientes en sus Juzgados, expresando su estado.
Los magistrados y jueces al tomar posesión de sus plazas jurarán guardar la Constitución, ser fieles al Rey, observar las leyes y administrar imparcialmente la justicia.
Las leyes determinarán si debe haber tribunales especiales para determinados negocios.
Los capítulos II y III de este mismo título quinto se dedican a la administración de justicia en lo civil y en lo penal, respectivamente. En lo civil se recoge la posibilidad de acudir al arbitraje y se establece que en todo negocio, de cualquier cuantía que sea, habrá un máximo de tres instancias.

En cuanto a lo penal, se prevé la libertad bajo fianza cuando la ley no lo prohíba expresamente, así como tomar declaración al detenido dentro de veinticuatro horas o manifestar al reo, en ese mismo plazo la causa de su prisión y el nombre de su acusador, si lo hubiere. Además se declara el carácter público del proceso, se suprime el tormento y la pena de confiscación de bienes, y se manifiesta interés por conseguir la brevedad de los pleitos y la reforma de las cárceles.
Como muestra de algunas de estas reformas, se recoge en esta exposición, dentro del apartado dedicado a la justicia, el Proyecto de ley sobre el arreglo de las Audiencias y Juzgados de primera instancia, resultando de gran interés la tabla que recoge los Tribunales que se encuentran establecidos en 1812: un total de veintidós Audiencias, establecidas en la península, islas Baleares y Canarias, y en América, además de la Sala de alcaldes de Casa y Corte, las Chancillerías de Valladolid y Granada, el Juez Mayor de Vizcaya, y el Consejo y Cámara de Comptos de Navarra. Se prevé que en su lugar haya otras tantas Audiencias.
La tabla compara el número de salas y ministros que han tenido hasta el momento las Chancillerías y Audiencias de la Monarquía con el que deben tener las Audiencias que se establezcan en su lugar, según el dictamen de la Comisión encargada de su arreglo. Resulta un aumento total de 11 salas, un regente, 40 ministros y 9 fiscales.Discurso, que al abrirse la Audiencia Territorial de esta Provincia, el día 3 de enero de 1814 dixo el magistrado más antiguo de ella
Fueron simbólicos los discursos pronunciados con ocasión de las aperturas de las Audiencias territoriales. Se expone como muestra el discurso pronunciado por D. Ramón Giraldo de Arquellada el 3 de enero de 1814, al abrirse la Audiencia territorial de la provincia de Valencia. El discurso alude a las cualidades de los magistrados, que deben caracterizarse por su patriotismo, observancia de la ley y por ser inexorables a la hora de hacerla cumplir.Discurso pronunciado por el Excelentisimo Señor D. Ramon de Posada y Soto, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, en 20 de junio de 1812 dia de su instalacion
En relación con el Tribunal Supremo fue especialmente relevante el Reglamento que desarrolló sus funciones en 1814. El mismo año 1812 velaba por la integridad e imparcialidad de sus miembros, entre otras cuestiones, su presidente, D. Ramón de Posada y Soto, en el discurso que pronunció el día de la instalación del Tribunal, el 20 de junio de 1812. El discurso menciona algunas de las principales fuentes del derecho español y su alusión a la justicia y a la función de juzgar.
Merece la pena hacer al menos una breve referencia a la importancia de los juicios de conciliación en el mundo de la abogacía. En este sentido es muy representativo el Formulario de los juicios de conciliación, de un autor anónimo, que dice ser ciudadano español y abogado del Colegio de Madrid. El texto, publicado en Madrid en 1813, llama la atención sobre la importancia de procurar conciliar las diferencias entre ciudadanos antes de llegar a lo contencioso. El autor afirma que “nada es tan propio de una Constitución Política, y de una buena legislación, como terminar las discordias de los Ciudadanos antes que se hagan contenciosas”. El autor del texto ofrece un resumen de las principales obligaciones de las partes, así como de las del juez conciliador.

Informe sobre el Tribunal de la Inquisicion : con el proyecto de decreto acerca de los tribunales protectores de la religion presentado a las Cortes Generales y Extraordinarias por la Comision de Constitucion ...Un tema de gran interés y que planteó una polémica importante fue la cuestión de la supresión del Supremo Consejo de la Inquisición. Con objeto de ilustrar mínimamente sobre esta cuestión, se expone un libro que recoge dictámenes y discursos relacionados con la discusión que se planteó en relación con la incompatibilidad del Santo Tribunal de la Fe con la Constitución de la Monarquía. Hubo quienes consideraron que el tribunal no era incompatible con la Constitución, llegando a afirmar incluso que era necesario para su observancia, como afirmó D. Simón López, diputado en Cortes.Discusión del proyecto de decreto sobre el Tribunal de la Inquisición
Igualmente fue debatido el proyecto de Decreto sobre la Inquisición. Finalmente, en abril, también mediante Decreto, quedó abolida la Inquisición. Hubo un Dictamen previo que la Comisión constituyente dirigió a las Cortes en contra de la Inquisición. Tanto el dictamen como el Decreto sobre abolición de la Inquisición y el establecimiento de tribunales protectores de la fe, dado en Cádiz el 22 de febrero de 1813, se recogen en esta exposición.

Como muestra de la normativa del régimen anterior en relación con la función judicial, se recogen algunas obras como la Instrucción jurídica de escribanos, abogados y jueces ordinarios de Juzgados inferiores, escrita por D. José Juan y Colom y publicada en Madrid en 1775; o el Compendio de los Juzgados militares para el uso de los corregidores y alcaldes de los pueblos de España, de coronel D. Félix Colón de Larriátegui, publicado en Madrid en 1793.

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