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VII
Jornada Aula de Derecho Parlamentario
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- Los
profesores Alfonso Fernández-Miranda, José María
Rodríguez de Santiago, Josep Mª Castellà y Camino Vidal
Fueyo analizan el Estado social y los derechos prestacionales en plena
crisis.
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A las jornadas asistieron
numerosos alumnos. En primer plano, el Vicepresidente Primero Samuel
Caro, el Rector de la UN
Ángel J. Gómez Montoro y el profesor
Fernández-Miranda.
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El Parlamento de Navarra ha acogido hoy la celebración de la VII Jornada del
‘Aula de Derecho Parlamentario’, una sesión que,
centrada en el análisis político y jurídico de los
derechos sociales, ha contado con la participación de cuatro
destacados conocedores de este pilar del Estado democrático. A la
conferencia asistió un nutrido grupo de alumnos de la Facultad de Derecho
de la Universidad
de Navarra.
Concluido el acto de apertura, presidido por el Vicepresidente Primero del
Parlamento, Samuel Caro, y por
el Rector de la
Universidad de Navarra, el profesor Ángel J. Gómez Montoro, inauguró la
jornada el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense
don Alfonso Fernández
Miranda. A su entender, el Estado Social es un concepto
normativo que se aplica en función de las “posibilidades
existentes y de la voluntad de los políticos”. El Estado de
Bienestar, por el contrario, es “un concepto empírico dirigido
a garantizar un mínimo vital”. Es el Estado de Bienestar el
que está en crisis, porque “no se están abordando las
contradicciones existentes con criterios claros, sino con políticas
erráticas que ponen en riesgo las prestaciones sociales o, al menos,
su calidad”.
Fernández de Miranda negó la relación “causa-efecto”
entre Estado Social y Estado de Bienestar porque, fuera del plano
jurídico, hay magníficos estados de bienestar que no son
admirables estados sociales y democráticos de derecho, sino
más bien oligarquías, monarquías” o distintas
formas de gobierno totalitario.
Finalmente, el catedrático apuntó que, “pese a las
grandes aportaciones realizadas desde la izquierda, ni siquiera la base
teórica del Estado de Bienestar es progresista, de hecho los seguros
o la protección pública ante el infortunio nacen en Alemania
en el marco de un estado autoritario”, ha subrayado.
La Jornada continuó con una Mesa, en la que intervinieron el resto
de ponentes. Camino Vidal,
profesora titular de Derecho Constitucional de la Universidad de
Burgos y Letrada del Tribunal Constitucional, fue la primera
conferenciante, y disertó sobre los “derechos prestacionales
de los inmigrantes”. Apuntó que la Ley Orgánica
de Extranjería española se encuentra entre las más
“vanguardistas” de Europa en lo que a reconocimiento de
derechos sociales respecta, ya que “la única exigencia para
tener prácticamente los mismos derechos prestacionales que un
español, incluidos los irregulares, es estar empadronado”.
Esta situación de igualdad genera “problemas, más
aún en una situación económica complicada” como
la actual. Se produce un “choque entre la legítima
búsqueda de una vida mejor y la contribución impositiva al
bien común”, en algunos casos durante generaciones, ha
concretado.
A nivel europeo y en contraste con la política garantista que rige
en España, Vidal ha puesto como ejemplo a Holanda, otrora paradigma
de los derechos sociales y hoy abanderada de una legislación que
“condiciona el acceso de los extranjeros a los derechos
prestacionales a la superación de unas pruebas que valoran el nivel
de integración social, al menos en el plano formal. Este modelo se
está extendiendo al resto de Europa”, ha advertido.
En el ámbito autonómico y una vez asumido que todas las
materias relacionadas con la integración de los extranjeros
“recaen en las comunidades autónomas”, se empiezan a
notar ya diferencias jurídicas. De momento, sólo Valencia y
Catalunya han legislado al respecto y en ambos casos en
“términos similares” a Holanda o Francia. Así,
según explicó la
Letrada del Constitucional, la Comunidad Valenciana
dispone una serie de cursos para acceder al “contrato de arraigo,
imprescindible para la renovación de determinados permisos de
estancia o residencia”. En Catalunya la situación es
“parecida”, la principal diferencia estriba en que “la
única lengua vehicular es el catalán”, lo cual ha
originado la interposición de un recurso de inconstitucionalidad.
Pero en uno y otro lugar, “el extranjero debe demostrar conocimientos
de idioma, cultura y demás para poder activar esos derechos
sociales”, ha corroborado.
A continuación, Josep
María Castellá, profesor titular de Derecho
Constitucional de la
Universidad de Barcelona, vertió sus impresiones
en torno a los “Derechos sociales en el Estado
Autonómico”.
Castellá manifestó que “las comunidades
autónomas están siendo laboratorios de prestaciones de
derechos sociales. Sirven para ir probando, para ir generando nuevos
derechos adaptados a la realidad. Si el resultado es positivo, se
irán extendiendo”. Sucede porque, si bien los derechos estatutarios
están acotados por la “jerarquía normativa y los
límites competenciales”, el Estado no tiene atribuciones
exclusivas en materia de derechos sociales, de ahí que la capacidad
ejecutiva corresponda a las CC.AA”. No obstante, concluyó
Castellá, el Estado cuenta con “mecanismos correctores”
como son el “sistema de financiación o las reglas de
colaboración entre comunidades y entre éstas y el
Estado”.
José M. Rodríguez
de Santiago, catedrático de Derecho Administrativo
de la
Universidad Autónoma de Madrid, cerró la Jornada con una
exposición sobre los “derechos fundamentales en la
relación prestacional”. Ilustró el tema recurriendo a
una de las relaciones prestacionales de mayor dependencia, a saber, la que
se da en una residencia de ancianos entre la institución y los residentes.
En ese marco, el catedrático defendió la teoría del
“estado de la libertad ponderada”, que es el que, en su
opinión, mejor se adapta al escenario al que se ven abocadas las
personas mayores sanas que ingresan en una residencia. “Se les priva
de organizar su vida cotidiana, pero a cambio se les ofrece cobertura
organizada a todas sus necesidades”. Rodríguez de Santiago
explicó que “uno ingresa en una residencia para el ejercicio
de sus derechos fundamentales”, pero esa aproximación al
catálogo de derechos básicos “puede verse limitada por
el deber de cuidado”, en supuestos como el de la alimentación
forzosa y otros similares. Para acabar, Rodríguez de Santiago
vaticinó que el porcentaje de prestadores sociales, a día de
hoy cifrado en un “60%, va a ir en aumento con la crisis”.
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De izquierda a derecha, los
profesores José Mª Rodríguez de Santiago,
Asunción de la
Iglesia, Josep Mª Castella y Camino Vidal
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Texto: Parlamento de Navarra
Imágenes: Manuel Castells
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Fuente: www.unav.es/noticias
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