El Parlamento de Navarra acogió el pasado viernes, 19 de diciembre de 2010, la celebración de la VI Jornada del ‘Aula de Derecho Parlamentario’, centrada en la situación de Europa después del Tratado de Lisboa, que contó con la participación de tres destacados conocedores del proceso de construcción de la Unión.

Introdujo la Jornada la Presidenta del Parlamento, Elena Torres, que contextualizó el alcance del “nuevo marco institucional” derivado del Tratado de Lisboa, un texto que, «a punto de cumplir su primer año de vigencia», induce a sentar «estructuras competitivas capaces de hacer frente a los sistemas globalizados que nos rodean».

«El papel integrador que, en base a su arraigo, desempeñan las regiones debe conducirnos al diseño una estrategia apta para hacer frente a la crisis económica, financiera y social. Una estrategia duradera que, fiel al espíritu europeísta, siga haciendo de Europa un espacio de libertades respetuoso con los Derechos Fundamentales”, ha significado la Presidenta.

Angel Gómez Montoro, Rector de la Universidad de Navarra, completó la presentación con una alusión a las «dificultades» que acompañan al Tratado de Lisboa, un decálogo que pese a la crisis, ha puesto en marcha «reformas de calado».

Luis María Díez-Picazo, Magistrado del Tribunal Supremo y Catedrático de Derecho Constitucional, ha sido el primer ponente en formular sus impresiones en torno al proceso de integración europea. Díez-Picazo insistió en que el de Lisboa es «un Tratado de reforma de los tratados constitucionales de la Unión, cuyo objeto es salvar lo salvable del naufragio del Tratado Constitucional, tras el fracaso de éste en su proceso de ratificación en Francia y Holanda». En un tiempo «récord» desde que la Presidencia alemana lanzó su propuesta —ha precisado Díez— se recogieron en el Tratado de Lisboa «algunos de los aspectos fundamentales» de la nonnata Constitución Europea, «no así el principio de primacía del Derecho de la Unión sobre el Derecho de los estados miembros. En definitiva, se salvó lo salvable y se hizo de un modo más modesto y discreto que en el caso de la frustrada Constitución», ha corroborado.

Antonio López Castillo, Profesor Titular de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid, lanzó una serie de «proyecciones críticas» en torno a la nueva configuración institucional de la UE, sobre todo en lo referido a los principios de «igualdad y legitimidad democrática», que a su entender dejan «mucho que desear». Pese a ello, López Castillo ha asegurado que «se han producido algunos avances, de hecho los Parlamentos estatales, que habían quedado al margen, aparecen por vez primera no sólo como los que ratifican las reformas, sino como colaboradores necesarios en las tareas de desarrollo de la Unión. Se ha formalizado su presencia, lo cual tendrá relevancia en el futuro inmediato de la UE», pronosticó.

Antonio Pastor Ridruejo, Catedrático Emérito de Derecho Internacional Público y antiguo Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, resaltó la seguridad jurídica que, para el ejercicio y salvaguarda de los derechos fundamentales, supone del Tratado de Lisboa.

«El Tratado de Lisboa incorpora la Carta de Derechos Fundamentales de Niza (2001), lo cual es un paso importante en materia de seguridad jurídica, pues estamos ante un tratado jurídico vinculante, que conlleva la aceptación del Convenio de Roma. Hemos pasado a un sistema de seguridad jurídica reforzada que será efectivo una vez que entre en vigor la adhesión de la UE al Convenio de Roma», apuntó.

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Las jornadas contaron con la presencia de numerosos estudiantes y profesionales